“El poder absoluto, corrompe absolutamente”: Es la máxima que dio lugar a los límites al poder, a los controles, frenos y contrapesos, a los diseños institucionales de delicados, pero de eficientes equilibrios de poder. Eso parece sólo teoría en Colombia. Tenemos una Corte Suprema que se auto elige (por mecanismo de Cooptación), que se auto juzga (pero con la traba de que además los magistrados, tienen como el presidente, un antejuicio político, en el congreso). El diseño es ridículo porque si hay cooptación no podría haber auto juzgamiento. Menos aún pretender que un Congreso -al que investiga y juzga la propia Corte Suprema- sea el encargado de decidir si pueden o no ser juzgados los magistrados.
Pero estamos próximos a algo peor. Jamás entendí por qué la Corte Suprema -que ejerce la acción de casación (última instancia aún en procesos penales)- puede tomar parte en la selección del Fiscal General. Recordemos que el sistema acusatorio que hace no mucho tiempo fue implantado en Colombia, supone una división total y absoluta entre el ente investigador, el ente encargado de acusar, y el ente encargado del juzgamiento. El principio es claro tratándose de la libertad de las personas y el desproporcionado poder del Estado para investigarlo y encarcelarlo. Lo lógico es una separación muy profunda en esos poderes, que permite que aquella policía que hace las investigaciones tenga absoluta independencia de quienes pueden acusar y a su vez, la facultad acusatoria del Estado sea lejana, lo más posible, a quien juzga, decide sobre su culpabilidad y encarcela.
En Colombia tenemos una Fiscalía en extremo poderosa, pues tiene también la facultad de investigar. Por eso, tal vez, hemos visto los excesos donde un Fiscal puede organizar un grupo de fiscales para presionar delincuentes para obtener testimonios contra quien le interese obtenerlos. Si la Fiscalía se limitara a recibir las investigaciones y a requerirlas cuando hagan falta más pruebas, tendríamos una Fiscalía menos propensa a excesos. Al mismo tiempo, cabe la pregunta en torno a quién es responsable de la política criminal de la nación; y si es el Fiscal general, admite la cuestión del necesario control político. Una opción es que el Fiscal sea un ministro, de manera que la responsabilidad política de sus decisiones sea atribuible al Presidente, y además fuera posible hacerle debates de control político e incluso aplicarle la figura de moción de censura. Otra opción, es que el Fiscal fuera elegido popularmente, como lo es en los EE.UU. Sin embargo, en Colombia, el fiscal es escogido por la Corte Suprema de Justicia de una terna que elige el presidente. Para agravarlo, acaba de ser aprobado por la comisión Primera del Senado, un proyecto para que el Fiscal sea ternado por la Corte Suprema de Justicia y escogido por el Presidente.
El lector comprenderá la gravedad del asunto. Una súper corte que se escoge a sí misma, se juzga a sí misma y al mismo tiempo escoge a quien investiga y acusa a todos los ciudadanos, que ellos al final juzgan; es lo más grave que haya sucedido para la justicia colombiana.
Desconozco qué fuerzas oscuras se mueven en este proyecto, que es una verdadera amenaza al principio de equilibrio de poderes, explicado en este texto. Se habla de presiones por parte de Magistrados, se habla de intereses personales y de favores para quienes investigan a los congresistas, hechos por los congresistas para precluir procesos.
Lo cierto es que Colombia necesita cortes que no tengan funciones electorales. Entidades con controles precisos y posibles. Responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales capaces de realizarse. En la justicia la pluralidad de voces y la integración amplia y diversa es fundamental. Los poderes limitados y controlados. Esa reforma aprobada va en contra de todo esto y nos lleva por un camino difícil y peligroso.
