Hace unos días, en entrevistas con distintos medios, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, calificó al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) como “unos carteles, unas mafias” que son “expertos en tomarse el control irregular de empresas públicas y privadas” y “un grupo de personas que estaba gobernando Medellín, desde sus escritorios”.

En medio de un proceso de revocatoria del mandato en su contra –hoy en suspenso por el Consejo Nacional Electoral–, el burgomaestre ha optado por integrar en su defensa un peligroso discurso contra los empresarios. Estos señalamientos constituyen no solo un ataque desproporcionado contra un grupo de compañías destacadas por su administración y su compromiso con la sostenibilidad, sino también un torpe intento de estigmatización hacia un motor importante de la economía y el empleo de Antioquia y el país.

Si bien el alcalde Quintero tiene el derecho –y lo viene ejerciendo– a emplear todo el arsenal jurídico, mediático y político que la ley le da para defender su gestión, desplegar este tipo de acusaciones contra el GEA es muy perjudicial para la ciudad y la región. Hasta hace poco, Medellín contaba con un vigoroso tejido empresarial entremezclado con sus instituciones políticas, que se traducía en una dinámica cooperación entre los sectores público y privado.

La administración Quintero tiene la libertad que le dio la victoria en las urnas para rechazar este modelo que impulsó por décadas y de manera exitosa el desarrollo urbano y regional. De hecho, este conglomerado fue un invaluable muro de contención que impidió que la economía antioqueña sucumbiera entera al narcotráfico.

Pero otra cosa muy distinta es entrar con estas declaraciones en el terreno riesgoso de la destrucción de la confianza en instituciones privadas, como las empresas del GEA, que han sido base del bienestar y el crecimiento. Ofensas que no solo agreden a sus accionistas y ejecutivos, sino a sus empleados, proveedores, comunidades y clientes que se tejen en torno a la actividad productiva de estas compañías.

En momentos en que reinan las falsas noticias, el populismo contra las empresas y la retórica de la polarización, los dirigentes políticos, y en especial los gobernantes, cargan sobre sus hombros la inmensa responsabilidad de fortalecer el tejido institucional y proteger el debate público de las agresiones y los extremos. Las empresas, incluyendo a grandes conglomerados como el GEA, son actores sociales y económicos, cuyas acciones y políticas están sujetas al debate y el escrutinio público. No obstante, estas críticas deben darse en medio de las reglas democráticas, con respeto, sin falsedades ni estigmatizaciones, y lejos de las lógicas populistas de creación de ‘enemigos’.

Los mencionados ataques del alcalde de Medellín contra los principales empresarios antioqueños minan una valiosa confianza institucional, construida por décadas en esa región, y destruyen un enriquecido tejido público-privado que pocas capitales en el país pueden preciarse de tener.

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https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 19 de enero de 2022.