En la segunda legislatura el gobierno de Petro continuó con su propósito de acabar con el “neoliberalismo” para restablecer el modelo intervencionista cepalino de los años 60 y 70, adobado esta vez con un componente político autoritario y antidemocrático.

En medio de enormes dificultades por el enfrentamiento con los carteles de narcotráfico, el gobierno de Barco (1986-1990) inició el desmonte del control de cambios, la piedra angular del proteccionismo cepalino. Las personas menores de 40 años no recuerdan los tiempos en los cuales la compra-venta de dólares en la calle era un delito.

Alentado por los cambios internacionales – orientación liberal de la Unión Europea, gobiernos de Thatcher y Reagan, Consenso de Washington, derrumbe de la URSS y los regímenes comunistas de Europa Oriental, etc. — el gobierno de Gaviria (1990-1994) impulsó importantes reformas en los mercados laboral y financiero, la regulación de los servicios públicos domiciliarios, la seguridad social, la banca central, las empresas estatales, el comercio exterior, la inversión extranjera y la movilidad del capital financiero. Con treinta años de retraso, Colombia adoptaba la institucionalidad económica que había impulsado el desarrollo en los cuatro Tigres Asiáticos - Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong – y también de Chile y Uruguay.

Las reformas liberales perdieron impulso bajo los gobiernos de Samper y Pastrana; enredados con el proceso ocho mil, el primero, y la silla vacía de Tiro Fijo, el segundo. El restablecimiento de la seguridad con los gobiernos de Uribe permitió que se consolidaran; pero ni Santos, entregado a la pseudo paz con las Farc, ni Duque, agobiado por la pandemia, las profundizaron. Petro, que las odió desde siempre, las encontró en el mismo estado de treinta años atrás, no obstante, lo cual, se habían traducido en importantes logros sociales.

Es imposible para Petro, obsesionado con implantar la “economía de los derechos”, reconocer que la cobertura casi universal en salud y en servicios públicos domiciliarios y los grandes avances en pensiones sean resultado de esquemas institucionales en los que predominan la competencia y la lógica del mercado. Tampoco podrá nunca aceptar que los principales “benefactores” de los pobres han sido Banco de la República, con el control de la inflación, y la apertura económica, que puso a su alcance multitud de bienes importados antes disponibles solo para los ricos por los elevados aranceles. Esto sin mencionar los grandes avances de la bancarización y del acceso al crédito hipotecario y la creación de empleo por la ampliación de los días y horarios de la actividad comercial porque la ley 50 acabó con los sobre costos que impedían la operación de los comercios y restaurantes en festivos y horarios nocturnos.

La reforma pensional y la de salud, aplicada por la vía administrativa, harán mucho daño. Ya vendrán la laboral y la anunciada de servicios públicos para completar el desastre. Los agentes del sector financiero hacen mal creyéndose inmunes. Y nadie debe dudar, si la situación política no se revierte en 2026, que inexorablemente volverá el control de cambios.

24 de junio de 2024.