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Héctor Hoyos Vélez 

Honorables Magistrados:

No sobra manifestarles la preocupación por los siguientes hechos de la vida nacional, que son de conocimiento público y que ponen en riesgo la estabilidad institucional y la vigencia del Estado de Derecho, para exhortarlos a que la decisión sobre la elección del nuevo Fiscal General de la Nación, garantice en esa entidad, el rigor de la aplicación de la ley y el respeto a la institución de la Justicia y los derechos humanos, de tal manera que la Fiscalía no se convierta en un instrumento de persecución política en nuestro país. Lo anterior ante el ambiente de polarización política y de división de la sociedad propiciado desde el mismo Presidente de la República quien se niega a gobernar representando la unidad de la nación:

El Presidente fue denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por presuntamente violar los topes de financiación de su campaña lo que es sancionado por la Constitución Nacional en su Artículo 109 con la pérdida del cargo.

  • El Presidente fue denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara porque su campaña presuntamente recibió dineros ilícitos, entre otros casos, mediante negociaciones con delincuentes en las cárceles del país.
  • El Presidente en su esfuerzo por aplicar su concepto de paz total, viene controvirtiendo con la institucionalidad propendiendo por la libertad de criminales condenados, financiando delincuentes y cediendo territorios al control de la insurgencia.
  • Varios miembros de su familia y su propio hijo, están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
  • En la oficina de la Presidencia se ejecutaron presuntamente delitos relacionados con dineros en maletas en la casa de la señora jefe de gabinete, escuchas ilegales y uso ilegal de equipos de detección de mentiras que están siendo investigados por la fiscalía, incluso la muerte del Coronel Oscar Dávila.
  • A raíz de todas estas investigaciones el Señor Presidente ha atacado a los funcionarios de la Fiscalía, creando una tensión perjudicial para el funcionamiento de la justicia que requiere todas las garantías para su servicio a la sociedad colombiana y la debida colaboración armónica entre los poderes públicos. Dichos ataques generan desconfianza, desconcierto e intranquilidad en los ciudadanos por cuanto sus afirmaciones pretenden una subordinación de la fiscalía al ejecutivo, alterando el equilibrio de poderes y la vigencia del Estado de Derecho.

Todos estos hechos reflejan unas calidades éticas y morales muy inferiores a las que la dignidad de la Presidencia exige del Jefe de Estado, su comportamiento es provocador y arbitrario, y la sanción si se comprueba la violación de topes, es la pérdida del cargo, por lo cual la legitimidad y digna representación del Presidente están en entredicho, al estar sujetas al resultado de serias investigaciones. En resumen, vivimos un tiempo de una muy frágil institucionalidad inducida por la actitud del Señor Presidente frente a la ley, la Constitución y el Estado de Derecho.

Nuestra tradición republicana descansa en la fortaleza y autonomía de las instituciones del Estado y la Honorable Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental de la democracia, de la libertad y de la confianza en las instituciones.

Héctor Hoyos Vélez

2 de diciembre de 2023

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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