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Nueve de la 'Primera Línea' en Tuluá fueron recapturados por la Policía
Por Luis Francisco Cifuentes
@CifuentesM
Radio La FM, Bogotá
https://www.lafm.com.co/colombia/nueve-integrantes-de-la-primera-linea-en-tulua-valle-fueron-recapturados-por-la-policia
10 de diciembre de 2021
Los detenidos fueron enviados a la cárcel por los cinco delitos que se les imputan.
Las autoridades recapturaron a nueve personas, luego que el juzgado segundo de conocimiento del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, revocara la medida de libertad que había sido proferida en favor de los presuntos integrantes de la denominada 'Primera Línea'.
Sobre el tema, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, dijo que los detenidos fueron enviados a la cárcel por los cinco delitos que se les imputan. Estas personas son investigados por secuestro, tortura y homicidio en grado de tentativa, contra tres miembros de la Policía Nacional pertenecientes a la Dijín, en un hecho registrado el pasado 26 de mayo en la Y de Andalucía. Igualmente, la Fiscalía General de la Nación investiga por extorsiones durante los bloqueos, el incendio del parqueadero de Bugalagrande y el ataque a un peaje en esa misma jurisdicción.
Otras capturas de integrantes de la 'Primera Línea' se han llevado a cabo en Bogotá, Medellín, Pasto, Villavicencio, Cúcuta, Neiva, Buga, Soacha y Palmira En otras acciones de las autoridades llevadas a cabo el pasado 19 de julio del presente año y en desarrollo de 28 allanamientos, también fueron detenidos otras 12 personas integrantes de la 'Primera Línea', investigadas por convocar y participar en daños a la infraestructura y ataques contra agentes de la fuerza pública en la localidad de Engativá.
A los 12 capturados, la Fiscalía General de la Nación, los investiga por los delitos relacionados con violencia contra servidor público, daño en bien ajeno, lesiones personales, concierto para delinquir y secuestro simple. Igualmente, se les imputo los delitos de hurto simple, amenazas, terrorismo, perturbación del servicio de transporte público, lanzamiento de objetos peligros y tentativa de homicidio.
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Aprueban uso de legítima defensa y fuerza letal contra irrupciones ilegales a domicilios
El Colombiano, Medellín
https://www.elcolombiano.com/colombia/congreso-aprueba-uso-de-legitima-defensa-y-fuerza-letal-en-robos-a-casas-e-ingreso-no-autorizados-GF16134147
9 de diciembre de 2021
La votación fue, en Senado, 11 a favor y 2 en contra. En la Cámara fue 28 a favor y 5 contra.
El Congreso de la República aprobó al medio día de este jueves un artículo incluido en la Ley de seguridad Ciudadana, que tiene mensaje de urgencia del Gobierno de Iván Duque, y que, en plata blanca, legaliza la legítima defensa para cuando se presenten acciones que violenten la propiedad privada.
En efecto, si bien la legítima defensa ya es parte del ordenamiento jurídico colombiano, con esta nueva disposición –que fue avalada en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado– se extiende a, por ejemplo, los intentos de robo o ingreso sin previa autorización a la casa de cualquier ciudadano. Incluso, se avala –con matices– llegar hasta el uso de “fuerza letal”.
En el apartado 6.1 del proyecto “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”, se le da vida a la expresión jurídica “legítima defensa privilegiada”. “Se presume también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras que superen las barreras de la propiedad o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”, dice textualmente lo aprobado.
Y ese agrega en un parágrafo que “en los casos del ejercicio de la legitima defensa privilegiada, la valoración de la defensa se deberá aplicar un estándar de proporcionalidad diferenciado en favor de quién la ejerce”. Este tipo de normas existen en países como Estados Unidos, pero es algo nuevo para Colombia. De hecho, durante el trámite de este artículo se escucharon advertencias sobre darle viabilidad a esto cuando los índices de violencia ya son, de por sí, muy altos. Además, se entienden como en una especie de contravía, según los críticos, con medias del propio gobierno de Iván Duque que le puso tatequieto al uso libre de las armas de fogueo.
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21 miembros del Ejército reconocen responsabilidad en falsos positivos
El Colombiano, Medellín
https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/miembros-del-ejercito-reconocen-ante-la-jep-responsabilidad-en-casos-de-falsos-positivos-en-catatumbo-y-la-costa-CF16137665
10 de diciembre de 2021
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció este viernes que 21 miembros del Ejército, –entre ellos un general en retiro– y un civil, reconocieron su responsabilidad ante el tribunal del asesinato de, por lo menos, 120 personas en la región del Catatumbo y otras 127 más en la Costa Caribe, dentro del Caso 3 que corresponde a los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, conocidos como falsos positivos.
La magistrada Catalina Díaz Gómez indicó que, a través de los autos 125 y 128, la Sala de Reconocimiento les imputó a 25 miembros del Ejército y un tercero civil "los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada que también constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y el crimen de guerra de homicidio". "La JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate", agregó la magistrada Díaz.
Según la justicia “transicional”, tras conocerse la imputación, 22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes ocurridos entre 2002 y 2005 en la Costa, y entre 2007 y 2008 en el Catatumbo. De ellos, 11 imputados hacían parte de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander, y otros 11 pertenecían al Batallón de Artillería No. 2 La Popa. Los primeros estaban vinculados a los hechos en el Catatumbo, mientras que los segundos a los de la Costa Caribe. Los 22 imputados presentaron su escrito de reconocimiento ante la JEP entre el 18 de agosto y el 9 de noviembre de este año.
Los magistrados de la JEP destacaron que el reconocimiento por parte de los máximos responsables de estos crímenes “es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa ‘el sistema de incentivos condicionados’ en el que se funda este sistema de justicia transicional”.
Entre los 22 imputados figura un general en retiro y once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un civil. En sus escritos de reconocimiento, los imputados “reconocieron de manera individual y voluntaria su participación en los hechos, ampliaron sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer verdad”, indicó el tribunal. Así mismo, los imputados, en algunos casos, aportaron nuevas pruebas y entregaron información que permitirá a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas avanzar en sus objetivos.
El oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad por los hechos en el Catatumbo es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien era el comandante de la Brigada 30, con sede en Cúcuta. “Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador”, fue el mensaje del general en el documento en el que admite su responsabilidad por los casos de falsos positivos.
A esta declaración también se unieron los imputados por falsos positivos investigados en el Catatumbo: los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez; los tenientes coroneles Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado; mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro; capitán Daladier Rivera Jácome; sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras; cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, y el tercero civil Alexander Carretero Díaz, colaborador de las estructuras militares en las acciones ilícitas.
En cuanto a los casos de la Costa Caribe, el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero, quien se desempeñó como oficial de operaciones del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, es uno de los uniformados de más alto rango imputados por los hechos en esa región. “Reconozco mi responsabilidad por contribuir al conflicto armado en vez (sic) de la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano. Pido perdón a cada uno de los ciudadanos víctimas de mi acción, a quienes reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios”, fue el mensaje del mayor en retiro.
En esos mismos términos se refieren los demás imputados por los falsos positivos en la Costa Caribe: mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; los sargentos primero Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia; sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.
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La FLIP critica allanamiento de Noticias Uno por la Fiscalía
Por Iván Briceño
Radio Santafé, Bogotá
https://www.radiosantafe.com/2021/12/09/flip-critica-allanamiento-de-la-fiscalia-a-la-redaccion-de-noticias-uno/
9 de diciembre de 2021
La Fiscalía buscaba las pruebas que tenía el noticiero sobre el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Gustavo Petro, por una investigación de 2013 sobre su gestión en el plan de basuras por la que se le investigó en su momento.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) consideró este jueves que la inspección de la Fiscalía a los archivos del noticiero «Noticias Uno», del canal Cable Noticias, es «intimidatorio, pone en riesgo a las fuentes, y genera un ambiente frágil para la prensa». La noticia la daba el propio informativo que decía que «la Fiscalía ha anunciado a ‘Noticias Uno’ que sus archivos serán inspeccionados por funcionarios oficiales, lo que equivale a ser allanada» y rechaza estas acciones por considerarlas «una forma de vulnerar la protección de las fuentes».
El ente acusador buscaba, supuestamente, las pruebas que tenía sobre el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Gustavo Petro, por una investigación de 2013 sobre su gestión en el plan de basuras por la que se le investigó en su momento. «Sin embargo, esta inspección no cumple finalidad jurídica, pues el delito prescribió», consideró hoy la FLIP, que recordó que la emisión del noticiero es pública, por lo que la inspección de la Fiscalía «resulta injustificada e intimidatoria», y permite al ente acceder «a archivos del canal y conocer las fuentes que dieron la información», lo que viola la reserva de fuentes.
«Es preocupante que la Fiscalía revierta su carga investigativa y la imponga en el medio. Además, busca imputar cargos a una fuente que se atrevió a denunciar irregularidades. Esto es grave, ya que el Estado debe proteger a quienes denuncien de buena fe actos de corrupción», dijo la FLIP en Twitter.
Esta semana precisamente, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en segundo debate un artículo de una nueva ley anticorrupción que busca enmendar el Código Penal para aumentar las penas de injurias y calumnias contra funcionarios públicos, lo que según asociaciones de prensa abre la puerta a sanciones por la labor periodística.
Esta enmienda contempla penas de prisión de 60 a 120 meses y multas millonarias a quien «mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia».
La FLIP y otras organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideran que esto abre la puerta a «sanciones y represión como la que existe en Venezuela o Nicaragua» contra los periodistas que investigan a los trabajadores públicos y políticos.
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En Colombie, l'Amazonie victime des accords de paix
Revue Sciences et Avenir, Paris
Avec Afp
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/en-colombie-l-amazonie-victime-insoupconnee-des-accords-de-paix_159735
9 décembre 2021
Et 2017, l'année du désarmement des FARC, a été la pire du siècle avec 219.000 hectares déboisés, soit 76% de plus qu'en 2015. L'Amazonie est aujourd'hui la région la plus déboisée (63,7%) du pays.
Des arbres couchés, des troncs calcinés, de la fumée qui s'élève au loin, et, surtout, le bourdonnement strident des tronçonneuses... En Amazonie colombienne, la forêt recule inexorablement depuis le départ en 2016 de la guérilla qui y imposait sa loi. Vu du ciel, le tableau est encore plus désolant: au loin, où la forêt est censée être vierge, de larges étendues de terre, des clôtures, des champs de coca et des vaches. Dans la jungle de Guaviare, dans le sud de la Colombie, les paysans défrichent à la tronçonneuse et en allumant des incendies. Ils expliquent à l'AFP appeler ces carrés de terre brûlée des "tombes". Des arbres coupés pour faire de la place à des plantations de coca dans la région de Guaviare, le 6 décembre 2021. "La jungle ne nous appartient pas, mais nous sommes obligés de la couper pour pouvoir acheter à manger", confie l'un des bûcherons, scie mécanique à la main, un foulard sur le visage pour ne pas être identifié. Tout autour de lui, des arbres majestueux gisent sur le sol.
"Sentier du bétail"
La déforestation suit le "sentier du bétail", une route construite pendant la guerre par l'ancienne guérilla marxiste des FARC, au cœur du parc national de la Serrania de La Macarena, destinée à faciliter le déplacement des bandits et la production de la cocaïne. Après la signature des accords de paix en 2016 à Cuba, les guérilleros sont partis. Mais dans leur sillage sont arrivés, le long de cette même piste poussiéreuse d'une centaine de kilomètres, des accapareurs de terres que personne n'ose identifier.
L'Etat n'a jamais véritablement repris le contrôle de ces vastes contrées reculées. "La déforestation la plus grave ici se poursuit depuis cinq ans", déplore Luis Calle, un dirigeant communautaire. L'exploitation forestière, s'empresse-t-il de préciser, "n'est pas le fait des paysans", mais "des gros négociants" venus d'autres régions. Selon l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales IDEAM, un organisme public, près de 925.000 hectares de forêt ont disparu en Colombie depuis 2016, une superficie équivalente à celle de Chypre. Et 2017, l'année du désarmement des FARC, a été la pire du siècle avec 219.000 hectares déboisés, soit 76% de plus qu'en 2015. L'Amazonie est aujourd'hui la région la plus déboisée (63,7%) du pays.
"Mini-armée" et "mafias"
Les guérilleros ont protégé cette forêt, constatent les villageois. Ils y faisaient régner leur loi. Et contrôlaient les revenus de la coca, qui finançaient leur lutte armée. Mais "après la paix, les riches sont venus tout anéantir", accuse Edilberto Lozada, agriculteur de 50 ans. Ils ont profité du fait que les habitants étaient "à court d'argent" pour acheter leurs terres à bas prix, ajoute Luis Calle. Ils sont aussi venus "choisir" des terres inoccupées, comme on dit localement. Comprendre : défricher à volonté et à la machette de grandes étendues de forêts.
Des clôtures abondent maintenant un peu partout dans la zone. Un homme de 40 ans, s'exprimant sous couvert d'anonymat, estime qu'il a déboisé à lui seul quelque 200 hectares, avant d'abandonner sa tâche, par peur d'être arrêté. "J'étais capable de défricher un hectare par jour", raconte cet ancien cultivateur de coca. Il se rappelle avoir formé une "mini-armée" d'une douzaine de bûcherons, payés par un "patron" qu'il n'a jamais rencontré. "Ce sont des personnes qui viennent d'autres départements et, logiquement, leur identité est inconnue", explique Albeiro Pachon, responsable de l'environnement au gouvernorat de Guaviare. Les personnes prises en train d'exploiter la forêt, de financer ou d'inciter à la déforestation sont passibles d'une peine de 15 ans de prison. "Le sujet de la déforestation est traité comme pour une mafia", assure M. Pachon.
Sur ces mêmes chemins et territoires qu'empruntaient les FARC, broutent aujourd'hui vaches et autres cheptels. "Pour qui veut s'emparer de la terre, que vous ayez des documents ou non, venir avec du bétail est le plus facile", observe Claudio Maretti, de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La savane s'étend de part et d'autre de la piste, où l'on voit peu de maisons, quelques étables. Le défrichage, l'introduction de vaches destinées au marché de la viande et la plantation de semis sont des activités coûteuses que seuls des propriétaires fonciers aisés peuvent se permettre.
"Enfants de la coca"
Dans ce que l'on appelle "l'arc de déforestation amazonien", le cheptel bovin est passé de 1,08 million de têtes de bétail en 2016 à 1,74 millions en 2019 (+60%), selon la Fondation pour la conservation et le développement durable. Après l'accord de paix, certains cultivateurs de coca se sont essayés à d'autres cultures, mais au final ont perdu en revenus. Le sol amazonien "n'est pas le lieu le plus favorable à l'agriculture", fait remarquer M. Maretti. En ce jour de week-end, les paysans d'un petit village se retrouvent autour de la danse, de la bière, des tables de billard et des traditionnels combats de coqs. Une chanson populaire mexicaine résonne dans la nuit. "On m'appelle le fils de la coca", reprend en coeur l'assistance. La culture de la feuille de coca, avouent-ils, est la seule chose rentable sur ces terres. Au milieu de la fête, des histoires circulent sur ceux qui ont repris la collecte ou le "grattage de la coca", cette fois pour le compte des dissidents des FARC qui ont repris les armes après l'accord de 2016, et seraient près de 2.700 hommes dans cette zone.
"Nous défrichons la jungle (...) pour planter de la coca car c'est la seule chose qui nous fait vivre, faute de garanties de la part du gouvernement", justifie le défricheur au visage dissimulé. Un cultivateur de coca gagne par mois près de 1.700 dollars, dans un pays où le salaire mensuel minimum est de 248 dollars. Même si c'est dans une moindre mesure, la culture de la coca contribue aussi à la déforestation. Dans le Guaviare, 3.227 hectares y sont consacrées, selon l'ONU, pour plus de 124.000 dans tout le pays, premier producteur et exportateur mondial de cocaïne.
Depuis le début du XXème siècle, des familles venues de tout le pays ont colonisé et défriché la jungle amazonienne. Avant la coca, au début des années 1900, ce fut le boom du caoutchouc. Puis vinrent les déplacés des guerres. Personne ne sait à qui appartient le terrain ici, répètent les paysans du coin. La réforme agraire prévue par l'accord de 2016 est toujours en souffrance et les signataires affirment que c'est le point le moins avancé en cinq ans de mise en oeuvre. Dans le Guaviare, on prédit une paysannerie "en colère" : "avec la faim, il n'y a pas de paix", prévient Edilberto Lozada.
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