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Héctor Hoyos Vélez 

Los acontecimientos recientes en Los Pozos donde por orden presidencial, por demás ilegal y en contra de la Constitución de la República, que le ordena: “ARTICULO 2°.Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vidahonrabienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, significan nada más ni nada menos que la subordinación del Estado al poder terrorista de las Farc en ese territorio. Allí, la fuerza pública tiene prohibido hacer operaciones contra ese grupo narco terrorista, camuflado desde el mismo Ministerio del Interior, como guardia campesina.

Por otra parte, en el Bajo Cauca, grupos delincuenciales con quienes el gobierno quería negociar una paz, han bloqueado la carretera a la Costa Atlántica por varias semanas, hasta lograr que el Presidente les declare la “guerra”, es decir que con ellos sí se debe ejercer la autoridad del Estado pero no se ejerce autoridad con sus amigos guerrilleros que secuestraron 70 policías y asesinaron uno de ellos.

El dibujo de la situación de orden público se entiende de esta manera; mientras la fuerza pública bajo las ordenes presidenciales se retira del escenario de influencia terrorista por orden presidencial, sus amigos narco terroristas tienen las garantías del gobierno para dominar territorios y crecer su fortaleza e influencia en todo el territorio nacional, pero los otros grupos narco criminales que actúan sin ideología pero empoderados por la riqueza narcotraficante en defensa de sus privilegios como extorsionistas y negociantes de droga, van a tener la persecución del Estado.

Pero el problema no son unos y otros grupos, sino la parcialidad del gobierno en favor de unos y en contra de otros, delincuentes todos, porque ejerce autoridad selectivamente sobre unos grupos ilegales en favor de otros. La autoridad está parcializada en favor de quienes le sirven en determinado momento. ¿Cuál momento? Veamos.

El Presidente es un criminal político de origen guerrillero, en armas contra el Estado colombiano y contra su Constitución de pueblo libre, su simpatía con los alzados en armas contra el Estado que él dice representar lo lleva a protegerlos con algún fin, no propiamente de paz total sino de imponer un Estado socialista en Colombia.

El Presidente está aliado con el gobierno de Venezuela enemigo del Estado colombiano, definido bajo su Constitución como pueblo libre, por cuanto protege narco terroristas comunistas colombianos en su territorio, y cuyo fin con su alianza con Cuba y otros países comunistas, es la expansión del comunismo en toda América Latina incluyendo Colombia. Es claro que el Presidente Constitucional de Colombia es enemigo del Estado colombiano y se alía con los enemigos del Estado colombiano internos y externos para someter a Colombia.

El negocio de la producción de narcóticos en el campo, está siendo instrumentalizado para que los campesinos que cultivan sean sus aliados en los territorios productores. En la medida en que este gobierno impide la erradicación, crecen los cultivos, crece el negocio de la droga y las guerrillas se fortalecen. No hay duda de que es un propósito de este gobierno.

Es evidente que el gobierno de Venezuela es una fortaleza narcotraficante, de modo que ambos gobiernos están identificados en la utilización del narcotráfico para asegurar el poder.

Concluimos entonces que el guerrillero Petro está fortaleciendo clandestinamente las huestes guerrilleras para asaltar a Colombia e imponer el comunismo que no está logrando por las vías democráticas, para eso fortalece la insurrección “desde el balcón” y llamando a sus primeras líneas terroristas a la calle el próximo 1º de mayo.

Pero qué tan fácil le resulte el plan no es tan claro. Han identificado al Clan del Golfo o como se denominan Autodefensas campesinas gaitanistas, como sus enemigos y para esa guerra sí van a utilizar la fuerza pública lo que para el pueblo raso que es quien sufre la violencia en los territorios, significará tomar partido por unos u otros y en el ambiente contra la empresa privada campesina, ganadera y minera significará otra incipiente guerra civil, y para los colombianos en general un soterrado apoyo a unos u otros, y el tamaño de esas “guerrillas de derecha” seguirá creciendo.

El pueblo civilizado de Colombia queda en espera y procurando que la institucionalidad colombiana llegue a manos de un estadista. Eso fue lo que ocurrió cuando llegó Alvaro Uribe a la Presidencia, a poner orden. La pregunta es si de este lado se pueda lograr o si del otro con el poder que le otorga el Estado, lo logren primero. En la defensa de la institucionalidad y el orden público son los empresarios, quienes necesitan unas instituciones fuertes para su desempeño, los que están llamados a rescatar a Colombia apoyando a las fuerzas políticas de oposición.

Estamos muy mal y la situación tiene un carácter internacional en el que así como este gobierno quiere que Cuba y Venezuela sean protagonistas del curso de los acontecimientos de nuestra historia, la sociedad civil colombiana, anhela la ayuda de los Estados Unidos para recuperar la estabilidad, la armonía y el imperio de la ley, tanto por los intereses norteamericanos en nuestro país como por su política nacional anti narcóticos, y con seguridad ese país estará muy interesado en apoyar la unidad de Colombia contra el comunismo parroquial que no tiene escrúpulos de detentar el poder aliado con el narcotráfico y la delincuencia para establecerse definitivamente.

El Presidente nos conduce a otra guerra y la va a tener.

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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