La frase es del célebre economista y comentarista estadounidense Thomas Sowell: “Es difícil imaginar una manera más estúpida o más peligrosa de tomar decisiones que ponerlas en manos de personas que no pagan ningún precio por equivocarse”.

Inmediatamente pensé en la reciente decisión de la Corte Constitucional volviendo a limitar la capacidad del Estado de enfrentar la proliferación de los cultivos ilícitos.

Dentro de las consecuencias más lamentables del acuerdo de paz con las Farc fue la entrega de regiones enteras del territorio nacional al control de las mafias del narcotráfico y de la guerrilla. Zonas de Nariño, Cauca, Putumayo, Chocó, Norte de Santander, Caquetá, Meta, Vichada, Sucre y Antioquia quedaron sin ningún control de autoridad para no indisponer a los negociadores en La Habana.

Pasamos entonces de 48 mil hectáreas al inicio del gobierno Santos a más 245.000 hectáreas en el 2020 lo que significa unas 1.000 toneladas métricas de cocaína, equivalentes a 30 tracto camiones de los más grandes que circulan por nuestras carreteras. La erradicación manual del gobierno Duque ha logrado la significativa cifra más de 40.000 hectáreas anuales. Pero es un sistema ineficiente y que pone en peligro la vida de los erradicadores.

Mientras las Farc exigían y obtenían de Santos las concesiones territoriales, el cabildeo de los ambientalistas, comunidades indígenas y de supuestas organizaciones campesinas dominadas por la guerrilla y los carteles, empujaban el discurso sobre peligro del uso de pesticidas para erradicar. Era lo que necesitaba una Corte Constitucional impregnada de ‘buenismo’ para fallar prohibiendo la aspersión aérea de glifosato.

Volviendo a Sowell, en la Corte Constitucional deciden como si Colombia fuese Holanda o Dinamarca. Cierran los ojos frente al poder aterrador de los carteles de narcotráfico donde se mezclan poderosos capos colombianos y mexicanos con las Farc no desmovilizadas, cada día más activas y agresivas. Fácil resulta decir, desde los cómodos escritorios de la plaza de Bolívar, que lo que el Estado debe hacer es recuperar esos territorios con presencia militar e inversión social. El costo en vidas de enfrentar a estas organizaciones criminales los tiene sin cuidado. Tampoco les merece atención el control que ejercen, mediante amenazas y asesinatos, sobre las alcaldías y autoridades en estas regiones.

La falta de criterio de nuestros jueces afecta a las poblaciones sometidas al narcotráfico con violencia, muerte, estigmatización y ausencia de futuro

En el fondo, los magistrados siguen sin querer reconocer una verdad que no admite cuestionamiento: nadie va a arrancar plantas de hoja de coca o amapola para sembrar frutales u cereales. No lo harán porque la rentabilidad nunca será similar. La substitución de cultivos sin sanciones drásticas nunca será efectiva frente al poder amenazante y corruptor del narcotráfico.

La falta de criterio de nuestros jueces afecta a las poblaciones sometidas al narcotráfico con violencia, muerte, estigmatización y ausencia de futuro. Es el costo de poner decisiones “en manos de personas que no pagan ningún precio por equivocarse”.

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https://www.portafolio.co/, Bogotá, 25 de enero de 2022.