Desde la aprobación de la Constitución de 1991, ha sido una práctica recurrente que el Gobierno Nacional presente un presupuesto parcialmente desfinanciado para forzar luego la aprobación de una reforma tributaria. Duque lo hizo en dos oportunidades, Santos otras tantas, Uribe y Pastrana no fueron la excepción. El gobierno de Petro sigue esa tradición inveterada de la política fiscal colombiana y el Congreso seguirá la también inveterada tradición de aprobarlo sin chistar para luego aprobar una reforma tributaria, hipócritamente llamada ley de financiamiento.

El artículo 347 de la Constitución permite la presentación de un presupuesto desfinanciado y la presentación concomitante del proyecto de ley para crear nuevos tributos para su financiación. Adicionalmente, admite la aprobación del presupuesto sin que se hubiere aprobado la ley de financiación. El artículo 348 cierra el círculo al establecer la “dictadura fiscal”, facultando al gobierno la adopción por decreto del presupuesto presentado. La aplicación de estos artículos debía ser excepcional, para evitar la parálisis del gobierno en una coyuntura especial; su transformación en práctica corriente es una aberración fiscal y un abuso contra los ciudadanos sometidos a la pantagruélica voracidad del Gobierno y el Congreso cómplice.

Sin ilusión de convencer a nadie y solo para dejar testimonio, se presentan a continuación cuatro propuestas para recortar el presupuesto de 2025 en cuarenta y un billones de pesos: 1. Eliminar o reducir a su mínima expresión 17 entidades burocráticas – Contaduría, Auditoría, Defensoría del Pueblo, etc. - que no hacen nada más que reprocesar información de los ministerios o suplantarlos en sus funciones. Ahorro: 2 billones.

2. Eliminar o reducir a su mínima expresión el DPS y el Ministerio de la Igualdad que no tiene otra función que el reparto de dinero para crear una clientela de mantenidos del Gobierno. Ahorro: 7 billones.

3. Exceptuados Hacienda, Defensa, Justicia y DNP, recortar 15% el presupuesto de todos los ministerios. Ahorro: 30 billones.

4. Recortar en 15% el presupuesto de la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, la Presidencia y el Congreso y eliminar los aportes de la Nación a las CAR. Ahorro: 2 billones.

El recorte propuesto concierne exclusivamente al gasto burocrático y al gasto puramente asistencialista ejecutado por entidades como el DPS que no parecen tener otra función que hacer traslados electrónicos o repartir cheques. No se toca el servicio de la deuda ni las transferencias del SGP, tampoco el presupuesto del Ministerio de Defensa ni el de la rama judicial. No se reducen los presupuestos de inversión de los ministerios, excepto en algunas partidas con las que el gasto de funcionamiento se maquilla como inversión. No se recortan los presupuestos de ninguna de las superintendencias ni el del DNP.

Con este recorte sería totalmente innecesaria la nueva ley de financiamiento, con la que el gobierno pretende recaudar 12 billones, y, por el contrario, podría reducirse el IVA en unos tres puntos lo cual ayudaría a la anhelada reactivación económica porque la mejor política fiscal es dejar dinero en el bolsillo del consumidor.

09 de septiembre de 2024.