Las ejecutorias del Presidente Uribe son tan deslumbrantes que a las nuevas generaciones les cuesta, incluso, creerlas. La Colombia de hoy solo existe gracias a sus logros. Pero sus ejecutorias en materia de seguridad fueron reducidas a los falsos positivos. Por supuesto, es un hecho inadmisible que no tiene justificación y que nos repugna y duele a todos por igual. Aquello requería una sanción ejemplar y así se entendió entonces. El presidente Uribe dio de baja muchos oficiales, se iniciaron los procesos en justicia ordinaria y se sancionaron judicialmente muchos participantes durante el propio gobierno.

Pero vino luego la leyenda negra construida por los radicales. Que Uribe era responsable por omisión; que Uribe era responsable porque era una política de Estado, que Uribe al pedir resultados a las Fuerzas era responsable de los excesos.

Es un argumento redondo pero ridículo. Si es responsable por los falsos positivos, también es responsable por las vidas salvadas y si no hubiera pedido resultados, sería responsable por lo que la inacción del Estado hubiera dejado matar. No hay ningún presidente en la historia de Colombia que haya logrado una reducción tan drástica del homicidio en Colombia, esas vidas se salvaron. Y en ningún caso justifican los falsos positivos, pero atribuirlas al presidente es un exceso. Decir que fue una política pública es ridículo. Es una caricatura del fanatismo político. La política de seguridad democrática logró una reducción del 46% del homicidio, del 96% del secuestro, 90% en masacres, 46% el desplazamiento, del 71% del terrorismo. Eso es lo único certero.

Los logros sociales del presidente Uribe son aún más deslumbrantes que los de seguridad. El subsidio del adulto mayor empezó a llegarle a 900 mil ancianos pobres, familias en acción pasó de 300 mil familias a 2,6 millones. La pobreza se redujo y los cupos en la educación se ampliaron. En el Sena por ejemplo se amplió de 1,1 millones a 7,9 millones de estudiantes.

Por eso, ha sido el presidente que se retiró del desgaste ya ejercido el poder con un 80% de aceptación. Proeza que muy pocos mandatarios logran. Pero de ahí en adelante, lo que se ha vivido es solo intenciones de destruir su legado y su persona. Práctica antidemocrática pero útil para los propósitos electorales de otros.

Usar criminales para destruir la reputación de los mandatarios es un camino equivocado. Una persona que mata no tiene problema en mentir. Creer que Uribe era paramilitar y que entre los miles de hombres que pertenecieron a esa organización es posible esconderlo, es ridículo. Encontrar dos o tres testimonios que lo señalen así y que se benefician al hacerlo muestra que jamás hubo vínculos con los paras.

Pero la política escondida en los tribunales es dañina y golpea la democracia y la propia institución de la justicia. No se trata de un ejercicio jurídico de construir la certeza de los hechos; sino de encontrar alguna señal que -por tenue que sea- permita darle soporte a la teoría y con solo aquello pretenden condenarlo.

Es una violación flagrante a la presunción de inocencia que exige que no haya siquiera dudas para condenar. Basta asumir la buena fe de Uribe para que la conclusión tenga que ser la absolución. Y por supuesto, solo quien asuma mala fe del presidente puede llegar a condenarlo. Pero no olvidemos que la ley ordena que quien investiga y juzga presuma la inocencia.

Este es un camino que comporta mucha maldad y mentes muy retorcidas. Por eso, puedo imaginarme que los autores de esta estrategia sueñen con la condena y también con Petro concediéndole perdón al lado de todos los asesinos y criminales de la revolución. Se equivocan porque la dignidad de Uribe le impide arrodillarse; que es la de una Colombia que jamás ha empuñado las armas, que ha sido víctima y que ha resistido las perversiones del narcotráfico disfrazado de guerrilla y paramilitarismo. Seguiremos resistiendo.