Miércoles 14 de septiembre. Cuatro turbinas de la hidroeléctrica de El Guavio han tenido que apagarse porque no ha sido posible llegar a hacerles mantenimiento debido a los bloqueos que se mantienen en la vía de acceso a la central desde hace varios días. Miércoles 21 de septiembre. La cancha en la que se lleva a cabo el partido de fútbol entre el Cortuluá y el Cali se vuelve un campo de batalla tomado por varios hinchas violentos que agreden a jugadores y técnicos. Viernes 23 de septiembre. Hay 10 bloqueos en menos de 53 kilómetros en la vía que del departamento de Antioquia lleva hacia la Costa. Más de mil conductores se encuentran represados, y lo peor es que al tiempo que esto ocurre, varios camiones son saqueados y distintos vehículos son vandalizados, mientras la Fuerza Pública no da muestras de aparecer. Ese mismo día, en un aeropuerto, tres o cuatro personas que decían ser defensores de derechos humanos impiden la entrada de los pasajeros a su vuelo, reclamando por cualquier cosa.
Sábado 24 de septiembre. Vuelve y juega: hinchas desatados invaden una cancha en el partido de Valledupar vs. Leones. Entretanto, por estas mismas fechas y en otras anteriores, unas 62 propiedades en el país son invadidas, según las estadísticas del propio Gobierno Nacional. La Defensoría del Pueblo habla de más de 100 predios que presentan perturbaciones. Los derechos a la propiedad privada y al trabajo de miles de personas se han visto seriamente afectados.
El mal ejemplo cunde. Las vías de hecho se imponen. No es protesta legítima. Es falta de control. Falta de autoridad. Falta de mensajes claros de unas autoridades que están alimentando situaciones que se replican en distintos escenarios, desde los más simples hasta los más complejos, sin reparar en el hecho cierto de que cuando no existen límites, ni líneas rojas, la gente se siente autorizada para hacer lo que le dé la gana y la imposición particular de la fuerza o la justicia por mano propia, como suelen llamarle, se vuelve inevitable aunque sea indeseable.
El orden es sustituido por el salvajismo en su estado más peligroso. La Policía y el Ejército son irrespetados por muchos. Lo mismo cuando un agente de tránsito es atacado por requerir a un hombre que no lleva papeles en una ciudad como Bucaramanga o cuando un grupo de soldados patrullan en el Cauca y son expulsados por algunas personas que les hacen el oficio a las estructuras criminales.
Y entonces, cuando la transgresión de la ley se pasa por alto, cuando se mira para otro lado frente a diferentes infracciones o cuando se habla de acogimiento en los momentos más álgidos de asesinatos a miembros de la Fuerza Pública, el mal ejemplo es premiado y las buenas prácticas desdeñadas, sin que exista un solo incentivo para hacer las cosas bien porque al final da igual o, incluso, salen ganando los que lo han hecho todo mal.
¿Es allá hacia donde quieren llevarnos? ¿Son pequeñas guerras civiles en distintos departamentos del país las que se quieren provocar? ¿Puede llamársele a esto que estamos viviendo un Estado social de derecho o vamos reformando ya la Constitución, rompiendo el contrato social y derogando la supremacía de la ley, para hablar de ‘tomas sociales’ o ‘reivindicaciones urgentes’ en vez de decir que lo que está pasando es que se están quebrantando todas las normas sin que nadie haga nada?
“La paz total me preocupa”, dijo la alcaldesa Claudia López en Noticias RCN. Y tiene razón en una cosa: cuando la ‘paz’ se quiere hacer con los que han tenido las oportunidades y las han despreciado y no con la gente que ha esperado pacientemente que el Estado haga algo por ella, esto no funciona bien. El Gobierno está a tiempo de darse cuenta.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 26 de septiembre de 2022.
