Desde luego, el proceso con el Eln es el más aterrador. Así como entre Farc y Juan Manuel Santos había completo entendimiento desde antes de iniciar conversaciones en La Habana, es presumible que entre el Eln y Petro haya completo acuerdo desde antes de Caracas, o de cualquier otro lugar del mundo donde se reúnan.

Los seis años de simulacro de discusiones eran necesarios para hacer creer que se “negociaba”, en vez de entregar el país inmediatamente. Requería Santos tiempo suficiente para socavar y debilitar a las Fuerzas Armadas con el frecuente cambio de sus cúpulas, y para completar la toma mamerta de las “altas cortes”.

Ahora hay que hacer creer al país que entre el gobierno y el Eln hay diferencias, cuando tanto el uno como el otro están identificados como actores revolucionarios de obediencia castrista. Por esa razón es preciso disimular, para que ambas partes aparezcan como contrapuestas, cuando en realidad tienen un objetivo común. Lo que no sabemos es cuántas más tretas y cuántos meses serán necesarios para hacer bien creíble el inexistente contrapunto entre ambos actores de la conjura.

Tanto el expresidente Pastrana —cuya franqueza denunciando las verdaderas motivaciones de Petro es laudable—, como María Isabel Rueda —columnista siempre bien informada—, consideran que el proceso con el Eln terminará en acuerdo para reunir una Constituyente.

Esta hipótesis es probable pero no necesariamente concluyente. Para convertir a Colombia “legalmente” en un estado marxista-leninista, aunque una Constituyente sumisa y complaciente es un buen mecanismo, hay algo más expedito, otra “supraconstitución” (como la que lograron las Farc en el tal “acuerdo final”), con el fin de completar lo que falta para el absoluto triunfo “jurídico” de la revolución.

Después de la aprobación, en 2016, mediante una mera proposición en las Cámaras del “acuerdo” con las Farc (de 312 páginas), negado por el pueblo, el Artículo 374 de la Carta quedó como el vago recuerdo del estado de derecho.  Cuando este regía, la Constitución solo se podía reformar por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por Referendo.  En cambio, con el “acuerdo final” se modificaron centenares de normas legales, violando en todos los casos la Constitución, para beneficiar la subversión y paralizar al Estado. Ese espurio “acuerdo” inconstitucional, auténtico macrogolpe de Estado, ha sido aplicado rigurosamente tanto por su autor, Santos, como por Duque, y ahora por Petro.

Repito que no sabemos cuántos meses tardará en producirse el acuerdo Petro-Gabino, ni de cuántos centenares de páginas constará, pero no ignoramos que irá mucho más allá de lo convenido por Santos-Timo. Será otra supraconstitución, radical e inflexible como sus dos autores, pero no será sometida al azaroso proceso plebiscitario. Bastará con un proposición untada de mermelada para que otro Congreso prevaricador hunda a Colombia definitivamente en el abismo revolucionario.

Después de surtida esa horrenda trapisonda, los cambios constitucionales y legales (empezando por la Presidencia vitalicia de Petro) tendrán lugar en la República Popular, Democrática y Bolivariana de Colombia, hermana de Venezuela y Protectorado Cubano.

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¡Desde luego, también habrá mini-supraconstituciones para complacer a las otras cuatro “estructuras” invitadas a la “paz total”!