Juan Alberto Londoño*

La semana pasada el diario Portafolio publicó un artículo en el cual hacía mención a las inconsistencias que presenta el decreto 2295 de 2023 que liquida el Presupuesto General de la Nación para 2024, el cual se constituye en la base para ejecutarlo durante este año, sin embargo, debe generar una gran preocupación, pues está poniendo en riesgo a toda nuestra sociedad.

Juan Alberto Londoño*

El Gobierno Nacional y el Congreso de la República manifiestan que con la aprobación de la reforma tributaria se obtendrán recursos adicionales por $22 billones, de los cuales cerca de $11, la mitad del recaudo esperado, provendrá del sector extractivo. Eso es falso.

Juan Alberto Londoño*

La principal función que la Carta Política le impone a la Corte Constitucional es la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, esto quiere decir que sus pronunciamientos deben estar encaminados a la protección de un marco jurídico que garantice un orden político, económico y social justo, así como a la prevalencia del interés general. Sin embargo, los efectos económicos de sus decisiones están atentando contra la sostenibilidad fiscal y resultan en un atentado contra la sociedad. No pueden seguir profiriendo fallos de manera descoordinada, observando únicamente el caso concreto sin conocer la integralidad del ordenamiento, así como sus consecuencias frente a la estabilidad económica del país. No se puede observar el árbol sin mirar todo el bosque.

Juan Alberto Londoño*

Quien haya visto la última temporada de La Casa de Papel podrá entender que las sociedades y en especial las economías, se soportan en percepciones y la más importante de todas estas es la confianza. En el momento en el que los mercados pierden la confianza en la administración de las finanzas públicas y en la responsabilidad fiscal, se produce un pánico que termina por elevar exponencialmente las tasas de interés, amenaza con cerrar el acceso al crédito, así como por el retiro de capitales por parte de los inversionistas, con la consecuente quiebra de las empresas y afectaciones a la economía.

Juan Alberto Londoño*

La inflación es quizá el mayor flagelo económico para las personas de escasos recursos, perder capacidad adquisitiva porque el costo de la vida aumenta por encima de sus ingresos, se constituye en la mayor causa de ampliación de brechas y profundización de desigualdad. En lo corrido del año hemos visto que la inflación que se ha presentado es la más alta de los últimos años en varios países. Por ejemplo, en EE.UU. se ubica en 6,2%, la más alta observada en los últimos 30 años; de igual manera ocurre en México que con una inflación de 7,37% ha sido la más alta en dos décadas.

Juan Alberto Londoño*

Partamos de la realidad jurídica, el Artículo 360 de nuestra Constitución consagra que: “La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía”, esto implica que las actividades mineras y de hidrocarburos tienen autorización y protección constitucional, desconocer esta verdad, es atentar contra nuestro Estado Social de Derecho, ningún presidente de forma soberana puede prohibir estas actividades, a menos de que se dé una reforma a la carta política que no puede hacer unilateralmente.

Juan Alberto Londoño*

Estamos acabando con el Estado de Derecho, el afán por crucificar a los funcionarios y revivir el circo romano donde la sangre rueda, está acabando con la sociedad. El ánimo por llegar al poder a toda costa, desprestigiando y acabando con los miembros de un gobierno con el que no se comulga, está socavando las bases de la convivencia pacífica y la búsqueda del bien común.

Juan Alberto Londoño*

La transición energética es un hecho, el mundo ya tomó la decisión. La protección del medio ambiente y la conservación de las áreas protegidas es una obligación de todos. Colombia desde hace varios años adoptó como política la protección de los parques naturales, páramos y humedales Ramsar, por ejemplo, desde el año 2010 se prohibió realizar actividades extractivas en estas dos últimas. Adicionalmente, basados en el principio de precaución se declararon en todo el país las áreas protegidas temporales donde se excluyen las actividades mineras hasta tanto no se terminen los estudios necesarios para comprobar la vulnerabilidad ambiental de las mismas.