Quisiera entonces responderle de la siguiente manera: las decisiones de las mayorías legislativas determinan, en democracia, la viabilidad y aprobación de los proyectos que se presenten a su consideración. Si una reforma es presentada ante al congreso de la República y allí es aprobada o negada, significa que se surtieron los trámites democráticos constitucionales y los resultados de las votaciones deben ser respetados y acatados. Él como ex legislador debe saberlo, porque han sido muchas las leyes que se han aprobado mediante las mayorías del gobierno y todos los colombianos hemos tenido que resignarnos a su resultado. ¿Entonces cuando la ley aprobada es de su gusto, el congreso se manifestó en democracia, y decidió sabiamente; pero cuando la ley lesiona sus intereses personales fue aprobada mediante la complicidad de los congresistas y merece ser repudiada?
La democracia representativa es aquella en la cual el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él sino por sus representantes elegidos por medio del voto. ¿Y entonces, si los votos en el congreso no satisfacen al gobierno o a sus camaradas, hay que declarar su ruptura? De ser así, no tendría sentido el poder legislativo y terminaríamos en lo que Petro quiere: una dictadura donde sus deseos sean ley.
Dice Bolívar que el pueblo tiene que hacerse sentir: ¿y acaso el 9 de abril no convocaron una marcha para ello y sus resultados fueron históricamente catastróficos? El pueblo tuvo la oportunidad de manifestarse en respaldo a este fatídico gobierno, pero la realidad fue aplastante y demasiado significativa: las calles no son de su propiedad y una manifestación no violenta demuestra que los colombianos (incluidos quienes votaron por él) están hastiados de este gobierno.
Pero si lo que quiere es que el pueblo se haga sentir y autoconvocarse en cada rincón del país y ejercer su soberanía, que se prepare para reconocer los resultados de la marcha del próximo 21 de abril; la manifestación masiva en esa marcha debería ser la punta de lanza para que el gobierno reconozca el rechazo popular y el repudio que causa en el pueblo colombiano. De la marcha podrían entonces desprenderse las asambleas populares y declararse ese poder constituyente que pide Bolívar, y poner a su consideración la crisis de legitimidad de las tres ramas del poder público, empezando por el ejecutivo que tiene apestosas máculas desde su elección, por vínculos con narcotraficantes, terroristas y delincuentes de toda laya.
Bolívar debe saber que la democracia aún funciona en Colombia, así las mayorías los repudien. El problema es que se sienten con patente de corso para actuar por fuera de la ley, amparando a los delincuentes que los llevaron al poder y cubriendo con impunidad a los autores de los delitos mas atroces; y sus minorías solo recurren a la violencia de unas masas delincuenciales pagadas con nuestros impuestos.
En últimas, entonces, deberíamos recoger la propuesta de Bolívar para que, como colofón de las marchas del 21 de abril, se instalen asambleas populares en todos los rincones del país y se declaren en poder constituyente. Le daríamos gusto a Bolívar y quedaríamos conformados en una oposición organizada, sólida y trascendente. Es decir, utilizaríamos las tácticas del gobierno para salvar a Colombia.
