La estrategia de prohibición de la aspersión aérea con glifosato de los cultivos ilícitos en Colombia flota en el firmamento latinoamericano desde hace años. En abril de 2013, el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, doblegó al gobierno colombiano al imponer el despeje sin glifosato del corredor fronterizo colombo-ecuatoriano de 10 kilómetros, franja que luego se transformaría en la zona de producción cocalera más grande del país. El coqueteo de Correa con el narcotráfico comenzó con el desmantelamiento de la base militar norteamericana de Manta en septiembre de 2009, que garantizaba la interdicción de la comercialización aérea de cocaína a través de las costas del Pacífico.

La guerrilla de las Farc redondeó la faena en julio de 2013 al infiltrar el paro cocalero en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, que se tradujo en la suspensión de la aspersión aérea con glifosato. Las Farc sabían bien lo que hacían. Alias Iván Márquez, a la sazón jefe negociador de las Farc -y ahora narcotraficante prófugo con circular roja de Interpol- presentó en diciembre de 2013 el decálogo de exigencias que sentaría las bases para remover la ilicitud del negocio cocalero y suspender, de forma inmediata, las aspersiones aéreas con glifosato. Este infame petitorio -contrario al interés nacional y la jurisprudencia internacional- se incorporó en el punto 4 del Acuerdo de Paz negociado en Cuba.

En mayo de 2014, el Consejo Nacional de Estupefacientes acató las demandas de las Farc y suspendió la aspersión aérea con glifosato de los cultivos ilícitos. Desde abril de 2017, la Corte Constitucional ha participado activamente en este sainete jurídico contra el glifosato, cuyos rígidos condicionantes constitucionales se han convertido en un castigo mitológico similar al de Sísifo, quien -como el Gobierno- debe empujar una enorme piedra cuesta arriba por una empinada ladera, pero antes de alcanzar la cima, la piedra rueda una y otra vez.

La suspensión de la aspersión área de glifosato en Colombia beneficia a los carteles mexicanos, la retaguardia de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo, promueve el crecimiento cocalero, financia el terrorismo y representa una grave amenaza para la seguridad nacional. Según la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, las siembras de coca crecieron de 80.500 hectáreas en el 2013 a 245.000 hectáreas en el 2020; la producción potencial de cocaína colombiana se cuadruplicó de 279 toneladas a 1.100 toneladas en este periodo.

El Consejo de Estado, al revocar una suspensión de la fumigación aérea contra los cultivos ilícitos en el marco de una Acción Popular de 2004, presagió acertadamente que esta decisión podría “llevar al debilitamiento del Estado al tiempo que se fortalecerían los distintos grupos que se financian con el producto del tráfico de drogas, que es, sin duda alguna, flagelo para la sociedad colombiana y para toda la humanidad”.

Miembro del Consejo Directivo del ICP.

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https://www.portafolio.co/, Bogotá, 1° de febrero de 2022.