En medio de este escenario, el presidente Petro ha levantado un importante reclamo basado en la tesis de la ruptura institucional, señalando que son precisamente las acciones y decisiones tomadas por las autoridades y los órganos de control las que ponen en peligro la estabilidad y el funcionamiento adecuado de las instituciones colombianas.

Es importante entender que el reclamo del presidente Petro no es simplemente una estrategia política más, sino una llamada de atención a los ciudadanos y a las diversas fuerzas políticas del país sobre los riesgos reales que enfrentamos.

La tesis de la ruptura institucional argumenta que ciertas acciones del gobierno y de otros actores políticos están debilitando las instituciones democráticas y erosionando el Estado de derecho que tanto esfuerzo costó construir en la Constitución Política que nos rige.

Uno de los aspectos más preocupantes es la creciente polarización política, que se ha exacerbado aún más durante el mandato del presidente Petro. Si bien es natural y saludable que existan diferencias ideológicas y políticas en una democracia, la polarización extrema puede conducir a la parálisis del gobierno y a la desconfianza en las instituciones, lo que a su vez puede abrir la puerta a la violencia y al autoritarismo.

El presidente Petro ha denunciado en repetidas ocasiones la existencia de una supuesta persecución política en su contra, así como de intentos de sabotear su agenda gubernamental por parte de sectores de la oposición y de ciertos órganos de control. Estas acusaciones han generado un clima de tensión y desconfianza que le crean dificultades aún más el funcionamiento efectivo del gobierno y de las instituciones.

Otro punto de conflicto importante es la relación del gobierno con la judicatura y los órganos de control. El presidente Petro ha cuestionado abiertamente la independencia y la imparcialidad de ciertos jueces y fiscales, alegando que están actuando bajo influencias políticas y buscando desacreditar su administración. Esta situación plantea serias dudas sobre la integridad del sistema judicial y su capacidad para garantizar el Estado de derecho en el país.

Además, el presidente Petro ha enfrentado críticas por su estilo de liderazgo y su manejo de la economía. Si bien su gobierno ha implementado algunas políticas progresistas y de redistribución de la riqueza, también ha sido objeto de preocupación por su gestión económica y su manejo de los recursos públicos. La falta de claridad en ciertas políticas económicas y la percepción de corrupción en su administración han contribuido a aumentar la incertidumbre y la desconfianza en el país.

En este contexto, es comprensible que el presidente Petro y sus partidarios estén preocupados por el futuro de la democracia en Colombia. Sin embargo, es importante reconocer que la responsabilidad de preservar las instituciones democráticas no recae únicamente en el gobierno, sino en todas las fuerzas políticas y en la sociedad en su conjunto.

Es crucial que todas las partes involucradas en el debate político colombiano reconozcan la importancia de mantener un diálogo constructivo y respetuoso. La historia nos ha enseñado que la violencia y la confrontación solo conducen a más sufrimiento y atraso. Es hora de que nuestros líderes pongan los intereses del país por encima de los intereses partidistas o personales.

En última instancia, el futuro de la democracia en Colombia depende de nuestra capacidad para superar nuestras diferencias y trabajar juntos por el bien común. No podemos permitirnos caer en la trampa de la guerra civil o la parálisis debido a la polarización política. Es hora de que todos nos unamos en un esfuerzo concertado para fortalecer nuestras instituciones democráticas y garantizar un futuro de paz, justicia y prosperidad para todos los colombianos.

Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí..."

@LColmenaresR