Ante la inmensa crisis de la calidad de la educación básica y media que vive el país, uno esperaría una apuesta por cerrar las brechas ahí: en la infancia y el bachillerato que es el origen del problema. Ahí donde se crean las mayores inequidades no hay nada. No aparecen por ninguna parte las competencias básicas de lectoescritura, matemáticas y ciencias en donde tenemos las fallas más protuberantes. Se incluyen conocimientos tradicionales y étnicos que podrían ser un excelente complemento, pero sin las competencias básicas nos deja en el limbo. Para los niños lo único que aparece es la incorporación de aquellos entre 3 y 5 años estarán ahora bajo FECODE. Más que una apuesta por la primera infancia parece el cumplimento de una promesa de campaña a un donante.
No hay ni atisbos de un sistema de calidad que nos permita evaluar docentes, estudiantes, currículos, ni instituciones. Es como si la calidad fuera un asunto secundario. Pareciera que la apuesta es crear y crear cupos, sin importar su calidad.
El proyecto deja por fuera la educación para el trabajo. Cuando le pregunté a la ministra me contestó que hacía parte de la educación superior. No lo dice el proyecto en ninguna parte. Y su ausencia deja ver otra de las protuberantes fallas del proyecto: no crea, no describe, no articula el ecosistema de educación. Uno quisiera un diseño preciso que permita identificar las rutas, las puertas de integración para permitir múltiples entradas y salidas; cómo se pasa de la educación para el trabajo a la educación superior, como transita uno con otro, cuál es la complementariedad. Nada.
Como consecuencia de esa falta de articulación tampoco hay fuentes de financiación. Más aún, el proyecto tampoco tiene estudio de impacto fiscal. ¿Cuánto vale que le entreguen los niños de 3-5 años a FECODE? ¿Qué pasa con las madres comunitarias? ¿Se puede financiar la educación privada con becas o concesión?
En el origen del proyecto hubo una omisión total a la educación privada: un olvido, una ausencia o un deseo de exclusión. En Cámara se incluyeron un par de referencias al sistema mixto. Sin que se desarrollara la necesidad de que los recursos lleguen, que el sistema se asuma realmente como mixto, donde convivan, se nutran y se integren. Esto preocupa sobre manera pues sería un intento más del Gobierno de destruir los sistemas mixtos, educación, pensiones, servicios públicos, para obligarnos a todos a la estatización.
Hay asuntos habilidosos y oscuros: cambian la naturaleza de la educación que pasa de ser servicio público esencial a ser un bien público. Así eliminan la prohibición de huelgas y se abre un nuevo ámbito: ¿Qué significa ser un bien público para el caso de las universidades privadas? ¿El Estado o los gobiernos podrán tener injerencia?
Y llegando a la autonomía universitaria enfrentamos lo más grave. Pretenden que la elección de los rectores y directivos de las universidades se haga con democracia directa: esto es que los estudiantes escojan el rector. Estamos viendo lo que pasa en la Universidad Nacional donde pretenden desconocer la decisión del Consejo Directivo en una clara violación de la autonomía universitaria. Es impresentable lo que el Presidente y la ministra le están haciendo a la Nacional. La universidad es un patrimonio de todos los colombianos. Hay que defenderla para los futuros estudiantes, para el progreso de Colombia.
La mediocridad de la norma se explica, según dicen, porque fue dictada por algunos colectivos de estudiantes que están pensando en hacer política desde las universidades y el gobierno cree que aquello lo fortalecerá políticamente. Por eso las ideas de expertos y rectores fueron abiertamente ignoradas.
Si no tomamos decisiones de fondo sobre la educación y hacemos un esfuerzo para estar algo listos ante la automatización y la Inteligencia Artificial (IA), seremos un país con un rezago irremediable.