Ahora que se inicia la campaña política en Colombia, resulta oportuno preguntarse: ¿quién debería conducir los destinos nacionales? Interrogante complejo, que en el fondo tiene una respuesta sencilla.
El país necesita un Estadista con mayúscula, es decir, una persona con gran saber y probada experiencia en los asuntos del Estado, como lo define, con sapiencia, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
El presidente de Colombia tiene un sombrero de cuatro picos forjado por los artículos 115 y 189 de la Carta Magna: jefe de Estado y de Gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El primer mandatario no puede ser entonces un simple administrador o un aprendiz de la cosa pública. Debe ser un demócrata, llegar ilustrado, tener carácter y estar curtido en las artes de la política y el liderazgo para posarse en el centro del poder presidencial. Y no un demagogo de izquierda de la alianza verde o un populista totalitario del pacto histórico con el Foro de Sao Paulo para que nos arrastren al abismo socialista del siglo pasado.
En 1927, Ortega y Gasset escribía que un Estadista debe tener una visión política certera, elemento que “distingue al político del simple gobernante”. Por su intuición, por su habilidad en la interpretación y amalgama de intereses contrarios, perspectiva visionaria y estrategia política para hacer del Estado y su gobierno un instrumento al servicio de la Nación y de los intereses nacionales.
La esencia de un Estadista -como el que precisa Colombia- debe tener la libertad como fundamento central y objetivo político preferente. La libertad no es la ausencia de límites. La libertad presupone el respeto de los derechos de los demás. Como decía Montesquieu, “la libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten”. En un Estado de Derecho como el nuestro, es decir, en una sociedad donde hay leyes, la libertad consiste en poder hacer lo que se puede hacer en un marco equilibrado de deberes y derechos ciudadanos, de respeto por la separación de poderes públicos, en lugar de la anarquía disolvente que promueven los progresistas sin esperanza que aspiran a la primera magistratura.
Aristóteles consideraba que el primer deber de un hombre de Estado es conocer la Constitución, respetarla y aplicarla. Ningún académico o político que aspire a la Presidencia de la República de nuestro país puede ser ateo, pues debe poder jurar ante Dios y el pueblo que va a cumplir la Constitución y las leyes (art. 192). El Estadista que pretenda gobernar a Colombia debe garantizar la seguridad ciudadana (art. 2), la libre circulación de sus connacionales (art. 24), la propiedad privada (art. 58), la libertad económica y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común (art. 333) y la independencia del Emisor (art. 371).
*Miembro del Consejo Directivo del ICP.
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https://www.portafolio.co/, Bogotá, 14 de septiembre de 2021.