Es evidente que desde que el gobierno Santos suspendió la fumigación con glifosato en 2015, como producto de su acuerdo con las Farc, los cultivos de coca se incrementaron de manera sustancial hasta alcanzar más de 200.000 hectáreas (las cifras varían) y lo propio sucedió con la cocaína. Es evidente que, a pesar de los esfuerzos del gobierno actual por erradicar la coca de forma manual y voluntaria de las comunidades es un fracaso y no se ven cambios notorios porque lo erradicado se vuelve a sembrar y la productividad por hectárea ha mejorado. Es evidente que seguimos siendo el primer productor mundial de cocaína (lejos de los demás) y que, aunque se han capturado varios cientos de toneladas, el negocio sigue siendo magnífico, aunque la mayoría de las ganancias se las llevan las mafias. Es evidente que los carteles mexicanos se han instalado en Colombia para medrar de este negocio. Es evidente que los grupos terroristas y fuera de la ley (disidencias de las Farc, el Eln y otros), alimentan sus arcas con la cocaína, contaminan ríos y quebradas con los desechos y, además, crean enormes problemas de orden público que, a estas alturas, mantienen en peligro territorios como Arauca, Nariño, el Catatumbo y Cauca, se atacan unos a otros y asesinan soldados, policías y defensores del medio ambiente. Es evidente que eso es malo para Colombia.
También es evidente que hay desacuerdos con el efecto que puede producir la fumigación con glifosato, aunque científicamente, no hay, por aplicación del glifosato, “riesgos contra la salud humana de los hombres ni de los niños, mientras se use de acuerdo con las instrucciones escritas en sus envases. Más aún, hemos encontrado improbable que el glifosato cause cáncer en los seres humanos” (Environmental Protection Agency de los Estados Unidos). También las autoridades medioambientales y de salud pública de Europa y Japón, han dicho y repetido que el glifosato usado de la manera adecuada, no es carcinogénico ni genotóxico. Es, igualmente, evidente que el glifosato se usa abundantemente en el mundo para fumigar productos que son alimenticios, y que, manejado con la técnica adecuada que permita controlar el área (drones o aviones que fumiguen a baja altura y sin vientos fuertes), no produce problema alguno en personas o cultivos aledaños.
Pero la Corte Legislativa y Constitucional sigue creando problemas, como lo viene haciendo desde 2017 (sentencia T-236), cuando puso una serie de condiciones para fumigar que creyó que el gobierno no podía cumplir … pero cumplió. La Anla, en una decisión de más de 500 páginas, aprobó la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea y determinó las condiciones, que se ajustan a las de la Corte, que deben cumplirse. Con esa base el gobierno expidió un decreto que fue inmediatamente demandado, así como el PMA fue objeto de una tutela. Al decidir recientemente esta última, la Corte dijo que “la Anla no podía tomar una decisión acerca de la modificación del plan sin que antes se realizara consulta previa a todas las comunidades étnicas susceptibles de verse afectadas con la aspersión”. Es tanto como si las autoridades que van a cerrar una tienda por falta de higiene tuvieran que “consultar” previamente con el dueño.
No afirmo que quienes se niegan a la aspersión tengan que ver con los grupos irregulares o los narcos, pero probablemente entre jueces, políticos, oenegés y entidades que lo hacen hay algunos simpatizantes.
https://www.elnuevosiglo.com.co/, Bogotá, 24 de enero de 2022.
