Una de dos: o Petro redactó eso sin darse cuenta del alcance de lo que decía, o cree que él goza de una inmunidad plena que lo protegerá de toda acción acusatoria prevista por los artículos 174 y 178 de la Constitución Nacional, por ser, como él dijo, el “comandante en jefe de las Fuerzas Militares”.  Antes de ir más lejos, una observación: la segunda frase de Petro es imprecisa. La Constitución dice que, en Colombia, el presidente de la República es el “comandante supremo de las Fuerzas Armadas”, lo que es otra cosa, pues el concepto de “fuerzas armadas” es más amplio que el de “fuerzas militares”. Las Fuerzas Armadas son, en Colombia, el ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía nacional (esta última es “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, no militar).

Ahora el punto. Petro dice ser el responsable “único” de lo que ocurrió en Los Pozos, el 2 de marzo pasado. En ese lugar una serie de crímenes fueron cometidos contra la fuerza pública, contra civiles y contra Emerald Energy, una empresa petrolera. Los colombianos no estamos dispuestos a olvidar ese grave episodio. Si en Colombia queda una sombra de Estado de Derecho, la justicia debe investigar y castigar tanto a los autores materiales como a los instigadores, sean quienes sean, de esa tragedia.

El subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, de la Policía Nacional, fue capturado y degollado ese día por una milicia de extrema izquierda que se disfrazó de “guardia campesina” para cometer con alevosía y disimulo esa atrocidad. En ese mismo día un miembro de esa banda perdió la vida en condiciones aun no elucidadas. No fue todo. El grupo de policías, 79 en total, del que hacía parte Ricardo Monroy, fueron atacados, desarmados, secuestrados y sometidos a vejámenes y torturas durante 34 horas. La “guardia campesina” se los llevó luego en un camión y anunció que iba a degollarlos a todos, como habían hecho con Monroy a quien dejaron tirado en un potrero durante horas sin auxilio médico hasta que murió. 

Si el presidente Petro es el “único responsable” del desamparo de esos policías, como el mismo lo proclama, su confesión abre una crisis institucional que no podría terminar sino con la pérdida de investidura de Petro. ¿O, por el contrario, la confesión de Petro fue lanzada como una burla y una advertencia para que las autoridades abandonen sus investigaciones?

Petro deforma lo que ocurrió en Los Pozos. Dijo que su orden de dejar sin apoyo a los policías buscaba impedir que éstos “masacraran a los manifestantes” y a unos “niños”. Pero en Los Pozos, ese día, no hubo niños ni manifestantes. Hubo una milicia armada con machetes, revólveres, puñales y garrotes que obligó a cerca de 600 indígenas a sumarse a ellos para que asumieran parte de la culpa por la matanza que habían premeditado contra los funcionarios que protegían la amenazada empresa petrolera china. Gracias a tal ardid, la falsa “guardia campesina”, dirigida según varios analistas por las FARC, desarmó y secuestró a los 79 policías que habían sido despachados por el gobierno a ese lugar. ¿Para qué sufrieran la emboscada y los vejámenes?  Sin embargo, mediante un cambiazo de lenguaje, Petro transformó a los matones en “niños” y en “población civil” y a sus víctimas en “masacradores”. Y, para rematar, extendió su artimaña de confusión a los jueces. En un Twitter, gesticuló que él no quiere “jueces que presionen que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos, o se masacre a los manifestantes”. ¿Petro ignora que el jefe del poder ejecutivo no puede darles órdenes a los jueces de abrir, obstruir y archivar una investigación?

Cuando la Justicia Penal Militar quiso capturar al coronel Javier Castro, comandante de la Policía de Caquetá que no hizo nada para salvar la vida de Ricardo Monroy y dejó sin apoyo a los policías y civiles secuestrados, el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, reveló otros aspectos de la brutal jornada. Dijo que Alfonso Prada, ministro del Interior, presente en ese escenario de muerte, había aceptado convertirse en rehén de la “guardia campesina” para que ésta no decapitara a los 78 policías. Fue entonces cuando Petro saltó a la palestra: el 24 de marzo sentenció que el coronel Castro no debía ser investigado, pues el, Petro, había ordenado no mover un dedo para rescatar a los policías a pesar de que los asaltantes ya habían degollado a uno de ellos.

¿Por qué Petro no quiere que el coronel Castro detalle lo que pasó en Los Pozos? “Respondo ante el juez militar que juzga a mi jefe de policía en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil”, argumentó Petro. Y remató: “Mis tropas jamás bombardearán niños”. Dejo que otros reflexionen sobre el doble error que hay en la fórmula “mis tropas” y que expliquen si ese no es el lenguaje típico de los tiranos. En todo caso concluyo: Petro es un presidente de la República que no ve la diferencia entre un niño y un adulto armado que secuestra y asesina policías. Petro es un jefe de Estado que tuerce los hechos para maquillar una falta personal que le costó la vida a un policía y que habría podido costarles la vida a 78 policías más.

El otro aspecto que compromete a Petro, revelado a Noticias Caracol por el general Sanabria, es este: “Prácticamente el señor ministro del Interior se canjeó por los policías y hubo momentos de tensión”. De gran tensión, en efecto: la banda armada había advertido que daría muerte a los 78 policías si el gobierno trataba de rescatarlos. La liberación de éstos fue pues el resultado de ese canje. De esa voluntad del ministro de servir de rehén hay testigos: Iván Velásquez, ministro de Defensa y Danilo Rueda, comisionado de paz, un admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez. Los dos funcionarios de Petro escucharon lo que les dijo Prada, antes de que los secuestrados iniciaran el regreso a Bogotá: “Yo me quedo aquí para que ustedes puedan salir”.

La descripción hecha por el general Sanabria evaporó la versión surrealista dada por el ministro Prada, en el sentido de que en Los Pozos no hubo matanza, ni incendios, ni secuestro masivo de policías sino un loable “cerco humanitario”. Como ello descoloca a Petro, sobre todo ante organismos internacionales, Prada y Velásquez corrieron a desautorizar al general Sanabria. “No estuve secuestrado (...) Yo podía ir a la tienda a comprar lo que quisiera”, objetó Prada. “El general Sanabria está confundido”, estimó Velásquez. Tales explicaciones son ridículas.

El esfuerzo consistente en ocultar lo ocurrido en Los Pozos deja ver la estrategia que mueve todos esos hilos: impedir que la justicia sepa quien protege a los asesinos y secuestradores de policías y que aquellos sean capturados y enjuiciados. Pues la nueva doctrina es que la fuerza pública debe acostumbrarse a ser humillada, desarmada y desfinanciada. El nuevo modelo de Estado que construyen Petro y su camarilla exige que la fuerza pública sea vista como un actor criminal. Debe ser maniatada y expuesta a las peores salvajadas. Ella no tendrá derecho a protegerse ni a proteger a la población. En días pasados, el fiscal general Francisco Barbosa informó que las FARC están carnetizando a la población de Caquetá para controlar las entradas y salidas de los pueblos. ¿Y qué hace el gobierno contra eso? Nada. El orden público debe quedar en manos de milicianos con patente, disfrazados de “guardias indígenas” y “guardias campesinas”, dos prototipos ya en plena ocupación del espacio rural. Pronto aparecerán en las ciudades otras “guardias”: las “guardias obreras”, las “guardias sindicales”, las “guardias estudiantiles”, las “guardias barriales”, las “guardias comunales”, etc.

Así Colombia será transformada en un eslabón del mal. El nuevo Estado “potencia de vida”, tendrá por tarea no combatir el narcotráfico y su civilización de terror. ¿Exageración? ¿Difamación? No. Es eso lo que acaba de recomendarle, violando la Convención de Viena, al presidente Manuel López Obrador el nuevo y cuestionado embajador de Colombia en México, Álvaro Ninco Daza. “Colombia viene de tirar la toalla y de someterse a esos grupos a través de gobiernos que coadyuvaron al narcoestado. México también [debe someterse]” dijo. Daza reiteró: México debe dialogar con los carteles pues “no hay otra opción”. Ante el escándalo que eso desató, López Obrador rechazó, de dientes para afuera, la doctrina de “paz total” de su amigo Petro.

En Colombia, donde las noticias sobre las perversas decisiones de Petro borran las noticias anteriores sobre lo mismo, lo de Los Pozos quedó en un limbo. Pocos congresistas se han dignado abrir la boca sobre ese tema como si no fuera algo de su competencia. ¿Hacia dónde nos llevan tales actitudes? El jurista Javier Tamayo Jaramillo lo ve claro: “De secuestro en secuestro, nuestras fuerzas armadas desaparecerán para ser remplazadas por un ejército adoctrinado que nos convertirá en una mueca de lo que hoy son Cuba, Venezuela y Nicaragua”.