El Gobierno Nacional tiene razón en que Colombia está obligada a superar la pobreza y a construir equidad. Para estos fines el obstáculo no ha sido el tributario, salvo cuando han derramado impuestos excesivos. Han existido otras causas como la violencia, el narcotráfico, el burocratismo, la evasión y la corrupción. El bajo recaudo comparativo frente al PIB no puede tapar la alta carga que pagan los contribuyentes cumplidos. Y debe anotarse el pare y siga frente a la inversión privada que cuando está creciendo aparece la manía de frenarla. La propuesta de reforma tributaria puede dar recursos adicionales durante unos años, pero golpea al emprendimiento privado y en un tiempo secaría la fuente y traería más deterioro social.

Mirándola desde la fuente de recursos la reforma maltrata a los sectores medios y populares de dos maneras: con impuestos a consumos del ciudadano raso y al ingreso de salarios medios de personas que empiezan a ascender, y de otro lado con gravámenes a personas naturales, a empresas, dividendos, ganancia ocasional y patrimonio, que al atemorizar a la inversión afecta a quienes necesitan fuentes de empleo, oportunidades de ascenso y dinamismo económico para emprender.

Para mencionar apenas dos casos tomados de expertos: la reforma aumenta el impuesto a las personas naturales entre el 7,5% y el 64% y en cuanto a las empresas, sin entrar a distinguir entre aquellas con accionistas nacionales exclusivamente o con socios extranjeros, la tributación se sitúa entre el 49% y el 90%. Así ¿para qué trabajar o invertir en Colombia?

Y por qué este afán de reforma tributaria si lo que está ocurriendo en recaudos es promisorio. Este año pueden ser superiores a $202 billones frente a un presupuesto inicial de $183 billones.

En cuanto a control de la evasión los resultados han sido excelentes. En 2017 este concepto generó $8,3 billones. Gracias a las nuevas plataformas, que incluyen entre otras herramientas la factura electrónica, las declaraciones sugeridas y la normalización o declaración de activos que estaban por debajo de la mesa, en 2021 el recaudo fue de $14,2 billones, este año, hasta julio, se logró la cifra de $ 18, 6 billones.

Esta tarea de control de evasión podría aumentar el recaudo hasta en $50 billones, o 3,5% del PIB.

Por supuesto hay que restar del precio del petróleo el margen que se considera de bonanza. Y el buen recaudo exige también mantener un crecimiento económico por encima del 4,5% anual, contra lo cual atentan la reforma propuesta y las anunciadas.

En relación con el uso de los recursos de la reforma hay un tema social y otro fiscal financiero. El social se podría atender y de manera sostenible de no afectarse la confianza de la empresa privada.

De continuar la economía con el actual robusto crecimiento, y agregando austeridad estatal, no habría por qué temer al endeudamiento del 56% del PIB ni al déficit del 5,6% del PIB, que no son anormales después de la pandemia.

La situación internacional trae nubarrones sobre el costo de la deuda. Sin embargo, una desaceleración brusca de la economía, motivada por desconfianza o temor del sector privado, sería el mayor factor de incremento del riesgo país y del consecuente costo de la deuda.

Por favor se requieren hechos que curen el creciente pánico y consoliden la confianza en Colombia como presupuestos para la construcción de equidad.

* Publicado en su cuenta de Twitter el 4 de septiembre de 2022.