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Centro Democrático: el poder de las ideas (1908)

1. ‘Hoy se ha salvado el proyecto de Hidroituango’: Presidente Duque

2. La historia detrás del pago que salvó a Hidroituango

3. No es cierto que constructores tengan que pagar deducible: Fact check a Quintero

4. Hoy se salva el proyecto Hidroituango: Duque tras firma del acuerdo de pago

5. Pago de aseguradora por Hidroituango llegará el 31 de enero de 2022: EPM

6. Oficial: Mapfre firmó acuerdo para pagar el seguro de Hidroituango

7. Duque pide al Congreso analizar el retiro de artículo del proyecto anticorrupción porque ‘representa una amenaza a la libertad de prensa’

8. Presidente Duque lanza política pública para la protección de líderes sociales con derroteros a largo plazo

9. Partido Comunista anuncia apoyo de la candidatura presidencial de Gustavo Petro

10. Ordenan recaptura de miembros de la Primera línea en Valle del Cauca

11. Avalan uso de legítima defensa y fuerza letal por ingresos no autorizados a viviendas

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1. ‘Hoy se ha salvado el proyecto de Hidroituango’: Presidente Duque

El Mandatario participó en la firma del contrato de transacción de pago del siniestro del proyecto hidroeléctrico más importante del país, entre Seguros Mapfre y las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

“La puesta en funcionamiento del proyecto es vital para asegurar la oferta energética en firme”, expresó el Jefe de Estado.

En video: Presidente en la firma del contrato de transacción de pago del siniestro del proyecto Hidroituango

“Hoy se ha salvado el proyecto de Hidroituango”, expresó este viernes el Presidente Iván Duque Márquez, al participar en la firma del contrato de transacción de pago del siniestro de la central hidroeléctrica en construcción, lo cual garantiza su continuidad para beneficio de los colombianos.

El acuerdo se suscribió entre Seguros Mapfre y Empresas Públicas de Medellín (EPM), y compromete a la primera firma a reconocer como valor del siniestro derivado del fallo de responsabilidad fiscal el valor de 983 millones de dólares (casi 3.9 billones de pesos), que equivalen al 90% del valor del daño patrimonial, definido en 4.3 billones de pesos por la Contraloría General de la República.

“Como Presidente me siento complacido con que se haya producido este contrato. Se trata de un proyecto vital para la seguridad energética del país. Es, sin lugar a dudas el proyecto de generación hidroeléctrica más importante y complejo de la historia. Su puesta en funcionamiento es vital para asegurar la oferta de energía en firme”, expresó el Jefe de Estado en el acto organizado en la sede de la Contraloría General.

Agregó que la firma del acuerdo ratifica su tesis de que se trató de un siniestro, sobre el que debe operar el mercado de seguros y pagar las pólizas establecidas “y es lo que se ha logrado el día de hoy”.

El acuerdo se suscribió en presencia del Contralor Carlos Felipe Córdoba, el Gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo, y directivos de la aseguradora española.

“Es importante no generar traumatismos en el avance de la obra. El mensaje tiene que ser de país: este proyecto y este tipo de proyectos no están para caer prisioneros de las pequeñeces y situaciones que terminan agravando su curso. Aquí se trata de pensar en grande y creo, Contralor Felipe Córdoba, que el mensaje es dar especial atención y supervisión a la continuidad de las obras”, expresó.

El Presidente Duque estimó que con los avances que registra la obra, la primera turbina de la central estará operando en junio del 2022 y la segunda pocas semanas después.

El desembolso del siniestro se hará de acuerdo con la póliza de seguro de todo riesgo que ampara la construcción y el lucro cesante del proyecto, desde el 2011. El acuerdo precisa que todos los recursos serán utilizados únicamente para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

El Presidente Duque recordó sus constantes visitas a la obra, ubicada en el departamento de Antioquia, así como los esfuerzos que emprendió para sacar adelante su terminación, luego de las dificultades presentadas.

“Acompañamos todos los esfuerzos para hacer el diagnóstico preciso y la intervención oportuna de la casa de máquinas y garantizar la continuidad del proyecto. Por eso acompañamos a la administración anterior de Medellín y de Antioquia para que se hicieran todas las pruebas, conocer el vertedero del proyecto, se adelantaron los cierres de esclusas que permitieron aseverar que el proyecto podía terminarse de manera oportuna”, indicó el Jefe de Estado.

El Mandatario reiteró que lo que ocurrió en Hidroituango es un siniestro y, como tal, se tenía que atender como se está haciendo ahora, a través de los sistemas de aseguramiento. “Para eso existen los seguros. Por eso hay un mercado riguroso y certero y el hecho de que se activen las pólizas y sistemas de aseguramiento derivados de los contratos es un mensaje oportuno para la inversión extranjera y nacional”, expresó.

De la misma manera, el Mandatario estuvo en permanente contacto con la aseguradora Mapfre, a la que manifestó la elevada importancia para la seguridad y la soberanía energética del país de Hidroituango.

Igualmente, hizo un llamado para que se haga una revisión sobre la eventual salida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Insisto en que la presencia del BID es un sello de garantía contractual ambiental y social. Y es pertinente destacar que la participación del mercado asegurador y reasegurador en este proyecto tuvo como aliciente y mecanismo de confianza la presencia del BID”, puntualizó.

(Fin/jmp/gta)

https://idm.presidencia.gov.co/, Bogotá, 10 de diciembre de 2021.

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2. La historia detrás del pago que salvó a Hidroituango

Mientras la prioridad del alcalde Daniel Quintero era cambiar de contratistas y negaba el pago de seguros, el presidente Iván Duque y el ministro de Energía crearon un canal de diálogo con Mapfre durante tres meses y contribuyeron a lograr el pago de la póliza.

El pago de la póliza de Hidroituango, que llegó como un milagro para salvar el megaproyecto que producirá el 17 % de la energía del país, no se produjo de un día para otro. Ni fue gracias al alcalde Daniel Quintero, sino, por momentos, a pesar de él.

Desde el 6 de septiembre, hace poco más de tres meses, cuando la Contraloría emitió el fallo de responsabilidad, se definieron claramente dos bandos. De un lado, estaba el alcalde Quintero, que alegaba en todas sus declaraciones que los contratistas tenían que pagar. Y, de otro lado, estaban el presidente Iván Duque y el gobernador Aníbal Gaviria, que insistían en que el pago lo tenía que hacer la aseguradora.

Quintero ratificaba así su interés en cambiar a los constructores, lo que le dejó claro a su primer gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, desde el día en que llegó a la Alcaldía. Desde entonces le pidió tener un plan b, que se hizo famoso en los pasillos del edificio inteligente.

Por su parte, el presidente Iván Duque y el gobernador Aníbal Gaviria tenían claro que la prioridad era salvar a Hidroituango y por eso aseguraban que la salida era el pago de las pólizas. Entre otras cosas, porque el megaproyecto, según especialistas, tiene uno de los mejores seguros todo riesgo del mercado.

El primer fallo de la Contraloría, del 6 de septiembre, le cayó al alcalde como anillo al dedo. Quintero escaló su discurso en contra de los contratistas: los trató de corruptos, a pesar de que en ninguna parte del fallo se hablaba de corrupción. Pero a Quintero, con algo de oportunismo y mucho de reñir con la verdad, ese discurso le sirve para hacerse propaganda.

Las movidas que hizo el alcalde parecían buscar, a toda costa, que los seguros no pagaran. Primero, cuando exigió entablar la demanda (que causó la renuncia de la Junta Directiva de EPM). En ese momento las aseguradoras tomaron nota: si hay demanda es porque no hay accidente y, por ende, no se tendría que pagar la póliza.

Y, segundo, Quintero incluso llegó a utilizar argumentos falsos: que el fallo de la Contraloría decía que los constructores habían bajado la calidad “del hierro y de los pernos”. Lo cual no se encuentra en ninguna de las 2.100 páginas del fallo. Sin embargo, cada que Quintero lo repetía, las aseguradoras preguntaban si había sido o no un accidente, si les tocaba o no pagar la póliza.

Mientras tanto, el presidente y el gobernador, a su manera, lanzaban su artillería. “Las aseguradoras deben responder por Hidroituango. No podemos estar jugando a la incertidumbre”, dijo, enfático, el presidente el 15 de octubre. Y dos días antes, el gobernador le ponía altavoz a su Twitter diciendo: “La solución de Hidroituango es, ha sido y será, como debe ser: EL PAGO POR LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS”.

La evidencia de que el alcalde Quintero no creía o no quería que pagaran las aseguradoras está, precisamente, en la réplica que le hizo a ese trino del gobernador: “No, señor Gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones)”.

No es claro si el alcalde Quintero no sabía cómo operan los seguros de Hidroituango o si sabía y prefirió dedicarse a las arengas en contra de los contratistas y del proyecto.

Lo cierto es que para ese momento, ya casi un mes antes, el 15 de septiembre, había tenido lugar en Madrid una cumbre clave: el presidente Iván Duque y el presidente mundial de Mapfre, Antonio Huertas Mejía. En esa reunión Duque lo puso al tanto de la situación y dejaron abierto un canal de comunicación para seguir trabajando conjuntamente el caso. En la primera charla, el CEO de Mapfre le dio a entender que ellos iban a pagar todo lo que les correspondía. Así mismo, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quedó conectado con el presidente de Mapfre en América Latina y ambos establecieron una comunicación tan fluida que en las últimas semanas las conversaciones eran prácticamente diarias.

Mientras tanto, en EPM había una suerte de vacío de continuidad. Pues la directora de seguros corporativos, Tatiana Isaza, que durante casi 10 años había manejado los seguros de EPM y tenía una excelente relación con las aseguradoras —de hecho, era la que había logrado que pagaran los primeros 350 millones de dólares— había renunciado a su cargo y este, justo en este momento crítico, se mantuvo vacío por varios meses.

A eso se suma que el alcalde Quintero estaba empeñado en la licitación o en conseguir otros contratistas; lo del seguro no parecía ser su prioridad. Tanto así que la semana pasada, el 2 de diciembre, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, anunció que iba a publicar los pliegos para la licitación antes de terminar la semana.

Dos días después, el 4 de diciembre, el CEO de Mapfre se comprometió con el Presidente con que iba a pagar —algo que ya habían conversado el ministro Mesa y el CEO de América Latina—. La gran pregunta es si Jorge Carrillo, el gerente de EPM, ya estaba enterado de la noticia el 2 de diciembre. Porque si no sabía, es significativo; y si sabía y lo que hizo fue anunciar los pliegos de licitación, deja un mal sabor sobre si la prioridad de ellos es el proyecto Hidroituango o entregar un nuevo contrato. No estamos hablando de algo menor: 4,1 billones de pesos es un monto muy apetitoso.

Lo que Carrillo prometió ese 2 de diciembre, la publicación de los pliegos antes de terminar la semana, finalmente no se dio.

A todas estas, un equipo de EPM tenía una reunión prevista con Mapfre hacia finales de noviembre en Madrid para continuar con el proceso jurídico de ajuste, que es el proceso que se sigue para reclamar cualquier seguro y determinar cuánto se perdió por el accidente y cuánto debe pagar la aseguradora. Como el fallo de segunda instancia de la Contraloría se conoció el 26 de noviembre, el equipo de EPM pensó que tal vez no los iban a recibir, pero pasó todo lo contrario: los recibieron, precisamente, para que les explicaran la decisión del ente de control.

En ese momento, al entender el impacto que el fallo de la Contraloría podía tener para Mapfre —la podía inhabilitar en todos sus contratos—, y con el compromiso ya adquirido con el Presidente Duque, decidieron avisarle el pago completo de la póliza.

Según lo publicado por EPM en información relevante de la Superfinanciera, más lo que está estipulado en el preacuerdo que debe convertirse en un acuerdo definitivo entre hoy y los primeros días de la semana entrante, se desembolsarían 633,5 millones de dólares, que se suman a los 350 millones de dólares que ya pagaron, para un total de 983,5 millones de dólares. Así, se llega a 1.083 millones de dólares (que serían los 4,3 billones de pesos con el cambio a 3.970 pesos por dólar); a esto se sumaría el pago de otras pólizas, conocidas como de directores y oficiales, que deben pagar otras aseguradoras.

Y la fecha mágica: a más tardar el 31 de enero de 2022 se haría efectivo el pago. Momento en el cual quedaría sin efecto el fallo de la Contraloría.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 10 de diciembre de 2021.

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3. No es cierto que constructores tengan que pagar deducible: Fact check a Quintero

Dos de la últimas declaraciones de Daniel Quintero, en torno al caso Hidroituango, fueron verificadas por EL COLOMBIANO. Este 10 de diciembre es clave en el proceso porque en una reunión en la Contraloría se definieron las fechas de pago de la póliza del seguro. Este viernes Mapfre, aseguradora del proyecto, firmó el acuerdo para pagar el seguro del proyecto hidroeléctrico.

No es cierto que los constructores tengan que pagar el deducible

El alcalde de Medellín insiste en que el consorcio constructor es el que debe pagar el deducible de la póliza. En sus declaraciones afirmó que: “El contrato dice que EPM paga la póliza y los deducibles los pagan los contratistas”, ese ha sido su caballito de batalla. Esa es una verdad, pero a medias.

Si bien eso dice el contrato, los constructores solo tienen que pagar el deducible si y solo si se les demuestra que el accidente fue por culpa de ellos. Hasta ahora eso no ha podido probarlo el alcalde; en el fallo de la Contraloría tampoco se habla de culpa de los constructores en la grave contingencia que tuvo el proyecto de 2018..

Ver la publicación de Daniel Quintero en Twitter

La única manera de que los contratistas tuvieran que pagar es que EPM logre demostrar, ante un juez, que los constructores tuvieron la culpa en la contingencia.

En este momento no hay ningún proceso en ese sentido. La demanda de la que habla el alcalde, por 9,9 billones, no existe.

En enero de este año, EPM interpuso la demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero este no la admitió. Desde entonces no la ha vuelto a presentar. Una demanda de este tipo podría terminar yendo en contra de la empresa misma.

El informe de Mapfre no dice que hubo error de diseño

En sus declaraciones, Quintero también dijo: “El informe de la aseguradora Mapfre, a la hora de hacer los pagos, está diciendo que las razones por las que hubo colapso del túnel fueron por unas fallas de diseño y de construcción de los contratistas”.

Por el contrario, lo que el informe señala es que existieron trabajos inconclusos, no errores. De nuevo hay que decirlo: si hubiera “errores”, el seguro no pagaría, pues solo cobija accidentes.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 10 de diciembre de 2021.

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4. Hoy se salva el proyecto Hidroituango: Duque tras firma del acuerdo de pago

El presidente Iván Duque estará en España y en otros países de Europa. FOTO: EfeEl mandatario se pronunció tras la firma de acuerdo de pago del fallo de la Contraloría.

"Hoy se ha salvado el proyecto Hidroituango, se trata de un proyecto vital para la seguridad energética del país, es el proyecto más importante de nuestra historia, su puesta en funcionamiento es vital para asegurar la oferta de energía de nuestro país", dijo el presidente Iván Duque este viernes tras la firma del acuerdo de pago de la aseguradora Mapfre, de unos 3.9 billones de pesos por la pérdida de dineros públicos en el proyecto Hidroituango.

Esto equivale al 90 por ciento del fallo fiscal de la Contraloría por 4,3 billones de pesos.

De acuerdo con el mandatario, este acuerdo con la aseguradora "permite la recuperación de los recursos", así como la "continuidad del proyecto" de Hidroituango.

A su vez, el jefe de Estado indicó que se "salvan las finanzas de EPM, una empresa emblemática de nuestro país y de Medellín", pues, "como principal contratista tenía la responsabilidad de cumplir con la obra en firme, de no hacerlo podría haber una afectación estructural a su caja".

El mandatario indicó que el proyecto se debe retomar, a más tardar, en julio del 2022.

"Este proceso de activación oportuna del sistema de aseguramiento le pone fin a disputas innecesarias que podían llevar a la parálisis del proyecto (...) no existe motivo para alterar los contratos para que tengamos las turbinas operando en los tiempos previstos. La primera turbina debe estar operando a más tardar en julio de 2022 y contribuir a la oferta en firme y, la segunda, unas semanas después", indicó.

Finalmente, el primer mandatario dio dos mensajes. El primero fue dirigido al gerente de EPM para sugerirle que se revise "la eventual salida del BID del proyecto, esto es un sello de garantía contractual, ambiental y social".

El segundo llamado fue más general. Duque expuso que haber logrado el pago de los seguros por la figura de siniestros es muy importante, pero que ahora debe garantizarse "que no se generen traumatismos para la continuidad de la obra. Sin menoscabo en que todas las partes tendrán las distintas instancias para salvar sus disputas, pero el mensaje tiene que ser de país. Este proyecto no está para caer prisionero de pequeñeces. Aquí se trata de pensar en grande".

Por último, Duque le dijo al contralor General, Felipe Córdoba, que el mensaje que dio, de que debe haber una especial supervisión a la continuidad de la obras, es en sí mismo un mensaje que se espera de la Contraloría, "cualquier alteración (en el proyecto) trae un trauma para la Nación", puntualizó.

Como acto final, el presidente Iván Duque, el contralor Córdoba, el gerente de EPM y el CEP de Mapfre Seguros Colombia sostuvieron juntos un lazo, simbolizando su unión para sacar adelante este proyecto.

La firma de este acuerdo de pago se da a menos de un mes después de que la Contraloría General de la República ratificó en segunda instancia el fallo fiscal por 4,3 billones de pesos por la pérdida de dineros públicos en el proyecto Hidroituango.

En medio de la firma, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, indicó que se esperan desembolsos similares a los de Mapfre por parte de otras tres aseguradoras que permitan tener mayor seguridad sobre los contratista, así como el flujo de caja suficiente para que Hidroituango entre en julio de 2002, la primera unidad, y en noviembre de ese año, la segunda.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 10 de diciembre de 2021.

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5. Pago de aseguradora por Hidroituango llegará el 31 de enero de 2022: EPM

'Hoy se ha salvado Hidroituango', declaró el presidente Duque tras la firma del acuerdo de pago.

Menos de un mes después de que la Contraloría General de la República ratificó en segunda instancia el fallo fiscal por 4,3 billones de pesos por la pérdida de dineros públicos en el proyecto Hidroituango, este viernes se firmó el acuerdo de pago de una de las aseguradoras.

El 25 de noviembre el órgano de control confirmó la responsabilidad fiscal de 26 personas, entre naturales y jurídicas, por la "destrucción del valor presente del proyecto en cuantía de 3,1 billones de pesos" y por  "un lucro cesante de 1,1 billones", por lo cual el monto del fallo es de 4,3 billones de pesos.

La sanción se dio por el daño al patrimonio del Estado causado por las mayores inversiones que se tuvieron que hacer en Hidroituango, y por el lucro cesante luego de que la hidroeléctrica no comenzó a generar energía a partir de noviembre de 2018, como estaba previsto.

Esas mayores inversiones y retraso en la entrada en operación tuvieron su origen en la contingencia vivida en abril de 2018, cuando se derrumbó el tercer túnel de desviación del río Cauca y fue necesario desviar el caudal por la casa de máquinas del proyecto para evitar impactos mayores.

En su fallo, la Contraloría cita que el derrumbe del túnel fue ocasionado por un "plan de aceleración" en medio del cual se tomaron decisiones "improvisadas omitiendo el principio de planeación, y comprometiendo los recursos del erario sin tener en cuenta el deber que les asistía de mantener indemne el patrimonio público".

El fallo de primera instancia por este caso se había conocido en septiembre pasado y desde entonces comenzaron una serie de dudas sobre la continuación de la megaobra, ya que una declaratoria de responsabilidad fiscal genera inhabilidad para contratar con el Estado y para desempeñar cargos públicos.

En el evento de este viernes, Seguros Mapfre y EPM firmaron un contrato de transacción para asegurar el pago de una parte del fallo fiscal del órgano de control.

Al evento, además de la aseguradora y EPM, asistió el presidente Iván Duque Márquez y también habrá un pronunciamiento del contralor general Carlos Felipe Córdoba.

Así fue la firma del contrato de pago

Sobre las 10:25 de la mañana se dio inicio al evento de firma del contrato de transacción que permitirá recuperar una parte importante del dinero perdido por el lucro cesante y las mayores inversiones que debieron hacerse en el proyecto.

Tras escuchar el himno de Colombia, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y el CEO de Seguros Mapfre en Colombia, Pablo Andrés Jackson, firmaron el contrato de transacción de pago.

Tras la firma, Jackson manifestó: "Colombia confió en Mapfre y Mapfre siempre cumple con sus clientes". Añadió que ya han anticipado el pago de 350 millones de dólares daños anteriores y que abonarán el resto en las próximas semanas.

"El cumplimiento de esta indemnización forma parte de los compromisos de una compañía global. Somos un grupo empresarial socialmente responsable y comprometido con el entorno", concluyó.

Posteriormente, Carrillo destacó que la firma se hiciera ante la Contraloría y que este contrato permitirá recuperar 983 millones de dólares. "EPM a pesar de todo lo que pasó se mantuvo en pie y va a terminar Hidroituango oportunamete", mencionó.

Dijo que se esperan desembolsos similares a los de Mapfre por parte de otras tres aseguradoras que permitan tener mayores seguridades sobre los contratista, así como el flujo de caja suficiente para que Hidroituango entre en julio de 2002, la primera unidad, y en noviembre de ese año, la segunda.

Carrillo también manifestó que el contrato de transacción representa una renuncia expresa por parte de las partes para reclamar esos recursos a futuro, también que desistirán del tribunal de arbitramento que había por este proceso.

Finalmente, mencionó que los recursos firmados este viernes llegarán el 31 de enero del próximo año.

Posteriormente, el contralor general Carlos Felipe Córdoba anunció que para el órgano de control es muy importante que se puedan recuperar casi 3,9 billones de pesos, que es a lo que corresponden esos 983 millones de dólares expresos en el contrato de transacción.

"Con la firma de este contrato de transacción, el país tiene que ver que es un hecho histórico, es la primera vez que un órgano de control logra recuperar para el país un proyecto de la envergadura de Hidroituango. Antes teníamos que conformarnos con llorar sobre la leche derramada porque el daño fiscal que se generaba no se recuperaba, resignarnos a que los recursos comprometidos no iban a llegar, y los fallos de responsabilidad fiscal eran prácticamente un saludo que no recuperaban ni el 10 por ciento", mencionó.

Así mismo, Córdoba dijo que seguirán haciendo seguimiento a que se cumpla con lo acordado este viernes.

"Haremos un seguimiento permanente porque no podemos ahorrar recursos humanos o tecnológicos para que el presupuesto sea ejecutado como debe ser y llegue al proyecto que representa el 17 por ciento de la energía del país", indicó.

Añadió que si no se cumplen estos acuerdos, se tendrán que hacer efectivas las sanciones previstas en el fallo fiscal.

"Le apostamos al proyecto pero desafortunadamente había unos responsables, gracias a que se habían contratado las coberturas, hoy el asegurador más grande responde por alrededor del 90 por ciento del daño encontrado por la Contraloría en este proyecto", manifestó.

Por último, señaló que el desembolso se hará de acuerdo a la póliza de seguro y ratificó que los recursos llegarán a EPM el 31 de enero del 2022.  "El país hoy gana y todos ganamos", concluyó.

'Hoy se ha salvado Hidroituango': Duque

Finalmente, el presidente de la República, Iván Duque, habló de la importancia del acuerdo de pago firmado este viernes.

"Hoy se ha salvado el proyecto Hidroituango, se trata de un proyecto vital para la seguridad energética del país, es el proyecto más importante de nuestra historia, su puesta en funcionamiento es vital para asegurar la oferta de energía de nuestro país", aseguró.

Añadió que aunque la Nación no es dueña de este proyecto, lo acompaña por su importante para el país.

"Este proceso de activación oportuna del sistema de aseguramietno le pone fin a disputas innecesarias que podían llevar a la parálisis del proyecto y a la afectación estructural no solo de las finanzas de EPM y de la ciudad de Medellín, sino a la soberanía energética de nuestro país", manifestó.

Así mismo, Duque dijo que tras la firma del acuerdo de pago "no existe motivo para alterar los contratos para que tengamos las turbinas operando en los tiempos previstos. La primera turbina debe estar operando a más tardar en julio de 2022 y contribuir a la oferta en firme".

"Eso también es importante para las finanzas de EPM y la ciudad de Medellín porque EPM como principal contratista tenía la responsabilidad de cumplir con la obra en firme, de no hacerlo podría haber una afectación estrucutral a su caja. También se están salvando hoy las finanzas de una empresa emblemática de nuestro país", indicó.

Finalmente, el primer mandatario dio dos mensajes. El primero fue dirigido al gerente de EPM para sugerirle que se revise "la eventual salida del BID del proyecto, esto es un sello de garantía contrattul, ambiental y social".

El segundo llamado fue más general. Duque expuso que haber logrado el pago de los seguros por la figura del sinietos es muy importante, pero que ahora debe garantizarse "que no se generen traumatismos para la contnuidad de la obra. Sin menoscabo en que todas las partes tendrán las distintas instancias para salvar sus disputas, pero el mensaje tiene que ser de país. Este proyecto no está para caer prisionero de pequeñeces. Aquí se trata de pensar en grande".

Por último, Duque le dijo al contralor Córdoba que el mensaje que dio de que debe haber una especial supervisión a la continuidad de la obras es en sí mismo un mensaje que se espera de la Contraloría, "cualquier alteración (en el proyecto) trae un trauma para la Nación", puntualizó.

Como acto final, el presidente Iván Duque, el contralor Córdoba, el gerente de EPM y el CEP de Mapfre Seguros Colombia sostuvieron juntos un lazo, simbolizando su unión para sacar adelante este proyecto.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 10 de diciembre de 2021.

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6. Oficial: Mapfre firmó acuerdo para pagar el seguro de Hidroituango

Mapfre firmó este viernes el contrato de transacción del pago del siniestro del proyecto Hidroituango, derivado del fallo con responsabilidad fiscal proferido por el organismo de control. Serán 983,8 millones de dólares que, a la tasa de cambio actual, suman $3,84 billones, el 90% de las pérdidas que se ocasionaron por razón de la contingencia de 2018.

El acuerdo establece que USD 633 millones serán pagados a EPM el 31 de enero de 2022. Otros 350 millones de dólares ya fueron dados a EPM con ocasión de los pagos hechos a partir de la contingencia de septiembre de 2018. Esos recursos tenían carácter provisional mientras se resolvían los niveles de responsabilidad. Ahora tienen carácter de definitivos dado que Mapfre se compromete a no solicitar la devolución de los mismos.

“Hoy se ha salvado Hidroituango, el proyecto de generación más importante de nuestra historia”, sostuvo el presidente Iván Duque. Reiteró que lo ocurrido fue un siniestro y, como tal, debía atenderse bajo los esquemas del aseguramiento.

“Este proceso le pone fin a disputas y pendencias innecesarias que podían llevar a la parálisis del proyecto y a la afectación estructural de las finanzas de EPM y de Medellín, así como una afectación a la soberanía energética del país”, dijo el mandatario.

“Ahora no existe razón o excusa para alterar el curso de los contratos de construcción, interventoría y gestión estructural para que tengamos las turbinas operando en los tiempos previstos para garantizar la oferta en firme de energía”, añadió.

El gerente de EPM, Jorge Carrillo, indicó que estos recursos llegarán con destinación específica para el proyecto Ituango y le permitirá a la empresa tener flujo de caja asegurado para poner en operación la central. Contó que el acuerdo se firmó a satisfacción de las partes, por lo que renuncian a cualquier reclamación futura.

Es decir, el acuerdo suscrito entre EPM y Mapfre no es demandable, porque se trata de un contrato de transacción de pago del siniestro y en el mismo se acordó por las partes que no van a demandarse mutuamente.

El contralor Carlos Felipe Córdoba sacó pecho, expresó que es la primera vez que se recuperan recursos tan cuantiosos dentro de un fallo de responsabilidad fiscal por un detrimento patrimonial. “No estamos hablando de inmunidad ni de impunidad, sino de un compromiso serio que debe cumplirse, pues de lo contrario habrá que hacer efectivas las sanciones fiscales”, dijo.

¿Qué significa el acuerdo?

El acuerdo con Mapfre significa que el proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango termina y los efectos de inhabilidad para los procesados se extinguen. En términos legales, cuando se paga el detrimento patrimonial el proceso de responsabilidad fiscal se archiva.

Así las cosas, se aclara el panorama para el megaproyecto, que desde hace semanas está empantanado por cuenta del fallo de responsabilidad fiscal, las acusaciones del alcalde Daniel Quintero y el anuncio de su desconocido plan b que, según quedó demostrado en las últimas semanas, no estaba del todo estructurado.

En términos prácticos, el proceso ya no irá a cobro coactivo, ninguna de las 26 personas naturales y jurídicas declaradas culpables en segunda instancia por la Contraloría saldrán en el boletín de responsables fiscales y el Consorcio CCC Ituango (integrado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H) podría continuar al frente hasta que al menos operen las dos primeras turbinas en el segundo semestre de 2022.

Bajo las nuevas condiciones y sin una inhabilidad inminente para los constructores, se podrá finiquitar el preacuerdo logrado entre el consorcio y EPM el pasado 25 de noviembre para firmar una prórroga de ocho meses, más tres meses adicionales y realizar así un empalme con la firma que asuma después de la licitación que haría EPM.

Ya EPM informó esta semana sobre el acuerdo de prórroga con los contratistas de Interventoría (Consorcio Ingetec-Sedic) y Asesoría (Consorcio Generación Ituango) de Hidroituango por un plazo de ocho meses más tres meses de empalme.

Ver la publicación en el perfil oficial de la Contraloría General de la Nación en Twitter

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, había opinado temprano sobre este caso: “se está abriendo paso la lógica. Hay que concretar ese pago, pero además hay una cobertura de 2.500 millones de dólares en la póliza de todo riesgo, y de más de 600 millones de dólares en la de lucro cesante. Yo aspiro a que no haya un límite de $4.3 billones de pesos, sino que se paguen los seguros que se tengan que pagar, y que quienes tienen que cobrar los seguros, los cobren, es decir, EPM”.

En cuanto a la posibilidad que se está estudiando por parte de EPM, de cambiar a los contratistas del consorcio constructor, Gaviria enfatizó en que eso pondría en riesgo la estabilidad del vertedero y, en consecuencia, de las comunidades aguas abajo de la represa.

“Como lo han dicho los ingenieros, hay que avanzar lo más pronto posible en la terminación de las obras, para desviar parte de las aguas a la producción de la energía y evitar el uso continuo del 100% de salida por el vertedero. Es improcedente tomar cualquier decisión que ponga en riesgo la vida de las personas aguas abajo, y eso sería cualquier decisión que ponga en riesgo la continuidad de las obras”, reiteró el mandatario regional.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 10 de diciembre de 2021.

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7. Duque pide al Congreso analizar el retiro de artículo del proyecto anticorrupción porque ‘representa una amenaza a la libertad de prensa’

En la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Jefe de Estado enfatizó que “de no encontrarse esa solución, objetaré ese artículo para que el Congreso de la República pueda también adelantar su discusión”.

El Presidente Iván Duque invitó al Congreso de la República para que, “de manera respetuosa, los conciliadores del proyecto anticorrupción puedan encontrar una solución que permitan conservar las normas anticorrupción importantes contenidas allí, pero poder retirar ese artículo que poco o nada tiene que ver con el contexto y con la norma, pero que, adicionalmente, representa una amenaza a la libertad de prensa”.

Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se realizó en la sede de la Defensoría del Pueblo, el Jefe de Estado enfatizó: “Y quiero también ser claro, de no encontrarse esa solución, objetaré ese artículo para que el Congreso de la República pueda también adelantar su discusión”.

El Mandatario recordó que “una sociedad que abraza los derechos humanos es una sociedad que entiende que la libertad de expresión y la libertad de prensa no son un regalo de la institucionalidad, sino que son un derecho inalienable e indeclinable”.

Por esta razón, recordó que él, como Presidente de la República, tuvo “el honor de firmar la Declaración de Chapultepec para defender la libertad de prensa” y destacó que “siempre he creído en la libertad de prensa, y la libertad de prensa también entraña muchas responsabilidades”.

“Pero seamos claros: cualquier propuesta, cualquier intención de limitar la libertad de prensa, debe ser objetada, como lo mismo debe ser en el caso de pretender limitar la libertad de expresión de nuestra sociedad”, dijo.

(Fin/for/fca)

https://idm.presidencia.gov.co/, Bogotá, 10 de diciembre de 2021.

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8. Presidente Duque lanza política pública para la protección de líderes sociales con derroteros a largo plazo

En el acto de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Jefe de Estado manifestó que esta política “será referente y tenemos todos los colombianos que sentirla como propia”.

También se refirió a las políticas públicas que están dirigidas a la protección de los derechos humanos de los colombianos, tales como la Paz con Legalidad, la protección del medioambiente, la vacunación masiva y la gratuidad en la educación superior pública.

En video: Presidente Duque en la clausura de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos

El Presidente Iván Duque lanzó este martes un documento del Consejo Nacional de Política Pública y Social (CONPES) que fija “por primera vez, una política pública para la protección del liderazgo social en nuestro país”.

El anuncio lo hizo el Jefe de Estado en el acto de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en la sede de la Defensoría del Pueblo, donde presentó un balance de la labor del Gobierno en esta materia.

“Hoy, en este día, estamos lanzando un documento CONPES con visión de Estado, que no tiene la atemporalidad de simplemente reducirse a un periodo de Gobierno, sino que fija los derroteros de largo plazo”, expresó el Mandatario.

Esta política, añadió, “será referente y tenemos todos los colombianos que sentirla como propia”.

El documento ‘Política Pública de Garantías y Respeto a la labor de Defensa de los Derechos Humanos y el Liderazgo Social’, tuvo la participación del Departamento Nacional de Planeación (DNP); los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Salud, Ambiente, Agricultura y Trabajo; la Unidad Nacional de Protección (UNP), las consejerías presidenciales para la Equidad y la Mujer y Derechos Humanos y el Centro de Memoria Histórica y será ejecutado en un lapso de cinco años.

También se refirió a las políticas públicas que están dirigidas a la protección de los derechos humanos de los colombianos como la Paz con Legalidad, mediante la cual el Gobierno Nacional ha invertido más de 11 billones de pesos en más de 170 municipios cobijados en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

De la misma manera, mencionó la política ambiental como baluarte en la defensa de los derechos humanos, tal como lo demuestra la Campaña Artemisa, que ha logrado importantes avances en la reducción de la deforestación; y el trabajo puesto en marcha con las metas de bajar las emisiones de gases efecto invernadero para el año 2030, conseguir la carbono neutralidad para el 2050 y declarar el 30% del territorio como área protegida.

En igual sentido, indicó que se puede avanzar en derechos humanos con la política de gratuidad en la educación pública, en la vacunación con equidad, entre otros programas de Gobierno.

En ese sentido, el Presidente indicó que el país avanza en derechos humanos “cuando, también, los ponemos en la discusión y en la protección de todos”.

(Fin/gaj/for)

https://idm.presidencia.gov.co/, Bogotá, 10 de diciembre de 2021.

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9. Partido Comunista anuncia apoyo de la candidatura presidencial de Gustavo Petro

A la colectividad política les fue devuelta su personería jurídica por el CNE.

Jaime Caicedo, secretario político del ahora partido Comunista Colombiano, aseguró que tras recibir la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral, manifestó que la colectividad participará en unidad con las fuerzas populares y democráticas con perspectivas de un nuevo gobierno.

“Vamos a trabajar en el apoyo a una consulta de sectores alternativos para la presidencia de la República, en el marco del Pacto Histórico. En ese sentido, participamos igualmente en la configuración de las listas de unidad del pacto, con candidaturas que respaldamos y por lo tanto es normal que una fuerza política y que un partido de carácter histórico tengan ese espacio y puedan expresar su visión y actividad publicitaria y el debate de ideas con las que quiere contribuir en el país", dijo.

Caicedo agregó que el Partido Comunista "es una fuerza que integra el Pacto Histórico y por lo tanto tiene el interés de atender las grandes necesidades de la sociedad colombiana, las necesidades de los de ‘abajo’, la reforma agraria integral, el cumplimiento de un acuerdo de paz que no puede quedarse a mitad de camino, la necesidad de un estatuto de trabajo para la clase obrera, la necesidad de una reforma educativa que universalice la educación y que permita la formación y el alto nivel de ciencia y cultura que requiere un país en cambio democrático”.

Finalmente sobre la devolución de la personería jurídica dijo que es "un reconocimiento de una exigencia en el marco de la reparación por las circunstancias de persecución política y por la incoherencia que en el Consejo Nacional Electoral de la época en 1998, desconsideró para un organización política cuyos congresistas como en el caso de Manuel Cepeda atravesaron”.

“Esta personería es una reivindicación de la resistencia sociales y populares de sectores de la izquierda en Colombia que han sido sometidos a estos procedimientos de estigmatización y discriminación políticas”, puntualizó.

https://www.lafm.com.co/, Bogotá, 08 de diciembre de 2021.

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10. Ordenan recaptura de miembros de la Primera línea en Valle del Cauca

Son investigados por su presunta responsabilidad en el secuestro de funcionarios de la Dijín en mayo de este año durante el paro nacional.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tuluá (Valle del Cauca), ordenó la recaptura de 17 integrantes de la Primera Línea del Valle. Según el juez, estas personas están siendo investigadas por su presunto rol en el secuestro de funcionarios de la Dijin el 26 de mayo de 2021, durante el paro nacional. Los hechos se habrían presentado en el sector de “La Y”, entre Andalucía y Bugalagrande (Valle del Cauca).

La decisión, de segunda instancia, revoca lo dicho por un juez de control de garantías, el cual había dejado en libertad a los integrantes de la Primera Línea. Con esta nueva determinación, los miembros recapturados tendrán que permanecer privados de su libertad en centro carcelario, mientras se analizan las supuestas pruebas de la Fiscalía que darían de que atentaron contra la integridad de los agentes, rociándoles gasolina y prendiéndoles fuego, dentro de otras supuestas agresiones.

Según el despacho, se constató que el vehículo donde se desplazan los agentes de la Dijín fue atacado con bombas molotov y también fue incinerado. A estos miembros de la Primera línea, el 6 de agosto de este año, se les imputaron los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, tortura agravada, secuestro simple agravado, hurto calificado y daño en bien ajeno agravado.

Ver la publicación del director de la Policía, General Jorge Luis Vargas en Twitter

En primera instancia, el juez de control de garantías que llevaba el caso decidió no imponer medida de aseguramiento contra estas personas, pero con esta nueva actuación en segunda instancia, quedó avalada por la justicia la gravedad de los supuestos hechos que habrían cometido estas personas. Asimismo, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo que “entre los delitos imputados también está daño en bien ajeno, por la quema de un parqueadero en Bugalagrande; de igual manera, el cobro de extorsiones para el ingreso al municipio de Andalucía durante los bloqueos, en mayo y junio”.

Asimismo, el juzgado sostuvo que es importante “denotar que los señores Defensores no aportaron elemento probatorio alguno a efecto de desvirtuar la inferencia razonable a autoría o participación, atribuida a sus representados, es decir, que tal deducción o inferencia no deviene demeritada frente a los referidos desafueros contra la libertad individual y otras garantías, la vida y la integridad personal y el patrimonio económico”.

Esta nueva decisión en contra de la Primera Línea se da a tan solo una semana de que los “Escudos Azules”, una rama de la Primera línea, acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo medidas cautelares porque, según ellos, hay un ambiente de represión en el país. Terrorismo y concierto para delinquir son los delitos que la Fiscalía les ha imputado con mayor frecuencia a los más de 200 miembros de primeras líneas que ha capturado este año.

“Los Escudos Azules y otras primeras líneas son tratadas como grupos criminales y algunos han sido judicializados como grupos armados”, explicó Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, organización que radicó la petición de medidas cautelares en la CIDH. “Desde que se crearon los Escudos Azules, y desde su primera salida a la calle a acompañar la protesta social, se evidenció un patrón de violaciones de derechos humanos consistente en detenciones arbitrarias, agresiones físicas, uso desproporcionado de la fuerza, tratos inhumanos, amenazas, robo de información y estigmatización”, añadió Bautista.

https://www.elespectador.com/, Bogotá, 08 de diciembre de 2021.

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11. Avalan uso de legítima defensa y fuerza letal por ingresos no autorizados a viviendas

El Congreso de la República aprobó al medio día de este jueves un polémico artículo incluido en la Ley de seguridad Ciudadana, que tiene mensaje de urgencia del Gobierno de Iván Duque, y que, en plata blanca, legaliza la legítima defensa para cuando se presenten acciones que violenten la propiedad privada.

En efecto, si bien la legítima defensa ya es parte del ordenamiento jurídico colombiano, con esta nueva disposición –que fue avalada en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado– se extiende a, por ejemplo, los intentos de robo o ingreso sin previa autorización a la casa de cualquier ciudadano. Incluso, se avala –con matices– llegar hasta el uso de “fuerza letal”.

En el apartado 6.1 del proyecto “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”, se le da vida a la expresión jurídica “legítima defensa privilegiada”.

“Se presume también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras que superen las barreras de la propiedad o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”, dice textualmente lo aprobado.

Y ese agrega en un parágrafo que “en los casos del ejercicio de la legitima defensa privilegiada, la valoración de la defensa se deberá aplicar un estándar de proporcionalidad diferenciado en favor de quién la ejerce”.

Este tipo de normas son avaladas en países como Estados Unidos, pero es algo nuevo para Colombia. De hecho, durante el trámite de este artículo, se escucharon algunas advertencias sobre darle viabilidad a esto cuando los índices de violencia ya son, de por sí, muy altos. Además, se entienden como en una especie de contravía, según los críticos, con medias del propio Gobierno de Iván Duque que le puso tatequieto al uso libre de las armas de fogueo.

La votación fue, en Senado, 11 a favor y solo 2 en Contra. En la Cámara fue 28 por el sí y únicamente 5 por el no.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín 09 de diciembre de 2021.

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Publicado en Politica
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