Varios son los aspectos que se deben considerar para estructurar una opinión razonable ante tan delicado asunto. El estado colombiano, en contra de lo que afirman sectores progres, de izquierda y ultraizquierda y hasta desmovilizados, ha puesto en marcha leyes de compensación y reparación integral para las víctimas.
Sin embargo, las consecuencias humanitarias de un conflicto armado extenso, atomizado, y que no termina, son tan profundas, horrendas, numerosas y dolorosas, que se dificulta el cumplimiento de metas establecidas sin tener en cuenta al menos tres variables, la primera es la referida a la complejidad del fenómeno, la segunda es que por parte de algunas legislaturas y en sentencias de altas cortes, la obligación de tener siempre en cuenta el costo de cada ley y la fuente de su financiación, la regla fiscal, no se ha tenido en cuenta, y la tercera, la pretensión de que el estado sea el único responsable de todos los programas de atención a las víctimas.
Pienso que es muy importante valorar algunas cifras estructuradas por el Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), basado en la consulta de 653 fuentes y 33.497 bases de datos y documentos por parte de funcionarios y contratistas profesionales en la materia.
El periodo cubierto va desde 1958, (debería ser desde 1964 que es el verdadero inicio del levantamiento armado de las guerrillas) al 31 de marzo de 2023, último corte realizado.
Total, hechos de violencia: 361.036. Personas directamente afectadas: 421.806. Víctimas fatales: 269.306.
Estas cifras difieren de las acopiadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado (UARIV), entidad creada por la Ley de Víctimas 1448/2011, que incluye a las víctimas indirectas y se acercan a los 10 millones de personas. Si se atendiera una por una tanto en la reparación material (tierras, retornos, indemnizaciones, compensaciones económicas, vivienda, proyectos, etc) como en la simbólica (relatos de memoria, investigación académica, lugares de memoria, museos y casa de memoria, etc.), el lapso para atenderlas sería de varios siglos.
Por otra parte, los 300 billones de que habla Petro se convertirían en una suma pírrica de tener que cumplirles a todas y cada una de las víctimas, es decir, en un tiempo razonable y sacrificando de paso todas las obligaciones que en otros campos debe cumplir el estado.
Si miramos las cifras sobre víctimas y los responsables según el OMC, tenemos lo siguiente: grupos paramilitares 95.200, 22.57%. Dos o más grupos: 50.886, 12.06%. Guerrillas: 36.681, 8.70%. Autores desconocidos: 37.392, 8.86%. Grupos armados no identificados: 29.172, 6.91%. Agentes del estado: 8.569, 2.03%. Grupos armados posdemovilización: 5.703, 1.35%.
Como quiera que la desmovilización de varios de los grupos armados organizados (GAO) han asumido compromisos en las negociaciones con el estado para reparar a las víctimas, pidiéndoles perdón, contando la verdad de los hechos, aportando dinero, tierras, semovientes, entre otros insumos, es de esperar que la responsabilidad es plural y en sana lógica no puede recaer solo en el estado, no siendo este el culpable del mayor número de víctimas.
A todas luces, hasta la fecha no ha existido proporcionalidad en la inmensa tarea de reparar a las víctimas y, por tanto, es injusto que el presidente actual, las fuerzas que hacen parte de su coalición y sectores de la comunidad internacional y el mundo diplomático, responsabilicen y acusen solo al estado por supuesto incumplimiento.
Y una reflexión para ponerla en el tapete, urge revisar las categorías de víctimas: directas e indirectas, comunidades, familias, individuos, a la luz de las once conductas violentas violatorias del derecho internacional humanitario para planear y adoptar de manera realista las compensaciones materiales y simbólicas a que haya lugar en vez de lanzar disparatadas propuestas.
