Pesan contra el Estado colombiano cerca de 350.000 demandas nacionales e internacionales por un monto que ya supera la astronómica cifra de 638 billones de pesos. Muchos de estos litigios vienen de tiempo atrás, pero llama la atención cómo en tan solo dos años, desde que se inició el gobierno de Petro, estas reclamaciones han aumentado en un 25 %. Son centenares los funcionarios irresponsables, incompetentes, temerosos o corruptos que a través de sus decisiones o silencios causan este desangre de las cuentas nacionales.

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Esta semana conocimos por fin un logro para el Estado, como fue el caso del predio Meritage, pero útil es recordar que solo en el ámbito internacional tenemos demandas por más de 50 billones de pesos, la mayoría originada en los sectores minero-energético y de servicios. Visto por países, nuestras principales controversias son con inversores de Canadá, Estados Unidos, España, Suiza y el Reino Unido. Pleitos enormes en los cuales no solo está en juego el monto de las reclamaciones, sino el prestigio y el buen nombre y seriedad de nuestro país en la esfera internacional.

En el ámbito internacional tenemos demandas por más de 50 billones de pesos, la mayoría originada en los sectores minero-energético y de servicios.

Esta semana también fue proferido un fallo más por un tribunal internacional ante el Ciadi (Centro Internacional de Arbitraje) con ocasión de una demanda presentada contra Colombia por los accionistas de la compañía Cerro Matoso, que opera en el departamento de Córdoba, la única mina de níquel del país. La demanda, interpuesta por la prestigiosa abogada Margarita Ricaurte, se fundaba en violaciones del tratado bilateral de inversión entre Colombia y el Reino Unido por concepto de actos de la Agencia Nacional de Minería. Creo que la Agencia obró en este caso instigada y, diría yo, más bien obligada por la Contraloría General de la República. La disputa ascendió a 277 millones de dólares, suma que el país ya no podrá cobrar, porque si lo hace materializa los daños y activa la indemnización ordenada por el Tribunal Internacional.

La importancia del laudo radica en que es el primero en relación con un tratado de inversión frente a una indemnización en relación con posibles daños futuros derivados de medidas estatales, como la aplicación retroactiva de nuevas regulaciones y precios que se consideran violatorias de los derechos de los inversionistas y el trato justo y equitativo que les corresponde.

Y en tono mayor el Tribunal determinó que la fórmula para fijar el precio base de las regalías adoptada en el año 2015 por Colombia no violaba el tratado, y por tanto denegó la devolución pretendida por la empresa. Resulta interesante que en uno de sus apartes el Tribunal haya considerado que, si bien la autoridad minera y la Contraloría General de la República realizan diferentes tipos de revisiones, no podían responsabilizar a la empresa dos veces en relación con los mismos hechos y por las mismas razones, y que la entidad de control fiscal no puede adelantar procedimientos en relación con daños que se materializaron hace más de cinco años y representan grave violación de la seguridad jurídica de los inversionistas en Colombia.

Este es uno más de los centenares de casos en que la nación resulta condenada al pago de multimillonarias condenas, sin que nadie en el país asuma responsabilidad. Me haría interminable, pero no puedo dejar de mencionar los fallos en los caso de Glencore y Prodeco, también en el Ciadi, o el Eco Oro, en donde se nos condenó por expropiación indirecta y progresiva y una vez más por injusto e inequitativo trato a los inversionistas por decisiones arbitrarias de los entes de control.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado contrata los abogados que representan al país en estos tribunales, cuyos honorarios cuestan millones de dólares, cualquiera sea el resultado, en donde usualmente se condena al Estado a pagar las costas de los procesos, porque claramente se perdieron.

Me pregunto por qué, aun en los casos más protuberantes, no concilian. ¿No les conviene? ¿Quién audita esta contratación? Pero además, ¿quién pone la cara por todas estas decisiones? ¿Dónde están las acciones de repetición contra esos funcionarios arbitrarios? En lo que sí es experta la Agencia de Defensa del Estado es en salir a decir que ganó lo que ha perdido. Todo al mejor estilo de Maturana, para quien, como se recordará, perder es ganar un poco.

29 de junio 2024.