La errática demanda presentada contra los consorcios en agosto de 2020 tenía el propósito de desacreditarlos para justificar que el contrato de construcción no fuera renovado a partir del 1 de enero de 2021. Pero, sabedor de que las consecuencias caerían sobre su cabeza, el gerente Rendón, no quiso jugarle el juego y firmó la prórroga.
El pobre gerente Carrillo Cardoso se encuentra hoy metido en el mismo berenjenal, tratando, al mismo tiempo, de darle gusto al alcalde, para no perder la chanfa, y, para no perder su prestigio y su tranquilidad futura, de no tirarse en el proyecto y en EPM, por el inevitable aplazamiento que provocaría la salida de los actuales contratistas de obra.
La cuadratura de círculo en la que esté empeñado el infortunado Carrillo Cardoso consiste en prorrogar el contrato, pero no tanto, y en montar la pantomima del famoso Plan B, con el que fanfarronea el alcalde Quintero Calle cada vez que tiene un micrófono o una cámara cerca.
Al consorcio se le ofreció una prórroga de tres meses, que luego se aumentaron a seis y que ahora van por ocho; para, en ese lapso, hacer la “gran licitación internacional”, el famoso Plan B, y encontrar así un contratista sustitutivo a quien el consorcio CCC Ituango, agradecido por la prórroga y con ánimo colaborador, entregaría dulcemente los campamentos, la infraestructura de transporte, los equipos, las instalaciones industriales y todo lo necesario para continuar sin mayor tropiezo con la obra.
El primer deber de un directivo es decirle la verdad a su superior. Ya va siendo hora de que Carrillo le diga al alcalde, así este grite, chille y patalee, lo que a él le deben haber dicho sus propios subalternos, a saber: i) que lo más probable es que esa licitación fracase porque hay que estar muy loco para meterse en eso a estas alturas y ii) que si aparece ese loco cobrará el oro y el moro y no terminará el proyecto en el plazo requerido para cumplir las obligaciones de energía firme.
Seguramente ya también al gerente Carrillo sus subalternos le habrán advertido sobre las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de energía firme. Por las dudas, me permito recordarle cómo son las cosas con la tal ENFICC:
· Las plantas de generación que ganaron la subasta de Energía Firme para el Cargo de Confiabilidad (ENFICC) deben entrar a operar el año que les fue asignada esa ENFICC.
· Hidroituango tiene una asignación de 3483,4 GWh/año, para lo cual, según las resoluciones de la CREG 71 de 2006 y 61 de 2007, las 4 primeras unidades deberían estar operando el 1 de diciembre de 2021.
· La regulación otorga un año de holgura siempre que las auditorias realizadas por la CREG verifiquen que la entrada en operación puede darse en ese año adicional y que la empresa cubra la ENFICC insatisfecha con otras de sus plantas o contratos con terceros. Este es el caso actual de EPM: Ituango está dentro del periodo de holgura y debe entrar a operar el 1 de diciembre de 2022.
· La resolución GREG 194 de 2020 le otorgó a EPM un alivio al admitir que bastaba con que dos unidades estuvieran operando el 1 de diciembre de 2022 ya que con ellas se garantizan los 3482,4 GWh/año de ENFICC.
· De acuerdo con la misma resolución, las dos unidades adicionales deben entrar dentro del año siguiente, es decir, antes del 1 de diciembre de 2023 so pena de perder la remuneración por la ENFICC asignada.
· Por la pérdida de la ENFICC, la energía dejada de vender, las multas y garantías ejecutadas, EPM perdería unos US$ 1.300 millones, es decir, más de 5 billones de pesos.
Gerente Carrillo, déjese de vainas, no le pare más bolas a las chifladuras de Quintero Calle, firme esa prórroga a un año, renuncie en enero y váyase tranquilo para su casa. Alguna otra cosa encontrará para hacer.
* Economista
http://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/, Medellín, 24 de noviembre de 2021.
