El 14 de agosto de 2022 fue secuestrado Pedro Nel Hincapié en Curumaní; el 22 Pablo Sánchez en Aguachica, quien fue asesinado; el 23 Alberto Ropero en Pelaya y el 24 Nicolás Picón, hijo de ganadero en Aguachica. En octubre Javier García en Valledupar; en noviembre Álvaro Rodríguez en Tamalameque, y en diciembre Jesús Blanco y Gabriel Rincón en Pailitas. En febrero de 2023 intentaron con Gustavo Pérez en Curumaní, y en marzo secuestraron a Amalia Arroyo en Tamalameque.
A tanta violencia, que no es solo del Cesar, se suman las narrativas que pretenden explicarla: Es la tierra y el incumplimiento del Acuerdo, dicen unos, mientras quienes sufren la violencia claman, sin ser escuchados: Es el abandono del Estado y la sociedad, las rentas ilegales, el narcotráfico convertido en “paraestado” con soberanía en ese país abandonado.
Sin negar el derecho del campesino, un título de propiedad no lo saca de la pobreza, si no está acompañado de condiciones para que la tierra sea realmente “redentora” y capaz de dignificarlo (energía, agua, vías, crédito, educación, salud, etc.), algo en lo que, según sus declaraciones, estamos de acuerdo con la nueva ministra, a quien le deseamos éxito y le reiteramos el compromiso de FEDEGÁN con el acuerdo de tierras.
Además, estamos en sintonía con el reciente discurso del presidente, en el que ratifica su compromiso de cumplir el Acuerdo con las Farc y les pide acelerar el tema de tierras, algo en lo que FEDEGÁN avanza, con ofertas por 500.000 hectáreas en zonas priorizadas.
Tierras hay; según la ANT, cerca de 150.000 hectáreas están listas para compra; la SAE tiene 99 mil extintas y 340 mil en procesos dilatados por abogados mafiosos. Y claro, ¿dónde están las de las Farc?, que entregó apenas 37 inmuebles rurales, de los cuales 36 eran baldíos, mientras que el ministro de Agricultura de entonces reconocía que, solo en Caquetá, habían despojado 800.000 hectáreas.
Para el ELN la prioridad no es la tierra, sino la participación social en la construcción de paz; pero es inconsistente que, en Cesar, Arauca, Nariño, Cauca, Catatumbo, imponga un sistema de hostigamiento, de dominación extrema para sostener sus economías ilícitas.
Ayer el Ejército desmanteló un megalaboratorio del ELN. ¿Será que los cultivadores, raspachines, procesadores, autoridades locales; la comunidad sojuzgada participará libremente? Con las Farc, nos quedamos con el narcotráfico y sin la paz. Que no pase lo mismo con el ELN. Se impone el cese de hostilidades primero…, lo demás “vendrá por añadidura”.
@jflafaurie
