Demostrado está que en Colombia son estériles todos los diálogos de paz con la delincuencia. Las organizaciones criminales no tienen su negocio a la venta, mucho menos a gobiernos que patrocinan la impunidad.

La narcoguerrilla siempre ha considerado ilegítimo el Estado de Derecho. Saben que su negocio tendrá un mejor futuro cuando ellos tengan el control del caos, más ahora que nuestra sociedad en todo su conjunto se las está poniendo fácil.

Parte de su misiva propagandística ha sido desmitificar el patriotismo, la honestidad y el espíritu trabajador que encarna la figura de Uribe, utilizando una narrativa populista que vende por sí sola.

Es canalla la decisión de llevar a Uribe a juicio con versiones inverosímiles. Desde 2010 han comprado medios e influenciadores y testigos, para convertir al gran colombiano en el malo de la película, con lo cual entretienen y distraen buena parte de clase política y de los corruptos que delinquen a sus anchas, pues saben que aquí para ellos, la inoperancia de la justicia es garantía de impunidad.

Uribe fue el gobernante que desmanteló el paramilitarismo, extraditó a 14 cabecillas a los Estados Unidos, y le hizo contrapeso a la narcoguerrilla que se disfrazó de comunismo por muchos años, dejando malheridas las organizaciones criminales narcoterroristas, mientras el país avanzó en materia de desarrollo socioeconómico.

Santos llegó al poder gracias a Uribe, sin su ayuda jamás hubiese sido presidente. Enmascaró sus intenciones jurándole al electorado que continuaría con la política de seguridad democrática que construyó Uribe de la mano del pueblo colombiano. Una política social que ayudó a progresar a la sociedad durante un poco más de 8 años.

El gran impostor ya tenía el firme propósito de resucitar la ilegalidad de manera taimada y traicionera cuando siendo ministro de Uribe, con ayuda de su hermano y su reconocida jauría, estableció conversaciones secretas con Chávez y elaboró una estrategia de falsa paz para catapultarse al estrellato de la historia comprando un Premio Nobel de la Paz, después de haber empeñado en Cuba y feriado en el congreso la constitución política.

El propósito de las FARC-EP y del ELN no es otro que la toma del poder. Ellos saben cómo funcionan los negocios ilegales teniendo el comando del Estado, lo han visto desde la sociedad de hecho que tienen con la narcodictadura venezolana y con el poderoso cartel de los soles que mantiene a Maduro.

Un exguerrillero indultado del M-19 me dijo en 2011: “Santos no conoce las FARC, esos no tienen escrúpulo alguno, apenas obtengan capacidad tierra-aire y el gobierno pierda la superioridad aérea en sus territorios, le ganan al ejército y se van a tomar el poder”.

El asunto es de simple lógica. Las FARC-EP y el ELN ya tienen un historial de cooperación que se evidenció perfectamente durante el gobierno Santos, cuando unos dialogaban los otros mantenían el negocio. Desde hace años las FARC-EP tienen infiltrado el Congreso de la República, y tienen las armas y los medios económicos para manipular o coaccionar la justicia según conveniencia.

Gracias al gran engaño que representa la iniciativa de la paz total, el narcoterrorismo controla el negocio de producción, tráfico de narcóticos y armas, la minería ilegal y buena parte del lavado de dineros ilícitos, atacan poblaciones indefensas, al ejército y controlan las vías, secuestran menores, empresarios y soldados e instalan minas antipersonas, ejercen control territorial en áreas de producción, en las fronteras y en los corredores de transporte.

La criminalidad ha crecido exponencialmente, son más de trecientas mil hectáreas sembradas de coca y pocas son las autoridades que la combaten. La destrucción de laboratorios e incautaciones actuales parecen el producto de venganzas y engaños, pues no obedecen a una política de Estado apoyada con determinación y recursos.

Hoy los narcoterroristas disfrazados de congresistas son intocables, y tienen medido a Petro, quien les sirve de idiota útil para multiplicar el odio, la anarquía y la polarización extrema de la sociedad, destruir las libertades, la economía lícita, la institucionalidad democrática y la riqueza pública y privada por medio de la asfixia y la expropiación impositiva, dejando al pueblo indefenso, sin salud y sin empleos y sin ahorros al espantar del país los capitales lícitos que los generan.

Las fuerzas armadas están desmoralizadas y neutralizadas, sin capacidad de movilizarse ni reaccionar, pues el gobierno los deja desarmados al romper relaciones con Israel, sin movilidad al no reparar los helicópteros ni aumentar los medios de transporte aéreo, y sin moral, pues el propio presidente los amenaza en público de atentar contra su paz total, como si ellos fuesen los victimarios y no las víctimas de los delincuentes.

Esas organizaciones narcoterroristas que han buscado el poder desde hace más de cinco décadas están fortalecidas con los dólares de la coca, están rearmándose y ejerciendo el dominio del espacio aéreo utilizando los mismos drones con que Ucrania ha logrado contener a Rusia.

La ingenua clase dirigente está pensando que la democracia ganará las elecciones del 2026 por el simple hecho de que Petro es un mentiroso, mientras el país político, institucional y empresarial está desunido, polarizado, totalmente individualizado entre los egos figurativos de los lideres partidistas, el inexistente liderazgo gremial y la mediocridad directiva reflejada en muchos partidos con capacidad de dar avales, pero sin filtros de idoneidad de ninguna clase.

Despertemos que se nos quemó la cocina, se calló el entejado, y señores este bello conjunto de instituciones democráticas llamado Colombia, enfrenta la peor amenaza de toda su historia.