De entrada, la delegación del Centro Democrático no asumió la vocería de toda la oposición -fue, como corresponde, respetuosa de todos los matices de ese espectro político- y dijo antes del encuentro que la reunión no era para llegar a acuerdos; y al finalizar, afirmó que no se había dado una negociación, sino un debate franco y amplio en el que rechazaron el proyecto de la reforma de la salud porque estatiza el servicio de salud, eliminando las EPS, que lograron un cubrimiento del 97% de la población, mediante el procedimiento de eliminar las privadas, que son prenda de garantía de competencia y accesibilidad, concentrándolas en una sola entidad pública, con todas las consecuencias negativas que eso tiene.
Estas declaraciones desarmaron los espíritus de (casi) todos aquellos que pensaban que Uribe y su partido iban a darle un aire a Petro. Hablar no es, en política, necesariamente, negociar y acordar; aunque hay que decir que una y otra son parte de las reglas de juego político: hablar puede producir una negociación y obtener un acuerdo si se dan las condiciones tácticas y estratégicas para coincidir en temas que competen a las partes. Pero ese no fue el caso.
Si después de presentar los puntos de vista del Centro Democrático, Petro y su equipo hubiesen demostrado algún interés en modificar su posición en los temas centrales de la reforma, lo que hubiese ocurrido es que gobierno y oposición hubiesen llevado al mundo político y a la sociedad civil la posibilidad de acordar con ellos un(os) mecanismo(s) incluyente(s) para negociar y obtener un consenso nacional al respecto. Pero nadie se hacía ilusiones: lo que quedó demostrado es que este gobierno se cierra a cualquier posibilidad de acuerdo que no sea sobre la base de la aceptación total de sus puntos de vista. Y esto se aplica a todos los temas que concitan el interés político y cívico.
La manera como se concibió y se desarrolló, por parte del Centro Democrático, el episodio del “tinto”, fue una muestra de lo que ha de entenderse por oposición racional, que es aquella que apela a los argumentos de cara al gobierno y a los ciudadanos para defender sus puntos de vista, en el marco de los escenarios que permite la democracia; pero, por supuesto, no elimina, sino que refuerza otras acciones de la oposición, según cómo evolucione el contexto político del país. Porque hablar no significa suspender o renunciar a otras acciones ante el ejercicio excluyente y despótico del gobierno, como el apoyo e impulso a marchas, paros y huelgas nacionales, desobediencia civil, control político al gobierno y utilización de todos los recursos legales en el congreso y en el sistema judicial para evitar que reformas lesivas o leyes que aclimaten la dictadura se aprueben. Esa es una actitud muy distinta a la ejercida por Petro durante tantos años, que solo buscaba a punta de mentiras y calumnias desacreditar al gobierno para crear las condiciones de desisnstituciolalizar el país. La gente, que no es tonta, toma nota de la diferencia de estilos.
Dicho lo anterior, debemos estar preparados porque ahora se nos viene es una avalancha de desafíos. Habrá, además del trámite de las reformas ya propuestas, un intento de cambiar el periodo presidencial. Además, muy al estilo venezolano, nicaragüense y cubano, el gobierno comenzará a cursar iniciativa del senador Iván Cepeda, un proyecto de ley que criminaliza la oposición a los procesos de paz impulsados por el gobierno, que quiere amordazar la prensa y encarcelar a los que se manifiesten en contra de esos procesos. Los dientes del lobo asoman.
Por otra parte, el intento de toma al poder judicial avanza con el asalto a la Fiscalía, para garantizar la impunidad de los nicolases, las lauras, etc. Y progresa la imposición de una Fiscalía petrista cercana al ministro de defensa -con maniobras inconfesables para intentar vincular al narcotráfico a la Vice fiscal Martha Mancera, para evitar que sea fiscal provisional-, que se convertirá en el aquelarre que perseguirá a los opositores. Y se expresa en la crítica continua a los fallos judiciales, como el de la Corte Constitucional que tumbó la prohibición de la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables; o con la crítica de Petro al fallo proferido en Santa Marta, por el Tribunal Superior de esa ciudad, que tumbó la tutela del candidato caycedista, impuesto por fuera de la ley.
El cuidado de nuestro sistema de justicia para que mantenga su independencia es crucial el próximo año, si queremos preservar nuestro estado de derecho. Más, cuando están próximos a vencerse los periodos de varios magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional y su cooptación por el régimen petrista sería un golpe demoledor a aquel.
Hablar y actuar según las circunstancias. Esa es la lección. Y, después de estos comicios de octubre, hablar no sólo con el ejecutivo. También hay que hablar los demás sectores de la oposición, los independientes, las organizaciones civiles, para lograr un frente común para ganar en voz y poder político, defender el estado de derecho y la independencia de los poderes y frenar las iniciativas que aclimaten la persecución y evitar la avalancha de leyes en contra del país y prepararse para ganar las elecciones del 2026.
