El miércoles pasado tuvo lugar en la Casa de Nariño una reunión de urgencia para discutir el futuro de Hidroituango. El perfil de los invitados da una idea clara de la gravedad de la situación: estuvieron, entre otros, el Ministro de Minas, el Contralor General, la Procuradora y el Alcalde de Medellín. A pesar de la jerarquía de los asistentes, las soluciones siguen en veremos.

¿Por qué tanto apremio? Porque lo que está en juego es la entrada en operación el año entrante de dos de las ocho turbinas del proyecto, que una vez puesto en marcha en su totalidad debería generar alrededor del 17 por ciento de la energía eléctrica del país. Un retraso en el cronograma podría significar, en el mejor de los casos, un aumento sustancial en los precios de la energía, afectando de manera sensible la recuperación económica del país, y en el peor, un nefasto racionamiento eléctrico.

La clave de las discusiones actuales radica en que en las próximas semanas se deben tomar dos decisiones que pueden significar el temido retraso del proyecto. La primera es la insistencia del alcalde de Medellín en reemplazar al consorcio constructor al final de este año. Esta decisión implicaría, por supuesto, complejos procesos de empalme y conllevaría un inminente retraso en el proyecto, como lo confirma una auditoría independiente de la firma Deloitte que se conoció en estos días. El Alcalde argumenta que las firmas que conforman el consorcio actual son responsables de buena parte de los problemas del proyecto por haber decidido presuntamente cambiar materiales para bajar costos.

La segunda posición que se debe conocer pronto es la de la Contraloría, que debe decidir en segunda instancia sobre un fallo fiscal que ella misma profirió hace unas semanas, según el cual más de dos docenas de personas jurídicas y naturales deben responder por un detrimento fiscal de más de 4 billones de pesos generando por los problemas del proyecto. En caso de confirmar su decisión, la Contraloría prácticamente pondría una lápida económica sobre el consorcio constructor, forzando la búsqueda de nuevos contratistas y generando un retraso en el proyecto.

¿Hay alguna salida distinta a esta encrucijada? Algunos expertos opinan que puede haber luz al final del túnel si la aseguradora Mapfre sigue pagando los sobrecostos del proyecto, como ya lo ha empezado a hacer. Si así fuera, no habría detrimento fiscal y no tendría sentido seguir adelante con el proceso de la Contraloría. Esto aliviaría las cargas para el consorcio constructor y permitiría que el Alcalde reconsiderara su decisión de cambiar de contratistas en la recta final del proyecto, lo que evitaría retrasos adicionales y disiparía la posibilidad de un apagón.

¿Será posible tanta belleza? A juzgar por la insistencia de cada cual en sus propias posiciones, tras la reunión de esta semana, la respuesta parecería ser no.

Investigador asociado de Fedesarrollo.

https://www.portafolio.co/, Bogotá, 15 de octubre de 2021.