Hoy, un bulto de silo de maíz supera los $20.000, y el campesino, o pierde sus animales y su ingreso, o debe elegir entre alimentarlos o alimentar a su familia.
El riesgo es muy alto. Nuestra biodiversidad y nuestra vocación agropecuaria, dos riquezas para dar el salto al desarrollo, se destruyen mientras debatimos las culpas o lo que hubiéramos debido hacer y no hicimos. Están en riesgo el sector agropecuario, la seguridad alimentaria y las ya difíciles condiciones de la vida rural.
Parte de las soluciones están en la naturaleza. Si la principal causa del cambio climático es el dióxido de carbono, tan importante como disminuir su emisión con la transición energética, es potenciar su captura con las aspiradoras naturales de carbono.
Por ello urge la acción del Estado para detener la deforestación que avanza con la ilegalidad en los territorios, al margen del debate sobre las culpas y la narrativa de endilgárselas a la ganadería, cuando son de la colonización armada del narcotráfico.
Urge una política que sume esfuerzos reforestadores locales, regionales y nacionales. Urge una política de producción sostenible. ¿Por qué no avanzar en ganadería sostenible con Sistemas Silvopastoriles; SSP? Si la ganadería ocupa más de 30 millones de hectáreas y en un millón se establecieran Sistemas Silvopastoriles, lograríamos una “revolución ambiental” productiva y alta en captura de carbono.
El presidente recogió la idea al anunciar que las vacas deberían “comer mirando p’al cielo” como en los SSP, pero hoy no hay una sola hectárea como parte de un programa gubernamental, pues se requieren crédito especializado de fomento y servicios de asistencia y extensión agropecuaria, que abundan en las leyes, pero escasean en la realidad.
La página oficial de Finagro hoy me deseo feliz día, pero no me informó sobre ejecución 2023 ni sobre recursos 2024 para la Línea Especial de Crédito Economía Verde, en la que, además, cabe de todo. Si se comprendiera la importancia estratégica de los SSP, habría una línea de verdad especial con recursos importantes. No la hay.
La Agencia de Desarrollo Rural, con recursos de $122.000 millones para extensión en 2023, licitó en junio $79.702 millones entre Empresas Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria, para desarrollar proyectos en ¡4 meses!; un proceso atropellado y confuso que adjudicó $9.861 millones, apenas el 12,4%, cuando el campo clama por este servicio.
“Hacer” es la consigna; pasar del debate a las acciones, preventivas, oportunas, eficaces, que transformen la realidad del campo. Menos cuento y más hechos.
@jflafaurie
