En la carta se lee que “La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechaza la filtración a un medio de comunicación del testimonio rendido por la señora Aida Merlano Rebolledo en investigación que adelanta la Corporación”.

La comunicación se produjo horas después de que la revista Semana publicara en exclusiva el testimonio de la excongresista condenada y fugada. Llama poderosamente la atención que la corte suprema, la máxima instancia judicial de Colombia no exija en su comunicación que la señora Merlano se entregue para cumplir la pena de 11 años que le fue impuesta, pero en cambio mande un mensaje extremadamente delicado en lo que se refiere a la libertad de prensa al decir que “… la sala insiste, como lo tiene precisado la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia SU-247 de 2019, en que la libertad de información tiene como uno de sus límites la responsabilidad social de los medios de comunicación, por virtud de la cual de estos últimos se reclama la autorregulación en orden a evitar (sic) una indebida interferencia en las actuaciones judiciales que, como la referida, tiene carácter reservado”.

La misiva está firmada por el magistrado santandereano Marco Antonio Rueda quien es, según distintas fuentes de la corte suprema, una suerte de ‘mini me’ del polémico excontratista del santismo Cesar Augusto Reyes Medina, conocido de autos por sus abusos de poder, su cercanía con el senador Iván Cepeda y por su sesgo ideológico.

Curioso que esa misma sala de instrucción nunca haya dicho una sola palabra en relación con las filtraciones selectivas que salían de la oficina de Reyes Medina hacia el ahora bloguero Daniel Coronel quien a lo largo de los años publicó apartes sacados de contexto -y una ocasión llegó al extremo de manipular el contenido de un audio- del expediente del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Es evidente que Rueda, quien ejerce su magistratura como un títere de Reyes, jamás le hará un llamado de atención a su protector y promotor. De hecho, fue Reyes el que se echó al hombro su candidatura a la presidencia de la sala de instrucción. El perseguidor fungió como “jefe de campaña” de su títere.

El mensaje de fondo debe encender todas las alarmas. No es admisible que un ente de la rama jurisdiccional pretenda censurar selectivamente a la prensa. Si los magistrados están indignados con una filtración, su deber es elevar esa queja frente a todas las que se han producido y sobre ese punto en particular deberán pronunciarse las organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

@IrreverentesCol

https://www.losirreverentes.com/, Bogotá, 08 de febrero de 2022.