Dijo el fiscal Francisco Barbosa que “a muchos alcaldes de ciudades capitales les está quedando grande” la inseguridad en Colombia. Razón no le falta. La pelea estéril que algunos de esos mandatarios sostuvieron con la Policía en los meses recientes y el titubeo a la hora de tomar acciones decididas orientadas a golpear a la delincuencia han hecho que la seguridad se deteriore ostensiblemente en ciudades como Cali o Bogotá. Hoy hay más violencia en los hurtos, al punto de que primero matan y después roban y en sitios en los que no se habían cometido delitos, ahora, a plena luz del día, es fácil prever que se consuman acciones criminales sin ninguna reacción efectiva de la autoridad.

Pero en toda esta trágica historia hay actores que han pasado de agache. Los jueces, que tienen una responsabilidad enorme en el procesamiento penal de los delincuentes, todavía le siguen debiendo mucho al país. Será por eso, entre otras razones, que en la última encuesta de Invamer aparecen con una favorabilidad de escasos 10 puntos, mientras el 86 por ciento de los consultados dicen tener una imagen desfavorable del sistema judicial colombiano, solo equivalente a la de los siempre desprestigiados políticos que hacen parte del Congreso de la República.

Un dato: en la reciente cumbre por la seguridad de Bogotá, que fue convocada por el alto gobierno y la policía, con la presencia de la alcaldesa y su equipo, los grandes ausentes fueron precisamente los miembros de la Judicatura. Uno no ve a los presidentes de las cortes o a los mismos sindicatos de jueces planteando alternativas para la judicialización efectiva de quienes cometen delitos de impacto ciudadano. Es más, el problema de la reincidencia no ha sido abordado con seriedad y el que la hace no la paga, o la paga muy poquito, y así nos va.

Según Hernando Herrera, de la Corporación Excelencia en la Justicia, “en tan solo el delito de hurto se registra que, de los más de 240.000 delincuentes arrestados en el último año, 90.000 ya habían sido apresados entre dos y nueve veces, y cerca de un centenar lo había sido entre 40 y 70 veces”. Duraron poco tiempo detenidos seguramente, y en la mayoría de las causas, los juicios todavía están pendientes y las sanciones de fondo nunca fueron aplicadas. La impunidad galopa en nuestro país, y mientras no existan castigos ejemplarizantes ni jueces dispuestos a enviarle esas señales a la sociedad, los policías podrán capturar y capturar bandidos y aquí nada cambiará.

Pensar que después del horror que significó ver arder un palacio de justicia como el de Tuluá durante las protestas de abril y mayo, 6 de los 9 capturados con alta responsabilidad en estos hechos hoy se encuentran en libertad produce desesperanza. El garantismo procesal se convirtió peligrosamente en complicidad de los jueces con los victimarios, y los errores de forma tienen hoy más relevancia que la evidencia de bulto que, de fondo, confirma la participación de personajes oscuros en la comisión de crímenes que cobran vidas en cada esquina de nuestras ciudades.

Hay que hacer un alto en el camino para producir una reflexión profunda sobre este tema. Así como ha habido jueces y fiscales que han dado su vida en la lucha contra la delincuencia organizada, otros se están haciendo los de la vista gorda y, con el pretexto de que no hay cárceles a dónde enviar a los criminales, los dejan libres para que sigan lesionando a la sociedad, y como lo fácil es echarle la culpa a la Policía, se desentienden de una responsabilidad que es más grande aún que la de simplemente coger a un ladrón o a un asesino: hacer justicia frente a cada uno de ellos. Por eso me pregunto: ¿y los jueces qué?

@JoseMAcevedo

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 06 de septiembre de 2021.