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El departamento de Arauca sometido por la guerra entre guerrillas
Por Iván Briceño
Radio Santafé, Bogotá
Con Efe
https://www.radiosantafe.com/2022/01/20/el-departamento-de-arauca-sometido-por-la-guerra-entre-guerrillas/
20 de enero de 2022
El departamento de Arauca está inmerso en una crisis por la violencia guerrillera, agravada ahora por la explosión de un carro bomba que dejó un muerto y cinco heridos en el municipio de Saravena. El carro bomba estalló el miércoles por la noche en una zona céntrica de Saravena donde funcionan comercios y oficinas, y aunque al parecer tenía como blanco la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, los mayores daños los sufrió la agencia local del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
La víctima mortal del atentado fue Simeón Delgado, vigilante de la oficina del ICA, según denunció esa empresa estatal, ajeno a la guerra territorial que libran en Arauca la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Décimo de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esa lucha se recrudeció en los últimos meses y en lo que va de año han sido asesinadas unas 40 personas en Saravena, blanco del atentado terrorista, y en los vecinos municipios de Tame, Fortul y Arauquita, según la representante legal de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Sonia López. «Lo que está pasando en este momento es que se está deteriorando la situación muy rápidamente; hay una decisión muy clara de los dos grupos armados de enfrentarse: el ELN quiere sacar al Frente Décimo del territorio de Arauca y el Frente Décimo está dispuesto a pelear por eso», dijo a Efe Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HWR).
Ambos grupos acusan «a determinadas organizaciones o personas de estar vinculadas al grupo armado opositor» para asesinarlas, y en el caso del atentado de anoche, el experto cree «que lo más probable es que haya sido el Frente Décimo de las disidencias de las FARC».
Amenazas constantes
Por su parte, López dijo a Efe que la Fundación Joel Sierra sabía de amenazas en contra de esa ONG hechas en las redes sociales y en audios vía WhatsApp por «un señor que se denomina ‘comandante Antonio Medina’ del Frente 28 de las disidencias de las FARC», que junto con los antiguos frentes 38, 45 y 56 abandonó el acuerdo de paz para sumarse al Frente Décimo de las FARC. Las amenazas, según dijo, las «corroboró otro de los comandantes de esas estructuras, de nombre ‘Ernesto’, en una entrevista que se realizó por un medio de comunicación» local. «Luego de esos audios y de esas entrevistas se dio un atentado, el 9 de enero, contra las instalaciones de nuestra empresa comunitaria de acueducto alcantarillado y aseo de Saravena», agregó sobre los hechos que antecedieron a la explosión del carro bomba.
López dijo desconocer los motivos por los cuales los disidentes de las FARC los han amenazado. «No conocemos los motivos que ellos puedan tener, si son tal vez contradicciones políticas, no sabemos, o si alguna de las actividades que desarrollamos como movimiento social afecta intereses de esos grupos, pero lo cierto es que lo vemos como una forma de materializar esas amenazas, que en días pasados habían hecho públicas», agregó.
Tierra codiciada
Arauca es un departamento con gran riqueza petrolera y ganadera en el que desde hace más de 30 años el ELN controla prácticamente todas las actividades económicas mediante extorsiones y secuestros, un «negocio» que le quieren arrebatar la disidencias de la FARC dedicadas también al narcotráfico, aprovechando la cercanía de la frontera con Venezuela. El poder del ELN en Arauca es tal que el pasado 21 de octubre la Fiscalía arrestó al gobernador José Facundo Castillo, acusado de adjudicar contratos a personas relacionadas con esa guerrilla entre 2012 y 2021 años en los que ocupó dos veces el cargo. «Adicionalmente, al parecer, recibió apoyo para ser elegido como gobernador, donde supuestamente entregó millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento», agregó entonces la Fiscalía, que también capturó por razones similares a Ricardo Alvarado, antecesor de Castillo.
El presidente colombiano, Iván Duque, que llamó «miserable atentado terrorista» el perpetrado en Saravena, había visitado el pasado domingo Arauca, la capital departamental del mismo nombre, luego de la llegada de dos batallones con 600 militares para reforzar la seguridad tras los asesinatos de comienzos de año. El mismo día de la visita presidencial fueron divulgadas unas fotografías en las que se ve a guerrilleros del ELN, uniformados y con fusiles, en el caserío de La Esmeralda, que pertenece al municipio de Arauquita, en una aparente demostración de control territorial.
¿“Primero lo humanitario, no tanto en combatir a los grupos armados”?
Expertos como Juan Pappier consideran que en Arauca «hay problemas estructurales que no se pueden resolver desplegando dos batallones de 600 soldados» sino que se requiere una acción integral del Estado. «En Saravena, buena parte del municipio está controlado por el ELN o el Frente Décimo de las FARC (…) y eso tiene que ver con la falta de presencia estatal y también con la infiltración de los grupos armados en el Estado en Arauca», dijo a Efe.
Explicó que en varios municipios araucanos «los grupos armados se infiltran en el Estado, participan en mecanismos de corrupción, influyen en decisiones sobre obras públicas, funcionan casi como un Estado paralelo que a su vez está enquistado en las instituciones». Por lo pronto, Juan Pappier considera «urgente» que las autoridades brinden asistencia humanitaria a las víctimas ya que hay además un alto número de desplazados que necesitan albergues y comida. Además, opina que la presencia de la fuerza pública en este momento debe estar enfocada en «la protección de la población civil, no tanto en combatir a los grupos armados», pues eso puede hacerse en una segunda etapa para no aumentar los enfrentamientos y que se deteriore aún más la situación humanitaria.
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Colombie: attentat à la bombe meurtrier près de la frontière avec le Venezuela
Le Matin, Genève
Avec Afp
https://www.lematin.ch/story/colombie-attentat-a-la-bombe-meurtrier-pres-de-la-frontiere-avec-le-venezuela-500631188122
21 janvier 2022
Un attentat à la voiture piégée a fait un mort et une vingtaine de blessés dans une localité du nord-est de la Colombie, près de la frontière avec le Venezuela. L’attaque a également causé des dommages à une centaine de locaux commerciaux, d’habitations et de bâtiments publics. L’attaque a également causé des dommages à une centaine de locaux commerciaux, d’habitations et de bâtiments publics.
Un attentat a eu lieu mercredi peu avant minuit, dans la petite ville colombienne de Saravena, près de la frontière vénézuélienne, devant des bâtiments publics et le siège d’associations locales, dans une région très troublée où l’armée a déployé récemment des renforts, a indiqué dans un communiqué le commandement militaire régional. L’explosion a tué un garde et en a blessé une vingtaine d’autres, a précisé plus tard dans la journée le ministre de la Défense Diego Molano.
L’attaque a été attribuée par l’armée et Diego Molano à des dissidents des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC, marxistes), qui rejettent l’accord de paix signé en 2016 avec cette guérilla marxiste.
À la suite de l’attentat, les autorités ont imposé un couvre-feu nocturne dans la ville ainsi que la majeure partie du département d’Arauca, notamment dans la capitale éponyme et les municipalités de Fortul et Arauquita. Cet «acte terroriste a été planifié et financé depuis le Venezuela» par des dissidents des FARC, a accusé Diego Molano dans une déclaration aux médias.
«Attaque misérable»
L’attaque a également causé des dommages à une centaine de locaux commerciaux, d’habitations et de bâtiments publics. «Les explosifs utilisés pour cette action terroriste ont été transportés en Colombie depuis le Venezuela», a insisté le ministre. Le président Iván Duque a rejeté sur Twitter cette «attaque misérable», assurant que les forces de sécurité «continueront à renforcer le contrôle territorial dans la zone pour neutraliser ces groupes armés».
Parmi les installations endommagées figurent celles de deux médias locaux, Trochando sin Fronteras et Sarare Estéreo. Le jour même de l’explosion, une réunion de leaders sociaux avait eu lieu au siège d’une organisation de défense des droits humains, près des bâtiments visés, siège qui a été endommagé dans l’explosion.
Un responsable régional, en charge des droits de l’homme, José Luis Lazo, a accusé un chef rebelle de la dissidence, Antonio Medina, d’avoir ordonné l’attaque. Ce commandant du 28e front de la dissidence des FARC a ordonné «l’assassinat de dirigeants communautaires, de défenseurs des droits de l’homme et de personnes appartenant à des entreprises de transport communautaire et de services publics», a accusé José Luis Lazo dans une interview à une radio.Les FARC et l’ELN s’affrontent pour le contrôle des routes du narcotrafic
La zone frontalière avec le Venezuela est l’un des principaux épicentres de la violence en Colombie, depuis la signature de l’accord de 2016. Les dissidents des FARC, sans commandement unifié, y sont très actifs et s’y disputent le contrôle de la zone avec divers groupes armés, en particulier l’Armée de libération nationale (ELN, guévariste), dernière guérilla constituée comme telle encore active en Colombie. Les deux groupes s’affrontent pour le contrôle des routes du narcotrafic, selon le gouvernement. Au début de l’année, ils se sont affrontés dans plusieurs municipalités de ce département de l’Arauca, faisant une trentaine de morts. Des centaines de personnes ont été déplacées par ces affrontements. Le gouvernement a déployé depuis lors 1300 soldats pour y renforcer les quelque 5600 déjà présents sur place. Le ministre Molano a promis jeudi d’importantes récompenses pour toute information qui permettrait la neutralisation des chefs locaux de l’ELN et des dissidents des FARC.
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Las declaraciones de Benito Osorio son “delirantes” y “patrañas”: José Félix Lafaurie
Vanguardia, Bucaramanga
https://www.vanguardia.com/colombia/jose-felix-lafaurie-dice-que-declaraciones-de-benito-osorio-son-delirantes-y-patranas-FJ4759214
20 de enero de 2022
Benito Osorio, el despojador de tierras, revivió las acusaciones contra del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, sobre sus presuntos nexos con estos grupos armados y ahora Lafaurie le respondió, tildando sus declaraciones de “delirantes” y “patrañas”. La JEP consideró que el “testimonio” dado por Osorio fue superior a lo esperado y lo dejó en libertad.
El esposo de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, recordó que lo dicho por Osorio ya se había señalado ante tribunales de Justicia y Paz –marco jurídico creado en la era de Uribe durante la desmovilización de los paramilitares– diez años atrás y posteriormente, desvirtuado. En un comunicado emitido por Fedegán, se resaltó que “la credibilidad de Osorio fue desestimada, por lo que terminó condenado a 19 años de prisión”.
Puntualmente, el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, en declaraciones reveladas por Noticias Caracol, sostuvo que él y Lafaurie se habían reunido con el exparamilitar Salvatore Mancuso. Según él, Lafaurie le dijo al líder criminal que iba en nombre del Gobierno nacional: “Vengo de parte de Sabas Pretelt de la Vega. Ellos consideran que el fiscal general de la Nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretelt, porque Mario Iguarán será mucho más benévolo para ustedes porque él conoce muy bien la ley de Justicia y Paz que él mismo ayudó a construir”, dijo ante la JEP Osorio, añadiendo que él, por pedido de Lafaurie, le envió a Mancuso los datos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes escogerían al próximo fiscal en 2005. Tiempo después, según él, Lafaurie le insistió a Mancuso que lo apoyara en la elección de Iguarán, pero este le respondió, supuestamente, que no era el indicado, pues ya se había desmovilizado.
Por su parte, Fedegán anotó que “no solo es delirante sugerir que Mancuso tuviera semejante control sobre la Corte Suprema, sino una calumnia contra la corporación y contra cada uno de los 17 magistrados que Osorio pone bajo sospecha”. Incluso, resaltó que varios de esos magistrados fueron quienes profirieron las sentencias más duras contra los paramilitares y parapolíticos. “No es extraña la confirmación de Mancuso a las patrañas de Osorio ante la JEP, pues ya lo hicieron hace diez años ante Justicia y Paz, pero al contrario”, añadió Lafaurie ante la carta del exparamilitar que salió a respaldar a Osorio después de que se conocieran estas declaraciones ante la jurisdicción. Recordó, además, que Osorio “es testaferro confeso de Mancuso y concertó con él para delinquir en la escalada de desplazamiento y robo de tierras en Urabá entre 1997 y 1998”.
Para Lafaurie, detrás de todo esto hay un trasfondo político promocionado por la izquierda, “a pesar de ser un refrito” en medio de la campaña electoral. La opinión de la JEP es muy diferente: para el tribunal la información otorgada por Osorio fue tan superior a la esperada, que le otorgó la libertad, pues consideró valioso su testimonio.
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José Félix Lafaurie se pronuncia sobre las afirmaciones de Benito Osorio ante la JEP
Contexto ganadero, Bogotá
https://www.contextoganadero.com/politica/lafaurie-se-pronuncia-sobre-las-afirmaciones-de-benito-osorio-ante-la-jep
20 de enero de 2022
“Ya me defendí hace diez años frente a las mismas acusaciones de los mismos personajes, que fueron desestimadas por la justicia. Hay un trasfondo político en todo esto”, afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN. Lafaurie Rivera, calificó como “delirantes” las declaraciones del exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, ante la JEP, donde deberá probar lo que ha dicho.
Expresó que esas falsas acusaciones habían circulado hace diez años ante Justicia y Paz, para buscar favorecimientos por parte de señalados criminales, y desde ese mismo momento, la credibilidad de Osorio fue desestimada, por lo que terminó condenado a 19 años de prisión. Indicó que se debe resaltar que el señor Osorio aceptó en diligencia judicial que “padezco de trastorno afectivo bipolar que permanentemente me derrota (...)”. Además, habrá que resaltar que solo un sociópata confiesa, como si nada, que “…yo tenía como que un ánimo de pirómano. Me gustaba ver la candela sobre esas chozas donde vivían los campesinos”.
En cuanto a las declaraciones de Osorio sobre su presunta participación como enlace para que Salvatore Mancuso presionara en la Corte Suprema de Justicia en la elección de Mario Iguarán como fiscal general de la Nación, el presidente ejecutivo de Fedegán hizo las siguientes precisiones:
1. Mario Iguarán fue elegido fiscal con 17 votos sobre un total de 23. No solo es delirante sugerir que Mancuso tuviera semejante control sobre la Corte Suprema, sino una calumnia contra la corporación y contra cada uno de los 17 magistrados que Osorio pone automáticamente bajo sospecha. El solo pensar que magistrados ilustres como Jaime Arrubla Paucar y Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, de la Sala Civil de la CSJ; o Álvaro Orlando Pérez Pinzón, Alfredo Gómez Quintero, Édgar Lombana Trujillo, Jorge Luis Quintero Milanés y Yesid Ramírez Bastidas, de la Sala Penal de la CSJ, que entonces y hoy gozan de incuestionable reputación, fueran sujetos de presión por parte de Mancuso, debe causar repudio por parte de la sociedad.
2. No se puede olvidar que varios de esos magistrados, supuestamente bajo el control de Mancuso, fueron los mismos que, durante los años siguientes, profirieron las más duras sentencias contra paramilitares y parapolíticos.
3. La composición de la Corte Suprema era de dominio público y, si el señor Mancuso tenía tanto poder sobre ella, como sugiere la delirante declaración de Osorio, pues él bien sabría sobre quién ejercerlo, lo cual, reitero, tan solo es una infamia.
4. No es extraña la confirmación de Mancuso a las patrañas de Osorio ante la JEP, pues ya lo hicieron hace diez años ante Justicia y Paz, pero al contrario. No se puede olvidar que Osorio es testaferro confeso de Mancuso y concertó con él para delinquir en la escalada de desplazamiento y robo de tierras en Urabá entre 1997 y 1998. En 2012 fueron las declaraciones de Mancuso, desde una prisión en Miami, las que generaron este infundio, que su testaferro se apresuró a corroborar desde una cárcel en Colombia.
5. Desde que uso correo electrónico y teléfono celular, nunca he cambiado la cuenta del primero ni el número del segundo. No tengo cuentas ni números ocultos.
6. Finalmente, es indudable que hay un trasfondo político detrás de estas “oportunas” declaraciones, las cuales, a pesar de ser un “refrito”, como ya las calificó el ex fiscal general Mario Iguarán, están siendo levantadas por la izquierda, en plena campaña electoral, como bandera mediática en las redes, no solo como parte de su objetivo de siempre, de estigmatizar al gremio ganadero, sino para enlodar con infamias la campaña de María Fernanda Cabal al senado de la República. La izquierda no descansa.
7. El país no puede pasar por alto que ahora el “nuevo mejor amigo” de Timochenko es Mancuso.
Lafaurie advirtió que este tipo de argucias seguirán apareciendo, a la vez que solicitó a la opinión pública no distraerse a los verdaderos demócratas de este país, y de la necesidad de unirse frente a la amenaza del comunismo progresista que se cierne sobre el futuro de Colombia.
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Habla Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE)
La Hora de la Verdad
http://www.lahoradelaverdad.com.co/alejandra-barrios-directora-de-la-mision-de-observacion-electoral-moe-quien-denuncio-que-la-registraduria-nacional-terceriza-ciertas-funciones-que-le-son-propias-cuando-en-muchos-paises-las-elecc/
Radio Red RCN, Bogotá
17 de enero de 2022
Entrevistada por Fernando Londoño Hoyos y Dmar Córdoba Salamanca, Alejandra Barrios denunció que la Registraduría Nacional terceriza ciertas funciones que le son propias, cuando en muchos países las elecciones son vistas como un tema de seguridad nacional. Barrios dice que el software de auditoría de las elecciones debería ser de propiedad del Estado colombiano para que brinde las garantías necesarias. La directora de la MOE también habló del proceso de contratación exprés entre la Registraduría e INDRA (empresa española), criticó que se haya hecho en tan corto tiempo y dijo que se necesitan procesos con plazos más amplios, para que puedan participar más empresas.
Escuche la entrevista completa:
http://www.lahoradelaverdad.com.co/alejandra-barrios-directora-de-la-mision-de-observacion-electoral-moe-quien-denuncio-que-la-registraduria-nacional-terceriza-ciertas-funciones-que-le-son-propias-cuando-en-muchos-paises-las-elecc/
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Con Vega, el negocio de la biometría prospera en la Registraduría
Por Jerson Ortiz
La Silla Vacía, Bogotá
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/con-vega-el-negocio-de-la-biometria-prospera-en-la-registraduria/
24 de septiembre de 2022
El votante debe posar para una cámara que se conecta a una base de datos de la Registraduría— algo que no está reglamentado en Colombia.
La Registraduría Nacional de Alexander Vega va a gastar más de 230 mil millones de pesos en la identificación, autenticación e inscripción biométrica — que se hace con las huellas o el rostro — de votantes, candidatos y jurados de votación de las elecciones de 2022. La millonaria inversión no está justificada en argumentos técnicos que permitan creer que va a ayudar a ser más transparentes las elecciones o evitar un posible fraude, sino en el legado que quiere dejar el registrador Vega. Al contrario, podría poner obstáculos para el ejercicio de los derechos electorales de candidatos y votantes.
Sobre todo, la decisión consolida el negocio de las empresas nacionales e internacionales de biometría, que funcionan de manera exclusiva y en un círculo que las relaciona entre sí. Cada avance tecnológico que la Registraduría quiera implementar, como el del 2022 y hacia el futuro, implica que lo tengan que contratar de nuevo con esas empresas.
El negocio de la biometría en las elecciones
Los 230 mil millones de pesos de biometría los destinó Vega en dos contratos que, aunque se los dieron a empresas diferentes, se conectan. El grueso del gasto, unos 225 mil millones, los metió en el contrato de 1.2 billones de pesos para la logística de las elecciones de 2022, que se ganó como único proponente la Unión Temporal Disproel 2021.
De Disproel 2021 son integrantes las sociedades Thomas Greg, Thomas Processing, Manejo Técnico de Información, Securid, Seguridad Móvil de Colombia, Prosegur, Grupo ASD, Opesa y Telefónica. Los dueños mayoritarios de Disproel 2021 son los hermanos Felipe, Fernando y Camilo Bautista Palacios, que han sido cercanos a Juan Manuel Santos y fueron donantes de su campaña de 2010. De hecho, Santos incluso formó parte de la junta directiva de una de sus empresas. Desde 2010, las uniones temporales en las que ha estado Thomas Greg se han ganado, sin competencia, todos los contratos para hacer las elecciones. A Disproel 2021 la Registraduría le va a pagar los 225 mil millones, pues además de identificar a los votantes en los puestos con la huella, como se hizo en 2018, ahora también habrá biometría para inscribir cédulas y candidatos, y autenticar a los jurados de votación.
Y para lograrlo podrá hacer uso del reconocimiento facial —la persona debe posar para una cámara que se conecta a una base de datos con la Registraduría— algo que no está del todo reglamentado en el país, según organizaciones expertas en derechos informáticos como Karisma.
Abrir esa puerta para una masiva identificación biométrica llevó a la Registraduría a gastar otros 3.600 millones de pesos, en un contrato aparte, para que se amplíe la capacidad de consultas de la base de datos de la Registraduría con la cual Disproel debe hacer el cotejo de las inscripciones. Para aumentar esa capacidad de consultas, de 100 mil a 400 mil por día, la Registraduría contrató directamente a la multinacional francesa Idemia, que fue la instaló el motor biométrico que nutre la base de datos de la Registraduría. A Idemia la contratan directamente, porque tiene la exclusividad de ese tipo de tecnologías biométricas en la Registraduría desde 1999, primero con la identificación por huellas y desde el 2018 con la facial.
Para la instalación e implementación de biometría facial la Registraduría le había dado a Idemia, hasta junio pasado, contratos cercanos a los 47 mil millones de pesos. Con este nuevo se llega a los 50 mil millones de pesos. Idemia, además, es uno de los fabricantes de los dispositivos que se usan para capturar datos biométricos, como los que debe usar Disproel 2021, y que están autorizados por la Registraduría.
Los 230 mil millones de pesos que la Registraduría va a gastar en biometría en las elecciones de 2022 pudieron haber sido más. En la discusión del proyecto del Código Electoral que define las reglas de juego de las elecciones, el registrador Vega buscó que fuera obligatorio hacer la biometría en todos los puestos de votación, lo que habría incrementado el gasto. Al final, esa disposición quedó sujeta a disponibilidad de plata. Por eso, en este caso, solo se aprobó para el 20 por ciento de los puestos.
La Registraduría justifica esa inversión con tres razones. Primero, el acercamiento con los ciudadanos a través de mecanismos no presenciales. Segundo, la utilización de “mecanismos alternativos y novedosos, propios de la Registraduría del Siglo XXI”. Tercero, como apuesta por lograr la “descongestión de las Registradurías auxiliares, municipales, especiales, y distrital previniendo el contagio del Covid a nuestros funcionarios, así como la ciudadanía en general”. Ninguna de esas razones, ni de los estudios previos, se soporta en aspectos técnicos puntuales para cumplir la misión de la Registraduría de hacer las elecciones más transparentes. La Silla buscó a funcionarios de la Registraduría encargados del tema electoral para conocer más detalles, pero no obtuvimos respuestas.
Los reparos a la inversión y funcionalidad
“¿Con qué criterios la Registraduría dice `sí, necesito los rasgos faciales de las personas para decir que el candidato que se está inscribiendo efectivamente es el candidato que dice ser?”, se pregunta Juan Diego Castañeda, investigador de la fundación Karisma, que es experta en los derechos humanos en el mundo digital. “No conocemos el primer caso de la suplantación de un candidato, con el solo reconocimiento de la huella o el documento sería suficiente”, agrega. El otro lío, aparte de la falta de justificación que señala Castañeda, es que la inscripción y autenticación biométrica le puede poner talanqueras al proceso electoral. Por ejemplo, el resultado positivo o negativo de la autenticación biométrica facial permitiría continuar o no con el proceso establecido para la aceptación de las candidaturas.
Según el contrato establecido por la Registraduría, “En caso de tener respuesta negativa”, los “usuarios” deben ir a otra oficina hasta que sea identificado para “la aceptación de una candidatura”. Es decir, lo ponen a dar vueltas. En el caso de la inscripción de cédulas, de no pasar el reconocimiento facial se puede negar el trámite y obligar a los ciudadanos a sacar la nueva cédula digital, que es uno de los proyectos bandera del registrador Vega.
“El sistema deberá generar alertas de las inscripciones con cédulas de ciudadanía que no hayan sido renovadas, informando que su inscripción surtirá efecto una vez realice el respectivo trámite de renovación”, dice el contrato. En términos prácticos, un trámite que impide participar en las elecciones de 2022. Tampoco está claro que eso ayude a mejorar la transparencia porque los delitos electorales no se dan solo el día electoral.
Una muestra de eso es la falta de depuración del censo electoral. En el plebiscito de 2016, la Contraloría encontró que 224 mil militares, que por ley no pueden votar, pudieron haberlo hecho con biometría. Eso, porque para poder sacarlos del censo electoral la Registraduría necesita que el Ejército o la Policía les manden el listado de sus miembros activos, y eso no pasó. Para el investigador Castañeda las preocupaciones van más allá de lo electoral. Dice que en Colombia no hay una reglamentación clara sobre el uso que una entidad pública como la Registraduría le puede dar a los datos biométricos de las personas.
Especialmente la biometría facial tiene implicaciones inquietantes. A diferencia de la huella, que hay que registrar intencionalmente, las cámaras de reconocimiento facial pueden actuar sin el consentimiento de las personas. En la medida en la que esta tecnología avanza, el caminar por la calle, en una protesta, por ejemplo, podría dar pie para la identificación de las personas usando los datos que tiene la Registraduría.
“La Registraduría tiene la base de datos de los rostros de las personas, y eventualmente otras entidades como la Policía, vía un convenio de cooperación, podría acceder a esa base de datos e identificar a las personas sin autorización previa”, comenta un informe de Karisma. A través de un convenio en 2020, la Policía ya tuvo el acceso a esos datos faciales de la Registraduría, aunque se limitó a la identificación de personas judicializadas.
“La facultad que tendría la Registraduría para emplear todo tipo de biometría junto con la potestad que tiene para celebrar convenios o acuerdos con entidades públicas y privadas para el acceso a estas bases de datos significa la posibilidad de usar tecnologías como el reconocimiento facial en formas impredecibles, que no estarían establecidas en la ley y que pueden violar derechos fundamentales”, dice Castañeda. Que la biometría sea la norma y no la excepción es una apuesta del registrador Alexander Vega porque con un artículo del Código Electoral quiere que ese negocio quede en manos únicamente de la Registraduría. Lo que es un gran negocio para las empresas del sector y una amenaza para la privacidad de los colombianos.
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La extrema izquierda reactiva contra Ucrania la estrategia que usó contra Polonia en 1939
Por Elentir Vigo
Contando Estrellas, Madrid
https://www.outono.net/elentir/2022/01/21/la-extrema-izquierda-reactiva-contra-ucrania-la-estrategia-que-uso-contra-polonia-en-1939/
21 de enero de 2022
Enrique Santiago, secretario general del PCE, asesor de las FARC, arremetió ayer contra EEUU y la OTAN. Moscú significa sus aliados comunistas que los países vecinos de Rusia no tienen derecho a defenderse y deben comportarse como simples vasallos del Kremlin.
El 23 de agosto de 1939 la Alemania y la URSS firmaron en Moscú el Pacto Ribbentrop-Molotov, por el que se repartieron Polonia, Finlandia y las repúblicas bálticas. El 1 de septiembre, la Alemania nazi lanzó la invasión de Polonia, secundada el 17 de septiembre por los soviéticos. Los partidos comunistas controlados por Moscú apoyaron la invasión desprestigiando a Polonia y apelando a un cínico pacifismo que sólo se dirigía contra Francia y el Reino Unido, con el fin de dejar solo e indefenso al país invadido y desmovilizar a sus aliados. En 2017 vimos en España el ejemplo de la justificación de esa invasión por parte del Partido Comunista de España (PCE), que acusó a franceses y británicos de promover una “guerra imperialista”, pero no a alemanes y soviéticos, que fueron los invasores.
La operación comunista se repitió con las invasiones de Finlandia y Francia
La operación de propaganda comunista de repitió con la invasión soviética de Finlandia en noviembre de 1939, presentando una vez más a los invasores como los buenos y a los invadidos como los malos. En 1940, ante una nueva invasión alemana, la operación se repitió en Francia, con los comunistas franceses saboteando el esfuerzo bélico francés siguiendo órdenes directas de Moscú, ya que por entonces Hitler y Stalin eran aliados y se ayudaban mutuamente. Recordemos que Polonia, Finlandia y Francia eran países soberanos y democráticos, y los comunistas los difamaron para favorecer a unos invasores totalitarios, unas dictaduras que violaban los derechos humanos incluso cometiendo crímenes de genocidio a gran escala.
La movilización de tropas rusas ante Georgia y Ucrania
Es de Justicia hacer ese repaso de la historia ante la reciente y masiva movilización de tropas de Rusia en las fronteras con Ucrania y Georgia, aprovechando la debilidad que manifiesta el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ayer prácticamente invitó a Putin a invadir Ucrania, dando a entender que no haría nada si los rusos lanzasen una “incursión menor”. Ante este escenario, el gobierno español ha decidido adelantar el envío de una fragata al Mar Negro en el marco de una misión de la OTAN, y ha planteado la posibilidad de enviar cazas a Bulgaria, en un gesto de apoyo a nuestros aliados del flanco oriental de la OTAN ante las maniobras rusas.
Los comunistas critican a EEUU y a la OTAN pero no a Rusia
Esa acertada decisión del gobierno español, anunciada por la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, va en la línea de cumplir nuestros compromisos con nuestros aliados. Es lo que se espera de un país serio ante las amenazas lanzadas por Rusia contra Ucrania. Sin embargo, ayer el ala comunista del gobierno, entre ellos Enrique Santiago, secretario general del PCE, arremetió contra EEUU y la OTAN presentándolos como los malos en esta situación. El dirigente comunista afirmó que “empujar la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa”, pues “amenaza la paz y es estratégicamente torpe”.
Con esas cínicas palabras, el dirigente comunista se refieren al hecho de que Ucrania y Georgia (países que ya fueron invadidos por Rusia en 2014 y 2008, respectivamente) hayan expresado su deseo de ingresar en la OTAN, un ingreso al que se opone el gobierno de Putin, alegando que eso supondría la instalación de misiles ofensivos en ambos países fronterizos con Rusia. Rusia ha acusado a la OTAN de instalar misiles en Polonia y Rumanía, pero la realidad es que los misiles instalados en ambos países son defensivos, y no de ataque. Su finalidad es proteger a los países de la OTAN de eventuales ataques procedentes de Oriente Medio, y obviamente también de posibles ataques procedentes de Rusia. Los comunistas pretenden que naciones soberanas y democráticas se sometan a la voluntad de Putin.
Básicamente, lo que vienen a decir Rusia y sus aliados comunistas es que sus países vecinos no tienen derecho a defenderse y deben comportarse como simples vasallos de Moscú. Como ya señaló aquí la periodista polaca Małgorzata Wołczyk, Rusia pretende imponer su voluntad a Polonia y a las repúblicas bálticas, incluso dictándoles qué tamaño deben tener sus ejércitos (el adecuado para que no puedan defenderse de un ataque ruso, obviamente) y con qué países deben mantener alianzas (recordemos que en 1999 Rusia ya se opuso a la entrada de Polonia, Hungría y la República Checa en la OTAN).
En 2021 Rusia justificó la invasión soviética de Polonia en 1939
Así pues, la extrema izquierda, y los comunistas en particular, están repitiendo la estrategia de falso pacifismo que usaron en 1939 para apoyar las ambiciones expansionistas de Moscú. Lo hacen, una vez más, echando mano del lema de “No a la guerra”, con el mismo cinismo que exhibieron con su rechazo a que británicos y franceses apoyasen a Polonia tras la invasión germano-soviética. No es la guerra lo que rechazan, sino el derecho de países soberanos y democráticos a defenderse de un ataque de Moscú, que es hoy la capital desde la un déspota pretende pisotear a sus vecinos, igual que lo hizo Stalin con Polonia y Finlandia.
Nadie debe escandalizarse por la comparación entre el actual mandatario ruso con el dictador comunista. Debo recordar que en 2021 el Ministerio de Exteriores de Rusia justificó la invasión soviética de Polonia en 1939 calificándola como “liberación”, una macabra mentira que tapa el genocidio cometido por Stalin contra el pueblo polaco, mediante masacres como la de Katyn y deportaciones masivas de poloneses a Siberia. Es necesario recordar esto porque Rusia no sólo tiene aliados entre la extrema izquierda: también tiene otros apoyos en el resto del mapa político, incluso entre algunos que creen que Putin es el gran defensor de la civilización cristiana occidental, cuando en realidad no es más que un tirano que pretende someter a su voluntad a naciones libres y democráticas, en una tosca reedición del zarismo con adornos comunistas.
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