Dejemos una cosa clara. No existe hoy ningún detenido en Colombia que esté siendo procesado por algo que no es un delito sino un derecho: protestar. De las 658 capturas legalizadas, 683 personas imputadas, 521 escritos de acusación y 50 personas con sentencias condenatorias, a ninguno se le reprocha por arengar, gritar, manifestarse en las calles, ni siquiera por bloquear ciertas vías. Sus procesos tienen que ver con otras conductas que, precisamente, desvirtuaron la auténtica y legítima protesta y la convirtieron en violencia y vandalismo.
Así que el sofisma de que hay unos presos políticos en nuestro país que hay que liberar prontamente no cabe en la discusión. Es más, en cada una de esas decisiones intervino no solo un fiscal, sino, por lo menos, un juez de control de garantías y en algunos otros casos, jueces de conocimiento que han tomado decisiones de fondo. Varias tutelas se presentaron y fueron desestimadas justamente por considerar que las actuaciones que se han tomado han sido todas en derecho y las instancias correspondientes se han respetado.
Dicho esto, es verdad también que el Presidente de la República cuenta con facultades para nombrar gestores de paz a miembros reconocidos de ciertas organizaciones y, con ello, solicitar a los jueces la suspensión de órdenes de captura o medidas de aseguramiento en su contra, con el propósito de contribuir en procesos de convivencia que se estén adelantando por iniciativa de estos grupos y del Gobierno Nacional.
Surgen todo tipo de preguntas: ¿son los 230 candidatos a ser liberados por el Gobierno miembros de una misma organización que responde a unas mismas estructuras? ¿Se trata de una amnistía o indulto disfrazados de salidas temporales de sus centros de reclusión pero, en el fondo, se sabe que todos esos procesos quedarán congelados para siempre? ¿Es consciente el presidente Gustavo Petro de que, al Ejecutivo, se le puede estar yendo la mano y que podría terminar interfiriendo en las decisiones de una rama que ha sido enfática en reclamar, como corresponde, su independencia frente a las demás?
Y, quizás, la pregunta que más nos inquieta a algunos: ¿quedarán libres, bajo esta figura, personas que reconociéndose como parte de esa supuesta organización hayan cometido delitos graves, ni más ni menos, como el secuestro, la tortura y la orden expresa de asesinar policías?
Seguramente el primer mandatario encontrará los incisos, los artículos, los ministros y los abogados perfectos para lograr lo que prometió en campaña y ahora intenta ejecutar desde el Gobierno. El punto es que, más que un problema legal, el hondo desafío que se plantea con la salida de jóvenes presos debe analizarse con lente ético y mirada de futuro como sociedad. ¿Qué mensaje queremos mandar hacia adelante? ¿Cuáles son los límites de una figura que, digámonos la verdad, otros presidentes, como Álvaro Uribe, emplearon en su momento con miembros del Eln o las Farc?
Ojalá haya voces dentro del Gobierno que, por ejemplo, le recomienden al Presidente abstenerse de usar esa figura de ‘gestores de paz’ para darles tal denominación y gabelas a personas como ‘alias 19’ que, probadamente, ultrajaron la dignidad humana e incurrieron en conductas que son delitos aquí y en Cafarnaúm. Ojalá esos mismos consejeros le pidan ser enfático en una cosa: una vez los nuevos ‘gestores’ incurran en la repetición de sus conductas perderán esos beneficios y tendrán que regresar a sus sitios de reclusión. Ojalá el decreto reglamentario y las resoluciones posteriores recojan el principio de separación de poderes y el respeto por la soberanía de la Rama Judicial sin el cual ninguna democracia puede funcionar. Ojalá existan, todavía en Colombia, límites morales y racionales que nos permitan entender que no todo vale.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 5 de diciembre de 2022.
