Los ahorros pensionales de los colombianos son 405 billones que son manejados por los fondos privados y están invertidos: 35% está en renta fija pública, el 23% en renta variable extranjera, el 22% en fondos privados externos e internos. El 20% restante en renta fija local y externa; y depósitos a la vista. Con la reforma pensional esto podría cambiar, pues el presidente podrá determinar el régimen de inversión de los recursos. Es fácil imaginar a Petro pretendiendo que se sobre-inviertan en deuda pública y, como lo ha dicho, restringiendo inversiones en el exterior. Esta injerencia del gobierno podría llevarnos a perder la autonomía de los fondos y convertirlos simplemente en un vehículo para proveer nuevos recursos al gobierno. Aumentando así significativamente el riesgo para los recursos de los pensionados.

La reforma pensional establece que “los recursos del sistema son de naturaleza pública”. Esto equivale a una expropiación de las pensiones. Hoy las cuentas de los afiliados en fondos privados pertenecen a cada colombiano. Son de naturaleza privada. Con esa sola frase el gobierno se hace dueño de todos los recursos.

Lo grave de la reforma es que les entregará caja a los gobiernos; más de 250 billones hasta el 2070. Este gobierno recibirá 4,2 billones el primer año y 5,2 el segundo. Pues sustituyen gastos que hoy se pagan con el presupuesto nacional por gasto que se paga con el ahorro pensional de los colombianos.

Muy pocos recursos serán ahorrados. Y por supuesto hay muchas dudas en torno a esos recursos en manos del Estado. Por eso, en la ponencia alternativa se propone que el “Fondo de ahorro del pilar contributivo” sea controlado por el Banco de la República y no por Colpensiones cómo lo pretende el gobierno.

Un problema que aún no queda resuelto es el mecanismo para la desacumulación del fondo. Cálculos de la CARF establecen que el fondo quedará en ceros en 2066. Sin embargo, sin normas claras podría ser antes.

Como hemos explicado la conversión de los ahorros pensionales en dineros públicos le quita la titularidad individual a los ahorros. Aunque no es claro si las cuentas son individuales- propias de cada colombiano que ahorra- o será un Fondo Común.  Se entiende por interpretación que es la segunda opción.

¿Qué sucede con los ahorros actuales? Aunque la reforma establece que estos recursos no serán girados al gobierno nacional- los 405 billones de pesos-, la trampa está en que el gobierno sí decidirá dónde se deben invertir. Un artículo de la reforma dice “Los recursos del sistema…se invertirán en las condiciones que para el efecto establezca el Gobierno Nacional” y hay otro que establece “Los recursos de las cuentas individuales estará invertidos en Fondos de Pensiones cuyas condiciones y características serán determinadas por el Gobierno Nacional”. El gobierno podría obligar a los fondos pensionales a invertir todos los ahorros de los colombianos en deuda pública para financiarse a sí mismo.

Hay otra facultad extraordinaria dentro del proyecto de ley. Las comunidades indígenas establecerán con el gobierno nacional las semanas, los años y el valor de las pensiones que recibirán. Esto es desigual con el resto de la población. La reforma no surtió tampoco consulta previa por lo que el artículo mismo es inconstitucional.

La remuneración de los fondos privados tampoco está clara. La reforma establece 1% sobre la cotización- hoy es en promedio 0,6%-. Sin embargo, lo convierte en 0% con el tiempo, y luego establece que los fondos ganarán por saldos. La reforma no establece ni cuándo se convertirá en 0%, ni cuándo empezarán a ganar por saldos, y mucho menos qué porcentaje será sobre los saldos. Esto queda como facultad extraordinaria para el gobierno. Esta decisión debe ser técnica, ni muy bajo que mate los fondos, ni muy altos para que atenten contra el capital de los afiliados.

Cómo ven es una reforma precaria. Llena de vacíos y con serios problemas estructurales.