La procuraduría se manifiesta sobre la extralimitación de la administración en las facultades otorgadas por el concejo; el desbalance en perjuicio del municipio en el nuevo contrato; vulneración de pluralidad de oferentes dentro del proceso; direccionamiento del contrato; implementación de fotomultas; inconsistencias en las exigencias de software; y el incumplimiento del cronograma. Y esta voz oficial, primero, es ocultada por la mesa directiva del concejo, viéndose obligada a abordarlo por exposición del concejal Héctor Fabio Delgado; y cuando de allí se deriva la obligación de tratar el tema de fondo, la misma mesa directiva empieza con amenazas directas a los concejales, tratando de amedrentarlos para evitar el control político a un proceso perverso, cuestionado y lleno de elementos de corrupción y pestilencia.
Es la inversión de los valores y una de las causas del desastre que padecemos en Manizales: el principal órgano de control político de la administración, como debería ser el concejo, arrodillado a los caprichos de un alcalde que no solo es inepto, sino corrupto, maquiavélico y perverso. Y, aunque no son todos los concejales, sí es una amplia mayoría, empezando por el presidente, Simón Ramírez (que más parece el estafeta del alcalde), que mientras se escuda en la imposibilidad de coadministrar para evitarle a Carlos Mario un debate sobre el tema de tránsito, está siempre dispuesto a despejarle el camino para darle aparentes visos de legalidad a sus desafueros.
De todas maneras, la insistencia de la administración en mantener el proceso licitatorio y otorgar el contrato, aún con la evidencia del direccionamiento, ilegalidad y extralimitación alertados tempranamente por la Procuraduría, deja una inquietud demasiado profunda: ¿a qué le apuntan la administración y sus lacayos concejales, cuando se arriesgan a investigaciones y sanciones disciplinarias y penales por negarse a aplazar una licitación hasta que se aclaren totalmente las irregularidades planteadas por el Ministerio Público? ¿Tan grandes son los compromisos, que les impide pensar con una sana lógica jurídica, económica y procedimental?
Y para infortunio de los manizaleños este no es un caso aislado. A pesar de que muchos concejales reconocen en esta administración una debacle, siguen haciéndole el juego al alcalde y acolitándole todos sus absurdos. ¿Habrá alguna explicación para estos exabruptos? ¿Podrán explicar esos ediles cómo aprueban irresponsablemente los caprichos de la administración y, paralelamente, albergan la intención de ser reelegidos en octubre próximo? ¿Qué habrá debajo de la mesa para que se arriesguen de esta manera? ¿Pensarán estos individuos que saldrán indemnes de este desastre y que sus posiciones no serán consideradas por el pueblo en las urnas, o por la justicia en los tribunales? ¿Merecen ser reelegidos los concejales que aprueban subrepticiamente las fotomultas en Manizales?
Esperamos que en este caso la Procuraduría no se deje irrespetar y que, como seguramente el contrato será adjudicado a la empresa para la que fue direccionado, emprenda las acciones administrativas y disciplinarias en contra no solo de los funcionarios que interactuaron, implementaron y determinaron las irregularidades en el proceso licitatorio, sino que se extienda hasta los concejales que, con sus venias, zalemas y voto acompañan las aberraciones de esta administración. Porque así sea al final de este desastroso cuatrienio, sería una esperanzadora noticia que los órganos de control y de justicia reaccionaran con contundencia para detener este alud de desastres que nos asuela.
