El robo del plebiscito hace 5 años por parte de Juan Manuel Santos y sus conmilitones hirió gravemente a la democracia, defraudó a más de 6 millones de ciudadanos que creyeron que su voto valía y que el gobierno de entonces cumpliría su palabra en el sentido de que el veredicto final frente al nefando acuerdo de La Habana.

Los ciudadanos leyeron el documento, analizaron los puntos del mismo y tomaron su decisión. Santos, su jefe negociador De La Calle y los terroristas amenazaron a los electores de todas las formas posibles. Llegaron al extremo inaudito de calificar a los votantes del NO como amigos de la guerra.

El corrupto Armando Benedetti -que entonces era santista- planteó pasar al paredón de fusilamiento a los que se oponían al acuerdo y todos los medios de comunicación tradicionales recibieron ríos de dineros públicos para sumarse al sí.

El resultado tomó todos por sorpresa. Las difíciles circunstancias daban por descontado que Santos ganaría el plebiscito. Pero la sociedad no se dejó manipular. Más del 50% de los electores votaron en contra del acuerdo.

Conforme con las reglas de juego y con las condiciones planteadas por la corte constitucional, se obligaba a hacer un documento totalmente nuevo y someterlo una vez más a plebiscito. Santos, tramposo y maniobrero, incorporó modificaciones semánticas y cosméticas. Dejó intacto todos los elementos neurálgicos que el pueblo había rechazado, corrió al congreso -cuyas mayorías tenía compradas- y logró que, a través de una inane proposición, aquel fuera aprobado.

Amparado por el Nobel que le otorgó Noruega, creyó que tenía licencia mundial para darle un raponazo a la democracia. Lo hizo a un costo muy alto: la fragmentación de la sociedad colombiana.

Todo lo que se advirtió durante la argumentada y sensata campaña del plebiscito se ha venido cumpliendo. Las Farc no escarmentaron. La mayor parte de sus hombres continúan cometiendo crímenes. El jefe negociador de la guerrilla, alias Iván Márquez es, hoy por hoy, uno de los terroristas y narcotraficantes más peligrosos del planeta. La JEP se consolidó como un antro de impunidad, en el que sus magistrados fungen como cómplices de los autores de crímenes de lesa humanidad. Ha pasado un quinquenio y no existe una sola sanción contra los cabecillas de esa estructura terrorista.

Se aseguró que responsables de crímenes de lesa humanidad no llegarían al Congreso. Hoy, 10 de ellos ocupan asientos en el Senado y la Cámara de Representantes.

Colombia no dio un paso hacia la paz ni hacia la reconciliación. Hoy, el país está más crispado que nunca debido a los problemas causados por el atraco a la voluntad expresada por el pueblo el 2 de octubre de 2016.

@IrreverentesCol

https://www.losirreverentes.com/, Bogotá, 03 de octubre de 2021.