¡Fuera Marín! ¡Fuera Marín! ¡Fuera Marín! Sería el coro melodioso de los ciudadanos que, maltratados y heridos, hemos soportado los atropellos de un alcalde inescrupuloso que solo tiene para mostrar, después de cuatro eternos años, su cinismo, vanidad, egocentrismo y tal vez millonarios recursos con los que alardea en privado pero trasciende a lo público.
¡Cinismo, vanidad, egocentrismo…! ¿O no es eso lo que evidenciamos en un mandatario que sumió a Manizales en el nivel más bajo de vergüenza y que demostró una total ineficiencia, improvisación, corrupción e indelicadeza, y al final de su mandato pretende trascender inundando la ciudad con placas conmemorativas con su nombre en letras de molde? ¿Será prudente que en las pocas obras públicas que se construyeron con nuestros dineros y que sufrieron sobrecostos, sobrevaloración o detrimento se instalen lápidas de exaltación al peor alcalde que ha tenido Manizales?
Pero, independiente de que este sea uno de los últimos impulsos pueriles de Carlos Mario Marín, el gran significado que tienen estos actos es que son palmariamente ilegales y, en consecuencia, pueden constituirse en sus últimos delitos cometidos. Ningún ordenador del gasto, por omnipotente que se sienta, puede disponer recursos públicos para gastarlos en objetos prohibidos por la ley. Y, quien lo haga, deberá asumir las consecuencias.
El decreto 2759 de 1997 dice: “Igualmente prohíbese la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del congreso.”.
Hay entonces dos situaciones para analizar: si el alcalde está invirtiendo dineros públicos en la elaboración e instalación de lápidas conmemorativas con su nombre, está no solo violando la ley que expresamente lo prohíbe, sino destinando esos recursos públicos para algo que él sabe es ilegal, lo cual constituye un delito. Y si las placas han surgido de la espontaneidad del pueblo, que es su más reciente versión, habrá que entablar las acciones legales pertinentes para que esas lápidas sean levantadas de sus sitios y retiradas del público, pues la vanidad de un individuo no puede prevalecer sobre las leyes colombianas.
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Como ya es conocido por la ciudadanía, la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos al alcalde Carlos Mario Marín el próximo 29 de noviembre, por el presunto delito de prevaricato. Esta imputación se desprende de la denuncia instaurada en febrero de 2022, por la designación irregular del contralor provisional, y de la inhabilidad que a éste le acompaña, además de otras circunstancias de suma gravedad como la adulteración de formatos para evadir responsabilidades, lo cual se prueba en la denuncia.
Esperamos que, ¡por fin!, el alcalde ponga la cara ante el Juez de Garantías y responda por alguno de tantos actos delictuosos cometidos en su administración. Y hay que aclararle a Carlos Mario que la Fiscalía General de la Nación es el ente acusador encargado de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma han cometido algún delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro. Por lo tanto, vuelve a faltar a la verdad en su comunicado, cuando dice que la situación “nada tiene que ver con el mal manejo de los recursos públicos, ni con hechos delictivos o de corrupción.”. El prevaricato es un hecho delictivo de suma gravedad y está debidamente tipificado como tal en el Código Penal colombiano.
¡No más mentiras, alcalde! El colofón de su gobierno no será con la invasión de lápidas autoerigidas en su honor. Hacer alarde de una gestión que nunca supo ejercer, no va a cambiar la realidad. Porque, como vemos, se está aumentando su prontuario, lo que ocasiona que su despido sea más bien un deshonor lapidario.
