La reforma de Petro convierte la educación superior en un derecho fundamental, el resultado es incierto ¿ningún estudiante podría perder un semestre? ¿ser expulsado? ¿Qué pasa si no es admitido en una universidad? ¿Si no hay más cupos? ¿Si no paga la matrícula? Nos esperan eso sí, miles de tutelas que complicarán la vida de las universidades.

El gobierno acaba con las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior. Este consejo es un órgano independiente que emite conceptos para la toma de decisiones del ministerio. Con la reforma, el ministro- ni siquiera el ministerio en conjunto-, determinará a dedo qué universidades se pueden abrir, que programas educativos pueden impartir y hasta cuál debe ser el capital financiero necesario para su funcionamiento. Puede ser un camino despótico o de politización de la educación superior en Colombia, sin que sea pensable los beneficios de concentrar en una sola persona decisiones eminentemente técnicas. Preocupa también que la institución asesora del Ministerio de Educación para las políticas públicas de la educación básica y media sea la Universidad Pedagógica. Debería existir un comité asesor integral universitario y no solo una universidad que pareciera seleccionada solo por la afinidad ideológica con el gobierno.

El ICETEX se acaba. Su única función en el mediano plazo será financiar programas de posgrado en el exterior.  Surge el afán fundacional del gobierno, destruir para hacer algo mejor. Olvida que el ICETEX ha beneficiado a más de 5 millones de estudiantes de educación superior. Muchos estudiantes obtienen hoy las tasas más bajas del mercado para ir a la educación superior privada. Ya no tendrán opción.

El gobierno elimina los exámenes de Estado, y será posible ingresar a las universidades con algún equivalente al bachillerato. El Gobierno propone un grado 12 sin presentar una justificación. Mientras el mundo avanza a recortar, nosotros a ampliar sin siquiera presentar su necesidad o pensum. Se escolariza el preescolar, dejando de lado la política existente de desarrollo integral.

El proyecto baja los criterios de calidad para crear nuevas universidades. Le da facultades extraordinarias al Presidente para crear nuevas universidades de pueblos étnicos sin que sea clara su composición. Iremos entonces en contra de lo que está pasando en el mundo, donde la búsqueda de la excelencia avanza, donde se buscan los más altos estándares de investigación de alto nivel. La reforma busca cupos, sin importar la calidad, que generarán, evidentemente, un problema serio de desempleo y expectativas frustradas.

La reforma elimina los programas de educación abierta y a distancia en la educación superior. Perderemos el gran esfuerzo hecho por la Universidad Nacional Pública y a Distancia, la más grande en Colombia.

Surgen serios cuestionamientos sobre la gobernabilidad en las universidades con la creación de las “Asambleas multiestamentarias”, que tendrán poder de decisión. Está bien que los estudiantes y estamentos participen, pero las decisiones no pueden ser demagógicas. Podríamos avanzar hacia minorías que vulnerarían derechos de toda la comunidad educativa. Eso sí pretende aumentar el gasto del bienestar universitario del 2% al 5%, sin justificación técnica.

El gobierno también une los programas de educación superior con programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Tal vez lo hacen para llegar a la meta de 500 mil nuevos cupos de educación superior en este cuatrienio, pero eso sería inflar las cifras con trampa. No hay seriedad en la idea de que unos sean estadios iniciales de los otros. No soluciona el que hoy las instituciones de Educación Superior son -obligatoriamente- organizaciones sin ánimo de lucro, mientras que muchas de aquellas para formación para el Trabajo y Desarrollo Humano tienen ánimo de lucro.

La reforma que pretende cambiarlo todo, no presenta modificaciones al Sistema General de Participaciones ni menciona nuevos mecanismos de financiación.