El sector minero genera alrededor de 1.350.000 empleos entre directos e indirectos, cifra muy importante sobre todo en un momento en el que las cifras de desempleo se han visto altamente afectadas por la pandemia. Adicionalmente, le representa al Estado cerca de $5 billones anuales entre impuestos y regalías, ha representado cerca de 20% de la inversión extranjera directa de los últimos 20 años, así como también, representa cerca de 2% del PIB nacional.
En el ejercicio de la actividad se distinguen la gran, mediana y pequeña minería, los costos de desarrollar esta actividad cumpliendo con todos los requisitos legales, las medidas de seguridad y las obligaciones ambientales, son altos. En caso de efectuarse un análisis costo beneficio, se concluiría que la pequeña minería no es viable debido a los altos costos de las inversiones, a la imposibilidad de mitigar los impactos ambientales, así como a los altos riesgos de seguridad a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores. No es una actividad rentable
Entendiendo esta realidad y la importancia que este sector representa para las regiones y en especial para la gran cantidad de pequeños mineros, Colombia necesita replantear la forma de desarrollar tal actividad. El país no puede continuar otorgando títulos mineros para la pequeña minería, pero si debe proteger a los pequeños mineros que hoy existen. Por lo anterior, debería considerarse la modificación del Código de Minas en dos sentidos. En primer lugar, los títulos de pequeña minería hoy existentes no deberían tener una vigencia de 30 años, deberían ser explotados hasta que los recursos se terminen con el fin de no afectar los empleos hoy existentes y, en segundo lugar, no otorgarse nuevos títulos mineros a pequeños mineros pues los estarán condenando a la pobreza.
Por el contrario, el país debe concentrarse en desarrollar los grandes proyectos mineros para obtener los recursos que permitan financiar la transformación energética. La gran minería cuenta con los recursos necesarios para mitigar los efectos de la actividad, desarrollar los altos estándares de calidad, garantizar la seguridad de sus trabajadores, para competir en el mercado internacional y de generar valor agregado en la transformación de éstos. Resultaría un absoluto despropósito no aprovechar la riqueza del subsuelo y explotar los recursos mineros y petroleros dejándolos enterrados como lo propone de forma equivocada (mentirosa y desinformada) Gustavo Petro.
Si el país se concentra en desarrollar los grandes proyectos mineros podría asegurar una inversión
superior a los 40 billones de pesos en los próximos años, disminuir las afectaciones (pasivos)
ambientales en el territorio nacional y contribuir al desarrollo social y económico de los territorios. El nuevo esquema de regalías busca incentivar la actividad y que la misma financie el paso y diversificación de nuestro aparato productivo, la realización de obras de alto impacto, así como el desarrollo sostenible de las entidades productoras. Acabar con este sector implica pobreza,
desempleo y menor desarrollo, por ejemplo, los municipios ubicados en las áreas de influencia de
los grandes proyectos tienen menores índices de necesidades básicas insatisfechas frente a sus
semejantes. Pretender sustituir esos recursos de la noche a la mañana sólo es una gran falacia.
*Ex viceministro de Hacienda
https://www.larepublica.co/, Bogotá, 03 de septiembre de 2021
