Según cifras de la ONU, en 2020 Colombia tenía 143.000 hectáreas de coca, 204.000 en 2021 y 230.000 en 2022. Aún no hay cifras de 2023, pero tampoco señales de disminución de la tendencia. Así pues, estamos en medio de una ola de violencia generada por grupos armados ilegales enfrentados por el control territorial para proteger el narcotráfico y sus rentas ilícitas derivadas.

La semana anterior señalé la advertencia de un Informe de la ONU sobre la pérdida de gobernabilidad por el control territorial de los bandidos, y esta semana el del Departamento de Estado de EE. UU, aunque reconoce las políticas del Gobierno, cuestiona sus resultados.

En efecto, reconoce aumentos en interdicción y destrucción de laboratorios, y resalta los objetivos de la política antidrogas, para reorientar hacia actividades lícitas a 50.000 pequeños productores de coca y reducir 90.000 hectáreas.

Sin embargo, cuestiona el aumento de los cultivos y plantea la necesidad, para detener esa tendencia, de fortalecer la seguridad y emprender políticas de desarrollo rural, lo que coincide con nuestra consigna de que “La paz pasa por la recuperación del campo”.

Adicionalmente, señala que el Gobierno menospreció la erradicación forzosa, generando una caída del 70%, con apenas 20.000 hectáreas en 2023; y de contera, no hay claridad en los recursos para la política de drogas, ni un mecanismo de coordinación para implementarla en los territorios con débil presencia institucional.

Entonces… ¿qué hacer? La responsabilidad de la seguridad es del Estado, pero es también un derecho y un deber ciudadano participar en nuestra seguridad, premisa que fundamenta los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, sobre los cuales insisto:

No son una novedad, pues hay más de 33.000 en el país, como parte de una política de la Policía Nacional.

No son otras Convivir, pues los Frentes no son armados y se basan en la colaboración pacífica con las autoridades, a partir de tecnologías de información y comunicaciones. 

No se limitan a una colaboración esporádica con la Fuerza Pública, sino a la articulación cercana con las autoridades locales: el alcalde, el personero, el fiscal y el juez.

No son solamente de ganaderos, sino ojalá de todos los sectores agropecuarios y actividades rurales: comercio, transporte, etc., razón por la que llevé la iniciativa al Consejo Gremial Nacional. 

Y finalmente, es un tema de igualdad. Si los Frentes de Seguridad urbanos son calificados de legítima colaboración con las autoridades, ¿por qué los rurales son tildados de paramilitarismo?

Solo cuando Colombia abandone la estigmatización, podrá avanzar hacia la paz.

@jflafaurie