El decreto establece que el Ministerio de Ambiente identificará predios superiores a las dos unidades agrícolas familiares y creará una base de datos priorizando predios para compra. Estos predios serán analizados por la Agencia Nacional de Tierras quien procederá a comprarlos.
Si el colombiano no quiere vender su predio se procederá a la expropiación de las partes del terreno que el gobierno considere no estén siendo explotadas. El gobierno decidirá a dedo que se considerará como explotación. El Gobierno también decidirá desde Bogotá cómo, dónde y qué alimentos deberán explotarse en varias áreas del país. Un modelo estatal de planificación central.
Esto se suma a que si el propietario está explotando la tierra pero no cumple normas de protección agrícola o lo hace en “áreas de producción de alimentos”declaradas por el Ministerio de Agricultura, también le podrá ser expropiado el terreno.
Ahora, si un campesino informal explota la tierra pero evade impuestos, omite activos o pasivos en sus declaraciones, el gobierno asumirá que no hay explotación regular, por lo cual también podrá ser expropiado. Esto atenta no solo contra la propiedad privada sino contra los campesinos de menores recursos. La pobreza monetaria rural es de cerca del 45%, y esos campesinos son informales. La mayoría ni son declarantes y venden su producción en las plazas de mercado de sus municipios donde no hay contabilidad. ¿Le van expropiar las tierras a los más pobres del país?
Esto se suma a las mentiras del gobierno Nacional sobre titulación de tierras. El presidente Petro dijo el pasado 7 de agosto “Este gobierno ha titulado un millón de tierras”, el director de la Agencia Nacional de Tierras también mencionó el pasado 12 de julio “hemos 1.114.000 hectáreas en titulación”. Sin embargo, un documento filtrado de la ANT revela que más de 693.075 hectáreas son de titulaciones de gobiernos anteriores y 200.433 hectáreas no tienen fecha exacta. También se muestra que este gobierno solo ha adjudicado 3.177 predios equivalentes a 120.932 hectáreas. Y aun así los datos no son concluyentes.
La adjudicación de tierras tiene dos pasos, una la entrega del baldío por medio de un acto administrativo, y dos la inscripción del predio entregado en una matrícula inmobiliaria. Lo que hizo el gobierno Petro fue sacarles fotocopias a estos documentos y enviarlos por correo a los titulares. Incluso se hicieron fotografías con las entregas de las fotocopias para mostrar que el gobierno estaba entregando nuevas tierras.
Con estos errores la Agencia Nacional de Tierras está pidiendo más recursos en el Congreso para el 2024. Un aumento del 426,5% en recursos de inversión respecto al año pasado alcanzando los 5,1 billones de pesos. Lo grave es que al corte de julio del 2023, la Agencia no ha ejecutado más del 27% del presupuesto de inversión de este año. ¿Más dinero para un agencia que miente, podría expropiar y además no ejecuta?
