Según el informe de Coordinadora Humanitaria durante el año 2023 se habrían presentado 1.047 violaciones al cese al fuego. Más de 400 violaciones en las regiones Cauca, Caribe y Antioquia. Además el ELN habría propiciado 43 homicidios, 35 secuestros y 12 confinamientos. Incluso el año pasado los líderes sociales asesinados llegaron a 188.
Los Grupos Armados Organizados están llegando a los 20 mil hombres. Cifras cercanas a lo que tenía el país en el 2008. La Defensoría del Pueblo reveló que las disidencias de las FARC pasaron de estar en 230 municipios en el 2022 a 299 en el 2023. El ELN pasó de 189 municipios a 231 municipios. Un documento del Ministerio de Defensa nos revela que el Clan del Golfo pasó de 188 municipios a 210 municipios en 2023. ¿De qué han servido los ceses al fuego?
A estos Grupos Armados Organizados se le deben sumar los 18 Grupos Delictivos Organizados con los que cuenta hoy el país: La Cordillera, en Pereira y Risaralda, Los Flacos y la Banda Local en Valle del Cauca, El Mesa en Cundinamarca, Los Pachenca en Magdalena y la Guajira, Los Puntilleros en Meta y Guaviare, Los Pelusos en Norte de Santander, y otros grupos como los Trianon, Pachelly, Triana, La Terraza, Caicedo o la Sierra en Antioquia.
Las cifras de seguridad consolidadas del 2023 muestran el aumento de la violencia. Las masacres aumentaron en comparación con el 2022 un 8% ( 100 casos con 331 víctimas), el secuestro aumentó en un 56%( 251 casos con 331 victimas), la trata de personas en un 26% ( 792 casos), la extorsión en un 5%(10.263 casos), la invasión de tierras un 1% (3.261 casos), los delitos contra el medio ambiente un 25% (3.205) y el hurto a personas 4% (364.531).
Además de los ceses al fuego el gobierno decidió renunciar a la lucha contra el narcotráfico. Redujeron de 10.500 grupos móviles de erradicación en 2021 a 3.318 en 2023. El presupuesto de la Dirección Antinarcóticos para la intervención de cultivos ilícitos pasó de 240 mil millones en 2021 a 89 mil millones en 2023. Esto tuvo como resultado que la erradicación disminuyera en un 71% en 2023.
La nueva política de drogas- que colocó el gobierno mediante facultad extraordinaria en el Plan nacional de Desarrollo, y que tengo demandada ante la Corte Constitucional-establece que se fortalecerá la interdicción. Sin embargo, no ha sido efectiva. La cocaína incautada viene desde el año 2021 por encima de las 650 toneladas por año, y el gobierno Petro solo logró un aumento de la incautación en el 2023 del 12% con 739,6 toneladas incautadas. No fueron capaces ni de cumplir su propia meta de incautación que era de 835 toneladas para el 2023.
Y la lucha contra otro tipo de financiación ilegal como la minería ilegal tampoco ha funcionado. La incautación de insumos sólidos cayó un 41% en el 2023 con 23.034 toneladas menos incautadas y los insumos líquidos una caída de 25%. La explotación ilícita de minerales ya se encuentra en 323 municipios, especialmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Nariño y Córdoba.
El Ministerio de Defensa afirma que el dato más aproximado sobre cuánto dinero equivale el narcotráfico en el país es el 4.5% del PIB- más de 74 billones de pesos-. Los grupos armados envalentonados con las políticas laxas del gobierno han podido usar esos dineros ilegales para expandirse y someter a la población civil.