Si bien con lo anterior basta para concluir que la elección popular de alcaldes y gobernadores fue un error colosal, con sus secuelas de nepotismo, clientelismo y corrupción, todavía no hemos considerado algo quizá peor: la parcelación del poder ejecutivo, que, como lo vimos en abril y mayo de 2021, convirtió al ejecutivo nacional en un espectador impotente frente a los “pacíficos” desmanes, tolerados siempre, y en muchos casos estimulados, por las autoridades locales, en sintonía con la algazara revolucionaria.
Además, los alcaldes de las tres mayores ciudades “manejan” unos 40 billones de pesos, que no son propiamente “caja menor”, para los debates electorales de 2022.
Antes de la Constitución de 1991 urgía una reforma del régimen municipal, que requería profesionalización, tecnificación y gerencia, pero en cambio, las administraciones locales fueron politizadas y clientelizadas.
Cuando los alcaldes eran nombrados por los gobernadores era muy fácil suspenderlos y procesarlos, si se les comprobaban malos manejos, malversación o peculado. En cambio, ahora rige un mecanismo prácticamente imposible para su remoción. El sistema previsto solo puede ser eficaz en pequeñas aldeas, porque resulta muy difícil y costoso en las grandes ciudades. En primer lugar, hay que reunir una enorme cantidad de firmas, y estas deben ser revisadas por la Registraduría. Mientras el proceso avanza durante largos meses, el alcalde sigue abusando, robando o delinquiendo, sin dejar de emplear todos los recursos de la administración, empezando por financiar radioperiódicos con pauta municipal, mientras advierte a centenares de juntas de acción comunal que, en el caso de ser él revocado, no habrá cancha, pavimentación, parquecito, escuelita, etc…
Y hablando de firmas, hay que anotar que se ha desarrollado una próspera industria recolectora de ellas, a cargo de empresas que cobran por cada rúbrica. Conseguir centenares de miles para la revocatoria de un alcalde es costoso. ¿Cuánto habrán costado los millones de firmas que exhiben los candidatos presidenciales de hoy? (La anterior pregunta indica hasta dónde es peligroso sustituir los partidos políticos por maquinarias transitorias bien financiadas, desde luego, para pagar por la recolección de firmas, tema este que merece comentario aparte).
El hermano del político que propuso y obtuvo la elección popular de alcaldes, Enrique Gómez Hurtado, dijo que “en derecho constitucional no existe borrador”, y en consecuencia, las equivocaciones permanecen en los estatutos…
Volver entonces a recomponer la unidad del poder presidencial en materia de orden público parece imposible, por la multitud de fuerzas políticas interesadas en mantener feudos podridos, para lucrarse de la corrupción creciente, la contratación a dedo y el clientelismo, evidentes en las administraciones locales; y para alcanzar el poder, este año, en las elecciones para presidente.
¿Qué puede esperarse de tipos como Ospina, Quintero o López? En el sector privado escasamente ocuparían un cargo de salario mínimo, pero la política les entrega millones de pesos para usar y abusar, y les abre inmensas posibilidades de avance permanente y satisfacción personal, que les permite, además, soñar hasta con el sillón presidencial.
Mientras no se encuentren mecanismos para contener la arbitrariedad y rapacidad de los alcaldes, y para impedirles el manejo irresponsable de los presupuestos, la elección popular de esos funcionarios seguirá constituyendo un factor enorme de riesgo para la prevalencia de la frágil democracia colombiana.
