Sin embargo, por su ambición, esta medida sería costosísima para los contribuyentes: 18 billones de pesos anuales, toda la reforma tributaria.

El mecanismo de financiación que propone la reforma, usar los flujos anuales de los actuales cotizantes al sistema de ahorro individual, será a la larga más costoso aún y significa una bomba fiscal. Intentan corregir un problema de falta de cobertura, y para hacerlo proponen borrar con el codo 30 años de esfuerzos de todos los gobiernos por crear un sistema viable fiscalmente.

Tal como la están planteando, además de establecer un terrible precedente de falta de seriedad en el manejo de las finanzas públicas, definiría un nuevo hito en los discursos de las verdades a medias, de la oscuridad por diseño y de la mentira.

Si el gobierno quiere continuar con su loable iniciativa de solucionar el problema de cobertura debe asumir el deber ético de hacerlo sin marrullas y sin mentiras, reconociendo el hecho de que efectivamente nos está planteando una enorme reforma tributaria.

Los apenas 2,4 pensionados por el Estado nos cuestan al año 74,7 billones de pesos. Los trabajadores actuales aportan 24,3 billones de pesos.  50,4 billones de pesos salen de los impuestos para pagar los 1,5 pensionados de Colpensiones, Magisterio, FOPEP y defensa.

Para poner en contexto estos 74,7 billones que pagamos a tan solo 2,4 millones de colombianos, recordemos que en 2017 se recaudaron 136 billones en impuestos; es decir que 3 de cada 10 pesos de impuestos pagaron el déficit pensional del régimen estatal (Colpensiones y Regímenes Exceptuados). El gasto en pensiones supera el gasto total en educación ($35.4 billones), defensa ($32.4 billones) y salud ($24.7 billones).

Además, la propuesta de Petro significa que a la larga vamos a contribuir con ostensiblemente más de 18 billones al año. Este es el caso porque las pensiones a las que la jugada nos dará derecho serán en los términos del RPM: más altas y onerosas que las actuarialmente equilibradas de las AFP. Y maravilloso para Petro, esa enorme cuenta de cobro la comenzaremos a ver solo en unos años, cuando él ya no esté en el gobierno.

Y el enorme lío fiscal y la oscuridad por diseño de la reforma no son sus únicos problemas.

El problema de regresividad del actual sistema se amplifica, pues lo extiende a muchas más personas. Colpensiones, con su régimen nos obliga a subsidiar las pensiones más altas: las pensiones de 25 salarios mínimos reciben en subsidios aproximadamente 732 millones de pesos, mientras que las de 1 SMLV reciben 135 millones. Y lo que es más grave, la mayoría de las personas que cotizan sobre un salario mínimo no alcanzan a pensionarse

La de Petro es una propuesta que suena dulce, pero es un veneno.

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La navidad del Pacto

Paloma Valencia

Llevamos escasos 4 meses del gobierno Petro y hemos criticado varías cosas, porque han sido tantas, que muchas otras se pierden. No porque sean menos importantes, sino porque han sido demasiadas.

Petro es recordado en su paso por Bogotá por la cantidad de contratos de prestación de servicios que creó para sus electores. Es una promesa política que le garantiza fidelidad de los contratados en el futuro: Puestos a cambio de respaldo político.

En 2022 los gastos de personal de los 1´351.835 funcionarios públicos nos costaron 1,5 billones de pesos. Para 2023 el gobierno Petro proyecta aumentar en un 156% los gastos de personal, quedaremos gastando 3,8 billones de pesos en el personal del Estado Central. No sabemos con certeza el número de funcionarios, pero podrían ser un par de millones de nuevos funcionarios.

La adición presupuestal está hoy a disposición del Ministerio de Hacienda. Después de posesionado Petro el aumento presupuestal fue de 4,6 billones. Los gastos en personal del ministerio fueron de 69 mil millones de pesos en 2022. Para el año 2023 serán de a 2,2 billones.

El Ministerio de la Igualdad creado por el gobierno este mes no tiene cálculo sobre su costo ni número aproximado de cargos que se crearán. Sin embargo, el presidente tendrá facultades extraordinarias para restructurar entidades del Estado y crear nuevos cargos.

Durante estos cuatro meses también le aprobaron 8 mil cargos nuevos a la Fiscalía que costarán 1.1 billones. La ampliación burocrática de la Dian con otros 6 mil cargos, y otros 6 mil para Concha Baracaldo en el ICBF.

Los mansos gestores de paz que serán 100 mil jóvenes, se les pagaría 1 millón de pesos mensual, suman 1,2 billoncitos más. Y otros jóvenes que recibirán lo mismo son los del servicio social para la paz (adicional al servicio militar).

Pero no contentos con esto, viene lo gordo, toda una nueva jurisdicción. Con altos magistrados y sus magistrados auxiliares, y magistrados de tribunal y jueces, que en dicha nombrarán también los del Pacto Histórico. No se sabe todavía el costo de la Jurisdicción Agraria y tampoco hay claridad sobre sus funciones y alcance, pero también vía facultades extraordinarias crearán esta nómina. Y claro nos quedan pendientes los nuevos cargos de la Registraduría -que su costo y diseño institucional todavía es sombrío.

Frescos y apetitosos frascos de mermelada por repartir. Las peligrosas reformas del próximo año – salud, laboral, pensional y Plan nacional de desarrollo- se moverán con este sabor burocrático. No hay que creer en las peleas de los partidos con el gobierno, todos están pendientes de los regalos decembrinos.

El asunto no es menor; estamos hablando de puestos para que los políticos mantengan a su vez su fidelidad política. Esta es la esencia de todo lo malo que tiene la política colombiana y sobretodo debilita nuestra democracia.

En un país con tantas necesidades debería estimularse el sector privado, generar crecimiento y que el ciudadano obtenga empleos en el sector privado. Ese ciudadano es más libre y tiene mayor capacidad de exigir a los políticos. El empleado público termina esclavizado al político que le provee el empleo o el contrato.

Pero el Presidente Petro tiene muy claro que con esos puestos compra políticos y compra electores. Es una navidad donde van a poder repartir puestos a manos llenas. Triste para nuestra democracia: el sector productivo debilitado por los altos impuestos, con los que pretenden comprar sus apoyos políticos. Así estamos.