Rafael Nieto Loaiza

La Comisión de la verdad tienen pecados de origen, conformación y fines, y resultados de ellos, unos de comportamiento. El resultado fue un informe sectario, con evidente sesgo de izquierda, y con recomendaciones, algunas de las cuales nada tienen que ver con la “verdad" del conflicto, que proponen políticas públicas que son similares a las del ahora presidente electo. No es coincidencia.

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Si hubo fraude, como algunos dicen sobre la base de que la casi totalidad de los votos nuevos fueron Petro, lo que es estadísticamente improbable, no lo sabremos. Nadie va a investigarlo y el candidato perdedor no tiene interés alguno en aclarar la duda. De manera que yo ahí no me desgastaré. Asumo que la izquierda ganó y sobre ese hecho hago este análisis.

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Vuelvo a decirlo: las de este domingo no son unas elecciones típicas. Son, por distintos motivos, extraordinarias. Lo son porque uno de los candidatos amenaza el modelo democrático y la economía de mercado. Lo son porque, a diferencia del resto del Continente, que en las dos décadas anteriores se vio azotado por una marea roja, por primera vez en Colombia un candidato de izquierda puede ganar.

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Asco, dice la Real Academia, es la "alteración del estómago causada por la repugnancia que se tiene a algo que incita a vómito”, la "impresión desagradable causada por algo que repugna”.

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Ya se preveía en las últimas encuestas que habría segunda vuelta, que Petro tocaba techo (40, 6% en Invamer y en las demás por debajo. Obtuvo 40,3%), que Fajardo venía en barrena (4,5% en promedio. Obtuvo el 4,2%), que Federico Gutiérrez estaba estancado (26,2% de media. Alcanzó 23,9%) y que, en cambio, Rodolfo Hernández subía de manera rápida (entre 7 y 9,5 puntos, dependiendo de la encuesta). Con su competidor quieto, era evidente que el Ingeniero superaría a Fico y enfrentaría a Petro en la elección definitiva. Así ocurrió.

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No son estas unas elecciones normales, lo he dicho antes y lo repito ahora, en las cuales solo hay un cambio de gobierno. Acá están en peligro el sistema democrático y la economía de mercado. Petro, hay que decirlo, es un dinosaurio ideológico y está mucho más cerca de la izquierda carnívora del socialismo del siglo XXI que de la izquierda vegetariana. De hecho, sus propuestas en materia energética, de minería e hidrocarburos y de pensiones están más al extremo que las de Caracas, que se está moviendo al capitalismo y ha decidido sacar a bolsa compañías estatales como PDVSA, o Pekín, que anunció que impulsará las pensiones privadas.

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Que en Colombia, con la excepción de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, existe una restricción general para todos los funcionarios públicos de participar en política, está fuera de toda duda. Lo dice la Constitución Política en su artículo 127 y lo desarrolla ley. El Código Penal, art. 422, sostiene que "el servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política [y] utilice utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público". Lo dice la ley de Garantías, en su art. 38. Lo decía también el anterior Código Disciplinario Único que en su art. 48 establecía como una falta gravísima esa participación en política, lo repite la ley 1952 de 2019 (nuevo Código General Disciplinario) en su art. 60 y lo reitera recientemente la ley 2094 de 2021, ley que reformó ese Código.

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La izquierda radical hizo un escándalo con la extradición de Otoniel, uno de los peores criminales que hayamos visto por estos lares, lo que es mucho decir en un país en que ha parido a Pablo Escobar, al Mono Jojoy y a Luis Alfredo Garavito, entre otros.