La Unidad de Pago por Capacitación-UPC- es el aporte promedio de cada colombiano al sistema de salud, lo que le cuesta cada uno. Para 2022 estuvo en 92.404 pesos mensuales. Las EPS reciben este pago, y con esos recursos deben organizar la red y garantizar el acceso. Las EPS son, por lo tanto, quienes con la base de la histórica clínica y la base de datos de los doctores y especialistas, hacen los cálculos actuariales de los procedimientos, luego conectan al paciente con el hospital y hacen los pagos de los servicios prestados. Las EPS son las que permiten tener más de 2 millones de atenciones diarias y cerca de 90 mil atenciones por hora.
Para el 2022 esos 92 mil pesos no fueron suficientes para suplir el sistema. Se explica por la inflación que en lo año corrido va en 10,84%, la devaluación en 11% y el salario mínimo aumentó en 10,07%; mientras que el aumento de la UPC de 2021-2022 fue sólo de 5,88%. Esto sumado a que “El Plan de Beneficios” del 2022 se sumaron 654 nuevos procedimientos y 20.475 nuevos medicamentos.
La Ministra de Salud acusó en el pasado al sistema de salud de no atender a pacientes con cáncer, mintió. El sistema de salud hoy le da todos los medicamentos y quimioterapias para cualquier colombiano que lo necesite. Hoy el Plan de Beneficios del sistema cubre las cirugías, medicamentos, las citas con especialistas, la ambulancia, la atención hospitalaria a todos los colombianos. Y sin precio para los más vulnerables.
Este año se requieren evidentemente más recursos. Para 2023 se estima que la inflación va a estar entre 6,4% y 9%, la devaluación entre el 8% y 16%. Adicionalmente, se requieren mayores frecuencias de servicios por los cerca de 4 millones de usuarios trasladados de las EPS liquidadas, y por el represamiento que significó la pandemia -muchos no fueron al médico o a sus tratamientos, y ahora los requieren-. Y si esto no fuera suficiente, la UPC está subestimada; está calculada sobre información de EPS que hoy están liquidadas y que cubrían pocas y muy malas atenciones de sus afiliados. No darle al sistema estos recursos es desfinanciarlo; eso es lo que nos propone la Ministra al quitarle esos 1,88 billones.
Los presupuestos máximos corresponden a otros servicios no incluidos en el Plan de Beneficios, por ejemplo, una enfermedad huérfana o fallos judiciales que extienden los servicios. Las EPS estiman cerrar el 2022 con un déficit de 900 mil millones de pesos por ese concepto. ACEMI estima que para 2023 se necesitarán recursos por 3,2 billones de pesos para este rubro más el pago del déficit de este año. Quitar los 700 mil millones como lo plantea la ministra pone en riesgo la salud de miles de colombianos.
Entre otras cosas, parece que la Ministra, olvidó que su añorada crisis ya la tuvimos: la pandemia de COVID-19. Entre quienes pronosticaban que los colombianos solo estaríamos vacunados en 2023 estaba la hoy Ministra Corcho. Y en esa crisis en 2021 obtuvimos el puesto número 12 en el ranking de Bloomberg sobre resiliencia ante el COVID 19; hay que recordárselo. Logramos aplicar más de 85 millones de dosis, y hoy tenemos 36 millones de colombianos con esquemas completos. La economía ya está en total funcionamiento.
La ministra no necesita una reforma a la salud para destruir el sistema. Con desfinanciar el sector mediante un cálculo equivocado para la UPC puede darle el primer golpe. Los colombianos debemos defender el bien público más importante que hemos construido, nuestro sistema de salud. Los neo conquistadores Petristas creen que llegaron a una tierra deshabitada y que son como Colón, o como Eva descubriendo el Paraíso.
