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Los carteles de terror
Por Gustavo Álvarez Gardeazábal
Diario Occidente, Cali
https://occidente.co/opinion/los-carteles-de-terror/
25 de agosto de 2021
Están acabando con el derecho a la libertad de comerciar y que yo sepa Confecámaras no se ha enterado.
Desde cuando en noviembre de 2012 mataron a Nuberley Trujillo, un humilde vendedor de cebolla y cilantro en la Galería de Tuluá, las autoridades están realizando exhaustivas investigaciones para dar con los responsables de lo que ahora llaman los carteles de Tuluá. Estas anónimas entidades son una muy bien aceitada red de extorsionistas quienes cobran con la muerte o la destrucción de su local comercial a quien no pague la vacuna que decreten para poder descargar los productos agrícolas en el mercado tulueño.
Probablemente porque ese negocio miserable se ha regado desde hace años por casi todos los mercados públicos o los centros de abasto del país o porque sencillamente a ninguna autoridad constituida le parece que debe ponerle coto, poco importa que así ayude a crecer la inflación y sembrar la zozobra entre los comerciantes. Se está acabando con el derecho a la libertad de comerciar y que yo sepa Confecámaras no se ha enterado.
Quizás en este país nos acostumbramos a usar la muerte como herramienta de vida y de escalón para sembrar el terror y conseguir pingües ganancias, pero lo cierto es que pese a que en más de una oportunidad haya pegado el grito desde mis crónicas diarias o desde mis cuentas de Twitter y Face, no ha habido autoridad alguna, nacional o departamental, civil o uniformada, que se haya atrevido a investigar y ponerle punto final a tan repetido esquema de criminalidad.
La semana pasada mataron en Tuluá a don Abel Giraldo y a su hijo Edwin, vendedores tradicionales de cebolla. Como no pudieron sobrevivir a los balazos, no pudieron contar que les aplicaron el mismo método de otros más, algunos de los cuales sí nos han narrado la historia porque quedaron heridos o fueron capaces de reconstruir sus locales destruidos por las granadas vengadoras. Pero como son ya demasiados los que han caído por no pagar la extorsión. Y, como resulta muy evidente la atonía sinvergüenza de las autoridades para enfrentar a esos enemigos de la sociedad, uno se pregunta si en Tuluá y en muchos mercados y centros de abasto de Colombia ha quedado prohibido el libre comercio y es necesario pagar, a más del impuesto al Estado, la tarifa inmisericorde que imponen los nuevos dueños del país.
No puede ser posible que no existan Fiscalía, Policía, Alcaldías, Gobernaciones, Gaulas de Ejército y Policía Cámaras de Comercio y Fenalcos dotados de herramientas investigativas y, sobre todo, capacitados para ejercer la autoridad y gestión y de esa manera salvaguardar la libertad y el oficio de ser comerciantes. El país puede estar muy jodido. Pero si lo dejamos volver una réplica del Chicago de Al Capone o un Nueva York de Don Corleone, corremos el peligro de que los que no quieren ser víctimas van a empezar a actuar por mano propia y esto se va a volver un país en estado de zozobra, y en el caso de Tuluá, una ciudad invivible.
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¿Qué hay detrás de los cuatro decapitados hallados en el Valle del Cauca?
Diario Occidente, Cali
https://occidente.co/regionales/valle-del-cauca/que-hay-detras-de-los-cuatro-decapitados-hallados-en-el-valle-del-cauca/
24 de Agosto, 2021
BUGA.- Cuatro son las personas que han sido encontradas decapitadas en el Valle del Cauca en lo corrido de presente año según informaron las autoridades de esta región. Como se recordará, a comienzos de este año dos personas fueron mutiladas en el municipio de Tuluá, al parecer en circunstancias distintas, una en el sector La Galería y otra en el corregimiento de Aguaclara. Así mismo, una tercera apareció decapitada a mitad de este año en el barrio La Estación en el municipio de Andalucía.
El último caso se presentó la semana pasada en Buga donde la cabeza de un hombre fue hallada dentro de una bolsa en una de las calles de Buga, por lo cual la Alcaldía decidió dar $10 millones de recompensa y la policía $15 millones por información que esclarezca este crimen. Las investigaciones para esclarecer este último caso avanzan según informaron las autoridades, quienes indicaron que fueron capturadas varias personas entre ellas una mujer por este macabro hecho y se encontró un cuerpo sin cabeza en otro sector de la ciudad ya se tiene identificada la víctima.
El cuerpo fue ubicado en el barrio Alto Bonito de Buga el cual podría corresponder a la víctima de estos hechos que fue identificada como Jhon Freddy Restrepo de 33 años de edad, el cual al parecer era habitante de la calle y se dedicaba a cuidar motocicletas por lo que era conocido en diferentes sitios del Valle. Así mismo, la Policía indicó que junto con la Fiscalía General de la Nación pronto entregarán más detalles sobre los operativos y las causas del homicidio. Según hipótesis de las autoridades, estos casos podrían estar relacionados con microtráfico y ajustes de cuentas, pero también se investigan otras posibles causas.
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En la relación Farc-Eln-“Gentil Duarte” la ideología es subsidiaria: Coronel (r) John Marulanda
La Hora de la Verdad
Radio Red RCN, Bogotá
24 de agosto de 2021
Hace noticia en La Hora de la Verdad, John Marulanda, coronel de la reserva activa y presidente de Acore, experto en seguridad y defensa y presidente de Acore, quien habló de la relación de las FARC y alias “Gentil Duarte” con el régimen de Venezuela.
El coronel (r) Marulanda expresó que lo único que hacen estos documentos que dio a conocer la revista Semana es confirmar lo que ya se sabía, pero que al mismo tiempo presentan un mapa incompleto de la situación que se está viviendo en la frontera con Venezuela. “No dice nada de la intervención que está haciendo John 40 como intermediario entre el Gobierno de Venezuela y las estructuras y organizaciones de Gentil Duarte e Iván Márquez”, dijo el Presidente de Acore.
Agregó que tampoco se da cuenta de la relación que está surgiendo, a ratos con peleas y a ratos de amistad, entre las FARC y el ELN. El coronel (r) Marulanda también explicó que alias “Gentil Duarte” se protege muy bien en Venezuela, con unas estructuras que le generan mucho dinero y lo cuidan muy bien, y es en ese momento cuando Iván Márquez acude al Gobierno de Venezuela.
Escuche la entrevista completa:
http://www.lahoradelaverdad.com.co/coronel-r-john-marulanda-presidente-de-acore-habla-de-la-relacion-de-las-farc-y-alias-gentil-duarte-con-el-regimen-de-venezuela/
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El eje Maduro-FARC: la información incautada a Gentil Duarte
Por Nitu Pérez Osuna
La Gaceta, Madrid
https://gaceta.es/actualidad/el-eje-maduro-farc-las-implicaciones-de-la-informacion-incautada-a-gentil-duarte-20210825-0938/
25 de agosto de 2021
“Las disidencias de las FARC serían un ejército irregular al servicio de Maduro”. Así lo revelan los primeros archivos hallados en seis memorias USB junto al computador personal del jefe de las disidencias de las FARC, Miguel Botalle Santilla, alias Gentil Duarte, recogidos luego de un operativo realizado el 29 de julio contra el campamento donde éste se encontraba ubicado cerca de San Vicente del Caguán.
La revista colombiana Semana publicó el pasado domingo la información contenida en dichos dispositivos electrónicos encontrados en el sitio por las Fuerzas Militares y la Policía en la que se exponen sus planes terroristas, así como “la inocultable relación que mantienen las disidencias de las FARC con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela”, asegura el reportaje.
Pero lo más escandaloso, explica Semana, es que le piden cuantioso armamento al régimen de Maduro y que les permita, entre otros planes, “atacar a 1.300 municipios colombianos”. La petición de armas incluye “5.000 fusiles, 500 ametralladoras, morteros, sistemas antitanques, sistemas nocturnos, armas cortas, municiones para estas armas, granadas de manos y sistemas antiaéreos tierra-aire”.
Los correos de Gentil Duarte también revelan que las disidencias de las FARC “cuentan con 7.000 hombres y que esperan triplicar su fuerza en todo el territorio” venezolano. Se trata, pues, de un poderoso ejército, capaz de invadir a Colombia y desestabilizar a sus instituciones, con el apoyo político y material del régimen madurista.
Vale la pena destacar que lo arriba expuesto no son opiniones de un periodista o evaluaciones de un analista político, sino información comprobada, obtenida de los dispositivos electrónicos de Gentil Duarte. Del lado colombiano no ha habido suficiente reacción a estas revelaciones, como tampoco las hubo cuando se llevó a cabo el atentado en contra del helicóptero donde viajaba el presidente Iván Duque.
Se trata de una amenaza inminente al sistema democrático colombiano que requiere de la unificación de todos los sectores políticos para defender al país, exceptuando, por supuesto, a aquellos sectores que forman parte del proyecto desestabilizador de las FARC, relacionados con la promoción y financiamiento de las recientes protestas vandálicas, entre ellos, Gustavo Petro.
Del lado venezolano, tampoco ha habido la reacción debida. Es inaceptable que los partidos opositores se sienten a negociar con los delegados de Maduro en México y se apresten a participar en el carnaval de asignaciones a través de unas supuestas elecciones, mientras trasciende que el régimen venezolano trabaja hombro a hombro con las disidencias de las FARC para derrocar a Duque e incluso asesinarlo, sobre todo considerando el apoyo incondicional que el gobierno colombiano le ha dado a estos partidos y a los venezolanos en general.
La posición cónsona y honorable consistiría en levantarse de inmediato de la mesa de negociación, denunciar públicamente los planes de Maduro en contra de Colombia, y concentrarse en lograr que siga avanzando el caso en su contra ante la Corte Penal Internacional. Además, se debe reiterar y subrayar los vínculos del régimen venezolano con el narcotráfico internacional.
Y es que ¿en qué cabeza cabe que sirva de algo negociar con quien es acusado en Estados Unidos de ser el “capo de los cómplices” del narcotráfico en el hemisferio? No es la primera vez que salen a la luz pública y con pruebas las conexiones del régimen venezolano con el crimen internacional. Maduro en Miraflores es una amenaza a la seguridad de toda la región.
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Los silleteros de Antioquia anuncian marcha de protesta en Medellín
IFM Noticias, Bogotá
https://ifmnoticias.com/en-video-silleteros-anuncian-e-invitan-a-marcha-para-manana-por-la-avenida-oriental/
25 de agosto de 2021
Los silleteros de Santa Elena desmienten al alcalde Daniel Quintero y convocan a una marcha y plantón por la Avenida Oriental para hoy 25 de agosto, para exigirle a al alcalde que los respete. Los silleteros llegaron el 21 de agosto en la noche a sus fincas con el cansancio y la tristeza que nunca habían sentido luego de un Desfile de Silleteros.
Se suponía que este es el día más feliz del año, para el que tanto trabajan, se esmeran y se preparan. Se supone que cerrar la Feria de las Flores, no solo les hace honor, lo hacen por amor a Antioquia a sus tradiciones y porque están convencidos que «cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa»
Pero no fue así. Hoy los ultrajaron, irrespetaron. Así lo dan a conocer en audios que han hecho llegar a los medios, como a IFM Noticias, y en chats y redes sociales. Escuche aquí la narración de los hechos y las quejas de los silleteros afectados por la alcaldía de Medellín.
https://ifmnoticias.com/denuncia-las-voces-de-los-silleteros-que-cuentan-como-fueron-humillados-y-ultrajados-en-el-desfile-de-silleteros/
Dos videos:
https://ifmnoticias.com/en-video-silleteros-anuncian-e-invitan-a-marcha-para-manana-por-la-avenida-oriental/
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¡Muy bien, ministro de Defensa!
Por Marco Tulio Gutiérrez Morad
Periódico Debate, Bogotá
20 de agosto de 2021
El ministro de Defensa, con determinación y verticalidad, ordenó la división de la ciudad de Bogotá en cinco zonas, cada una a cargo de un general, a quienes les pidió resultados definitivos en un término perentorio de un mes.
El esfuerzo desde el Ministerio de la Defensa en pro de la seguridad de Bogotá es una iniciativa sin precedentes que nos genera muy buenos augurios y nos da esperanza ante las difíciles circunstancias de orden público por las que atraviesa la ciudad.
Al equivocado concepto de las marchas pacíficas (que de pacificas nada tienen) le salió un ministro Molano, de Defensa con grado de general, y la ciudadanía advirtió que sí es posible mejorar la seguridad de la urbe. El ministro, con determinación y verticalidad, ordenó la división de la ciudad de Bogotá en cinco zonas, cada una a cargo de un general, a quienes les pidió resultados definitivos en un término perentorio de un mes. Sin duda, se trata de una estrategia sin precedentes desde el gobierno central que busca a toda luz darles a los bogotanos un mensaje de confianza en estos momentos, en los que la escalada delincuencial ha arremetido con tanto impacto a todos los sectores de la capital de la república, celebramos estas iniciativas gubernamentales, que además deben incluir esfuerzos del mismo Ministerio de la Cultura para que desde el gobierno se impulse una política estatal para que nos devuelvan los monumentos y poder comenzar a tener los bogotanos los aspectos hoy desaparecidos de toda la órbita territorial de la capital; el monumento de los héroes se convirtió en un altar a la grosería y la anarquía, y muestra inequívoca de la total desconexión de las calidades supuestamente pacificas de unas marchas que de ello nada tuvieron y que lo único que dejaron fue daños y destrucción.
Bogotá vive hoy la peor crisis de su historia y solo nos queda la esperanza de encontrar un respiro de jornada destructiva y recuperar para la urbe su mote de otra época de Atenas suramericana, de ahí que es necesario formular políticas desde el Gobierno nacional, para lograr la nueva adecuación del mobiliario de la ciudad y de sus monumentos que yacen en un absoluto descuido y abandono, y que aparentemente desde la administración distrital pareciera que fueran más importantes las expresiones de grafitis y de protesta que la salvaguarda de la historia y la identidad bogotana, que en alguna época marcó la grandeza de la ciudad.
El ministro Molano, exconcejal de la ciudad, nos permitió recuperar en una semana la ilusión de control que teníamos ya perdida del mapa capitalino, pues al solicitar resultados definitivos en aras de lograr disminuir los indicadores de criminalidad que por estos días ubican a nuestra ciudad en el peor momento de su historia reciente. Las medidas adoptadas desde el gobierno central tienen que mostrar su eficiencia porque el control de la capital en manos de generales, los mejores y más experimentados hombres de la fuerza pública a cargo de la seguridad de la ciudad se torna en un bálsamo para momentos de tan compleja dificultad, por ello estamos convencidos de que esta apuesta tiene que salir bien y estaremos a la expectativa de ello.
Sería fundamental que el ministro Molano hablara con su colega, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y que ambos con carácter de emergencia lograran la construcción de sendos centros penitenciarios de reclusión y aún de confinamiento que permitan en la rural localidad de Sumapaz poder sostener allí a los capturados de la delincuencia de la ciudad, la implementación de una especie de colonia penal que permita lejos de la ciudad confinar a los más peligros delincuentes y que desde ese lugar se dediquen a realizar actividades que permitan generar beneficios para la sociedad, y de esa manera intentar lograr materializar los fines de resocialización previstos en la norma penal y punitiva.
El ministro de la Defensa jugó en serio a cumplir la función constitucional de la defensa de la vida y la propiedad de los colombianos y en esta oportunidad de los bogotanos y de ahí la importancia de perpetuar estas políticas públicas, así mismo llegó la hora de implementar sanciones administrativas que generen beneficio a la ciudad, trabajo social o comunitario, que las personas que sean declaradas culpables por ciertas contravenciones o causas menores deban dedicar su tiempo al servicio de la sociedad, por ejemplo, aquellos vándalos que destruyen y pintan los monumentos públicos, deberían como penitencia sus acciones estar obligados a limpiar y organizar las paredes de los edificios públicos o las estaciones de TransMilenio.
Requería Bogotá unas decisiones como las adoptadas en estos días por el señor ministro de Defensa la ciudad capital de Colombia. Hace unos meses, en este espacio de opinión planteamos la dificultad de manejar la seguridad en sitios que por ingreso per cápita, número de habitantes, cantidad de establecimientos de comercio y en tamaño son comparables con ciudades principales del país como Medellín o Barranquilla, de ahí la imperiosa necesidad de tener un cuerpo colegiado de Generales al mando de las complejas localidades de Suba, Kennedy, Usaquén, Santa Fe y Chapinero.
El joven ministro conoce a Bogotá por cuanto fue un concejal que trabajó sin descanso por los problemas de la ciudad capital, por ello estamos convencidos de que la ciudad está en buenas manos y celebramos la brillante iniciativa desde el Gobierno nacional de ponerle punto final a la insostenible situación de orden público que tienen a Bogotá sometida en balaceras, atracos y todo tipo de actividad criminal.
P.D.: Las normas son claras y el Código Penal es diáfano en elevar a delito los daños a bienes ajenos, de ahí que, si una persona dedicada profesionalmente a generar opiniones en millones de internautas no puede como expresión de su opinión salir a la calle con un martillo y destruir una estación de TransMilenio, sin que ello genere una consecuencia legal, dura lex, sed lex.
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Colombia: Es improrrogable el término de la Comisión de la Verdad
Por Bernardo Henao Jaramillo
Panam Post, Miami
https://panampost.com/bernardo-henao-jaramillo/2021/08/23/es-improrrogable-el-termino-de-la-comision-de-la-verdad-en-colombia/
23 de agosto de 2021
Con ocasión de la firma del llamado proceso de Paz de La Habana nació la Comisión de la Verdad en Colombia, la que desde sus inicios fue altamente criticada por la participación foránea con cercanía ideológica a ciertos movimientos subversivos. En lo que respecta a los miembros del comité de escogencia, algunos de ellos se caracterizaban por defender antiguos miembros del grupo terrorista de los Montoneros, al haber colaborado en el indulto de miembros del grupo guerrillero Sendero Luminoso, o por defender procesos secesionistas de Cataluña en España. Ese gris punto de partida permitía inferir que la pluralidad de criterios se concentraría en un lado de la tribuna, dando por sentado que el sesgo político e ideológico de los futuros comisionados sería el determinante, más allá del papel que jugó su hoja de vida o la trayectoria de la defensa de los Derechos Humanos en tribunales nacionales y extranjeros.
Con el pasar de los días la mayoría de la sociedad colombiana comprueba, una vez más, que acertó al votar por el NO a los acuerdos con las FARC, que no fue por un simple capricho, ni engañados, sino porque era consciente que la anhelada paz no se iba a conseguir, en cambio, ese grupo recibiría prebendas muy discutibles, no cumpliría con lo pactado y como se ha visto sus “disidencias” seguirían atormentando al pueblo colombiano. Desde ese momento se percibió que tanto los magistrados para la JEP como los miembros de la Comisión no brindaban la suficiente confianza a la sociedad civil y a muchas de las víctimas sobre el rol que desempeñaban al momento de reescribir la historia de Colombia. Actualmente, con los anticipos y entregas que se han conocido por parte del Padre De Roux, surge la obligada pregunta ¿cuál verdad es la que está investigando la Comisión?
La reciente entrevista al expresidente Álvaro Uribe Vélez, transmitida por canales virtuales, en la cual la Comisión de la Verdad, a través de su Presidente Padre Francisco De Roux, quien concurrió acompañado de los comisionados Leyner Palacios y Lucía González, fue objetada de entrada por el entrevistado, lo que imponía, por elemental principio, dar por finalizada la diligencia. Sin embargo, primaron intereses diferentes al conocimiento de la verdad, por lo que tal se llevó a cabo.
Los papeles en este particular encuentro no fueron los que imponen los cánones internacionales para el desempeño de la Comisión. El Comisionado actuó más como interrogador y por supuesto juzgador, mientras que el entrevistado pasó a estar sentado en el sillón de los acusados. No se podía esperar menos cuando desde años atrás la comisionada Lucía González se confesó adepta a la ideología de la guerrilla de las FARC. Tal, una de las razones del anterior interrogante.
Para el esclarecimiento de lo verídicamente ocurrido, la gravedad del conflicto que padeció y aún subsiste en nuestra sociedad, desde su creación el decreto 588 de 2017 indicó que su duración sería de tres años, término amplio ý suficiente, que por demás no guarda sintonía con el plazo que ha regido a otras comisiones de la verdad en otros países. Así lo entendió la Corte Constitucional al efectuar el control automático correspondiente. Corporación que emitió la sentencia C-017 de 2018, en la cual claramente plasmó la constitucionalidad del decreto y en especial de su vigencia. Por elemental principio jurídico, esta decisión tiene pleno alcance de cosa juzgada material y definitiva, quedando por completo sin razón y fundamento la demanda de inconstitucionalidad presentada.
De controvertir, cuestionar y reprochar la pretendida argumentación que se esgrime, en la demanda D-14338 que se conoce se acaba de instaurar el pasado 16 de julio de 2021, ” ante la Corte Constitucional por parte del Dr. Édgar Enrique Bermúdez de Ávila, pues su fundamento no corresponde al que origina la acción de inconstitucionalidad -infracción a disposiciones constitucionales-, sino que se edifica en la ocurrencia de hechos posteriores a la expedición del decreto, ajenos a su normatividad, la pandemia causada por el Covid 19, pretendiendo, contra lo que consagra la Carta Política y el Decreto 2067 de 1991, una novedosa y nueva revisión de los artículos 1 (parcial) y 24 (parcial) del Decreto 588 de 2017, para obtener una “interpretación” sobre el cómputo de los tres años otorgados para su funcionamiento. Extraña, por decir lo menos, que de ser cierto lo considerado por el demandante, la Comisión no hubiera expedido un acto por el cual suspendiera sus labores, con las correspondientes consecuencias salariales y de competencia. Ello no ocurrió. Entonces, puede predicarse que la Corte Constitucional carece de competencia para resolver esa exótica acción, más aún cuando lo que se persigue es una modificación de la sentencia de constitucionalidad, lo que a todas luces resulta jurídica y constitucionalmente inadmisible.
Valga anotar que, si bien los colombianos nos aislamos por la Pandemia, no significó que dejáramos de laborar tanto en las ciudades como en el campo. Ejemplo de ello es que tanto la Fiscalía como la Rama Judicial – en su especialidad penal -, continuaron adelantando las investigaciones y los procesos correspondientes. Se advierte la diversidad de tratamiento para quienes estuvieron involucrados en el conflicto, así para quienes durante años protegieron nuestra patria de las nefastas intenciones de la guerrilla no existen condiciones favorables ni garantías en su juzgamiento.
Es un clamor conocer la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado, a todos nos interesa sanar heridas que no solo afectaron a nuestra patria, sino también a nuestros más íntimos círculos y a cada uno de los colombianos. Sin embargo, debemos aceptar que la verdad no puede conseguirse de cualquier manera, ni utilizando “tinterilladas” para prorrogar lo improrrogable. Séneca dijo “El lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios”
Lea el artículo completo:
https://panampost.com/bernardo-henao-jaramillo/2021/08/23/es-improrrogable-el-termino-de-la-comision-de-la-verdad-en-colombia/
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¿Toda la verdad?
Por José Manuel Acevedo
El Tiempo, Bogotá
https://www.eltiempo.com/
23 de agosto de 2021
La comisión, su utilidad y su contribución real a la paz serán medidas por los colombianos cuando entreguen el informe final y concluyan su mandato, y entonces sabremos si dijeron toda la verdad o solo un pedazo de verdad.
A mí también me pareció valioso el ejercicio de ver al padre Francisco de Roux y a los ‘comisionados de la verdad’ oyendo, cuestionando e interrumpiendo al expresidente Álvaro Uribe hace ocho días. Como ejercicio de catarsis para los unos y para el otro era importante, así no hubieran sido tan inquisitivos con ninguno de los otros expresidentes. Samper pidió que lo oyeran en varias tandas, a Gaviria lo visitaron en su apartamento de manera privada y a Santos solo le podía hacer un par de preguntas De Roux porque el exmandatario pidió que el padre fuera su único interlocutor.
Por supuesto que me gustó ver también a Ingrid Betancourt, en su momento, frente a sus victimarios de las Farc cantándoles la tabla y exigiéndoles reparación real frente a las víctimas. Todo eso está muy bien porque estos encuentros contribuyen ciertamente a que los contrarios se miren a los ojos y se digan lo que tengan que decirse. Pero eso mismo lo pudo haber organizado una universidad, la misma Iglesia católica, una organización respetable, sin necesidad de la parafernalia de una Comisión de la Verdad.
Está claro que merecen la oportunidad de escribir las páginas del conflicto que quieran en sus propias plumas sin que sean descalificados a priori y es cierto que ningún informe, por esforzado que sea, contará con aplausos unánimes y siempre habrá alguien a quien no le guste. El punto es que es difícil no recordar que pudiendo haber sido una comisión pluralista desde sus inicios, se quedaron solo con unos comisionados que piensan de una determinada manera y que tienen una visión de país que es fácil de predecir. Está en sus trinos, está en sus expresiones públicas, está en la posición que asumieron las ONG a las que pertenecieron en el pasado. Claro que era bueno que algunos de ellos conformaran esta comisión, ¿pero por qué todos tenían que hacer parte de la misma corriente ideológica? ¿Por qué todos tenían que tener ese mismo concepto de ‘verdad’ preconcebido y no permitieron una composición más diversa desde el principio?
Cómo olvidar que pudiendo darle siquiera cabida a una persona que no pensara como ellos, desecharon sin razón alguna el nombre del exmagistrado Nilson Pinilla, que ya había hecho parte de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia y había sido presidente de dos instituciones como la Corte Suprema y la Corte Constitucional. ¿Solo servía como credencial para entrar a la Comisión de la Verdad ser columnista de izquierda o “compartir principios con las Farc” o ponderar la sabiduría de ‘Jesús Santrich’, como lo ha manifestado la comisionada Lucía González?
Ese pecado original quedó ahí, sin que la Comisión se haya podido sacudir de esa crítica fundada. Su única y última oportunidad estará en el informe final que escriban, en el que, por cierto, habrá que leer lo que digan de los empresarios del país a quienes, también prejuiciosamente, algunos han metido en el saco de financiadores y auspiciadores de los grupos violentos, cuando la inmensa mayoría lo único que hizo fue resistir y sufrir los embates de una narco-guerrilla y unos paramilitares que los extorsionaban, secuestraban y mataban, como mostró en un completo informe el Instituto de Ciencia Política, precisamente ante la Comisión de la Verdad.
Ojalá la posible prórroga del mandato que están solicitando en la Comisión viniera acompañada de una ampliación de sus miembros en esta recta final para tratar de tener otras voces y otras miradas sobre lo que nos pasó. No se puede pedir que todos quepan en Colombia si desde las instancias encargadas de la reconciliación solo unos caben y otros, no.
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