Las amenazas en contra del medio ambiente, la cultura ancestral, el tejido social, los Planes de Ordenamiento Territorial y el buen manejo de los recursos naturales, están presentes en todas las actividades económicas cuando éstas se practican sin las debidas planeación y vigilancia, no sólo en la construcción de hidroeléctricas y grandes obras de infraestructura o de grandes minas.
La actividad minera puede ser tan depredadora y contaminante como las industrias químicas, madereras y agropecuarias; los métodos mineros artesanales son igual de perjudiciales y limitados en su productividad a las prácticas ancestrales utilizadas en otros campos de la producción, y la minería informal es similar por su desorden y efectos sociales y tributarios al comercio informal o al urbanismo irregular, por ejemplo.
La minería ilegal es tan conflictiva y peligrosa como la actividad financiera ilegal o las compraventas ilegales o la industria pesquera ilegal o la tala ilegal de bosques, o cualquiera otra actividad económica ilegal, pero no tanto como el desmesurado aumento del cultivo de la hoja de coca y el ilegal procesamiento y distribución de cocaína.
Los objetivos y las formas de actuación de las compañías mineras multinacionales podrían ser tan contrarios a las políticas nacionalistas y tan condenables en sus prácticas globales, como los de cualquiera otra empresa multinacional en el campo de la petroquímica, la agroindustria, la farmacéutica, la informática y las comunicaciones, por ejemplo, pero no tanto como las organizaciones multinacionales del narcotráfico.
No obstante lo anterior, honorables congresistas, defensores del medio ambiente, líderes influyentes de opinión y comunidades bajo su orientación han desatado en contra de la actividad minera legal una agresiva campaña de desprestigio y graves denuncias públicas, sin tener en cuenta los derechos adquiridos, la viabilidad técnica y el beneficio económico y social de los proyectos mineros en marcha y en proceso de aprobación, obviando los descargos y explicaciones de las empresas que la ejercen. Este fenómeno se ha visto intensificado en el actual Gobierno que mediante declaraciones y resoluciones, ha emprendido una persecución brutal contra la industria minera y la utilización de sus productos.
Tomando como base la argumentación expuesta, me permito proponer que la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano, AIMC, y a la Asociación de Egresados de la Facultad de Minas, Ademinas, hagan un frente común para liderar una campaña en favor de la imagen del sector minero colombiano con el propósito de contrarrestar la discriminación y satanización de la actividad minera en aspectos ambientales, sociales y económicos, lo que está desincentivando la inversión extranjera, disminuyendo los ingresos del Estado, generando desabastecimiento de recursos naturales, eliminando posibilidades de empleo y bienestar a la actuales y próximas generaciones e igualmente, dejar sentado ante la opinión pública que la minería es una actividad esencial para Colombia y que en todos los sectores de la economía nacional, existen actores legales e ilegales, y que la lucha de todo gobierno debe ser contra la ilegalidad allí donde se encuentre, no sólo en el sector minero.
Medellín, 24 de marzo de 2023
