El hecho de que haya sido el mismo Gustavo Petro quien pidió a la Fiscalía investigar a su hijo Nicolás, no fue otra cosa que la implementación de la vieja estrategia de huir hacia delante; un intento infructuoso por hacernos creer que las relaciones con narcotraficantes de Nicolás y Juan Fernando (el hermano del Presidente) es cosa solo de ellos, y que si les recibieron plata, y si esta llegó a la campaña, «fue solo a mis espaldas», como diría el narcopresidente Samper.
Pero los indicios de la infiltración del narcotráfico en este gobierno son muchos. Solo basta echar unos meses atrás la película hasta cuando se denunció el «Pacto de La Picota», transacción hecha por el Primer Hermano de la nación con narcos y bandidos de toda laya para que ayudaran al triunfo de Petro a punta de plomo y plata a cambio de que les abrieran las puertas de las cárceles con el pretexto de combatir el hacinamiento o de hacer la «Paz total» o de lo que fuera, da igual. En ese entonces salieron a decir que el hermano no hacía parte de la campaña, pero fotos y videos demostraron lo contrario.
Corriendo las líneas éticas, a Petro se le aparecieron en segunda vuelta dos millones de votos con los que ni él mismo contaba. Ese acto de prestidigitación solo lo puede hacer una Registraduría corrupta como la suponemos (el que escruta, elige) o una compra masiva de votos de las que son expertos en ciertas regiones los Besailes y otras yerbas con las que el hijo del Ejecutivo se fotografía en las redes sociales. Una maquinaria lista para funcionar mientras alguien ponga la plata, mucha plata.
Mejor dicho, blanco es, frito se come. No hay que ser muy suspicaces para entender que este es un narcogobierno que se eligió con dineros del narcotráfico y que les está pagando muy bien el favor sacándolos de la cárcel, legalizando los cultivos y haciéndose el de la vista gorda con los cargamentos. Es el baloto, sin duda. Y viene con premio: la ley que se tramita dispone que los narcos podrán quedarse con el 6% de sus fortunas mal habidas, pero se quedarán con todo o casi todo, ya veremos.
Porque un narcogobierno no tiene límites. Difícil será explicar por qué el hijo de Petro, siendo diputado del Atlántico, ha tenido reuniones con todos los ministros del gabinete y por qué el MinInterior, le dio diez «cupos» o puestos de trabajo en ese ministerio para que los repartiera entre sus validos. Eso demuestra que este gobierno es muy corrupto y que Nicolás Petro tiene un gran poder en el mismo a pesar de que no tiene ningún cargo en él.
No es nada raro que el Presidente venga a pedir investigaciones sobre su hijo un mes después de que su exnuera le hubiera hecho las denuncias del caso y justo cuando concedió una entrevista y puso el asunto en conocimiento de la opinión pública. Ya sabía y guardó silencio a pesar de su locuacidad. Por eso caza disputas con todo el que puede con el fin de desviar la atención hacia otros temas y quitarle presión a un gobierno que se desmorona.
Hay que ser muy cínico para venir a decir que hacer cárceles y apresar a los delincuentes como en El Salvador es una barbaridad y que lo correcto es la impunidad que él promueve. Ya quisiera Petro la favorabilidad que tiene Bukele en las encuestas mientras la suya empieza a caer inexorablemente.
Este es un gobierno tan peligroso que el Consejo de Estado tumbó las facultades con las que Petro pretendía asumir las funciones de la CREG. Un gobierno tan peligroso que llevó a la Corte Constitucional a inventarse el nuevo superpoder de suspender leyes que vayan en contra de la Constitución, como pueden ser la reforma a la salud, la laboral, la pensional, la reforma a la justicia, y toda la devastación cataclísmica que se le pasa por la cabeza a este individuo delirante y que él llama de manera vaga «el cambio».
Nada bueno puede esperarse de un gobierno que saca a las patadas a un ministro bien preparado solo por oponerse a una reforma insensata, absurda e inadmisible. Y que echa a otras dos ministras por politiquería y sin avisarles. Un gobierno que no hace nada ante el secuestro de 79 policías y los abandona a su suerte (asesinaron a uno de ellos), negándose a cumplir sus funciones constitucionales. Entonces, los funcionarios compiten en bestialidad: el MinDefensa Velásquez dijo hace unos días que el asesinato de policías por parte del Eln es un «incidente» y que no debería «conducir a la terminación del cese al fuego». Y el MinInterior Prada dice que «la guardia campesina es un instrumento muy hermoso» y llama al secuestro de los policías «cerco humanitario».
¿De verdad la Fuerza Pública se tiene que seguir dejando acribillar por culpa de un gobierno que privilegia a los delincuentes por sobre la Constitución y la ley? Esto ya tocó fondo.
@SaulHernandezB
