Si el acuerdo con los ganaderos para la compra de tres millones de hectáreas con títulos legales finalmente es firmado por Petro, hay que decir que es un paso en la dirección correcta. Una reforma agraria que no violente los derechos de los propietarios legítimos y que, en consecuencia pueda poner fin a las invasiones promovidas por declaraciones altisonantes de ciertos funcionarios del gobierno, o por sus peones en el congreso o en los “territorios” como graciosa y machaconamente repiten unos y otros; o por las mafias y grupos narcotraficantes de todas las denominaciones en busca de tierra para cultivar coca con destino al tráfico de cocaína; o de políticos en campaña ganando indulgencias para las próximas elecciones regionales y locales.
Lo que sigue definirá el éxito o el fracaso de este ensayo es que le cumplan a los propietarios: que las parcelas estén acompañadas de planes cumplibles y monitoreables: que los nuevos propietarios tengan la asesoría y el apoyo económico necesarios para hacer sus tierras rentables y no simples parcelas de pan coger; que se entreguen créditos baratos, etc.; pero, sobre todo, que se evite que los adjudicatarios caigan en manos de las mafias que los están rondando. Como sea, repito, si el gobierno cumple el compromiso con los propietarios y detiene la invasión ilegal y violenta de predios, y les cumple a los campesinos pobres, entregándoles lo que necesitan para que el sueño no se convierta en pesadilla, es un importante punto que hay que reconocerle.
Ahora bien, es eventualmente catastrófica la práctica del gobierno de buscar a toda costa que los violentos que transgreden consuetudinariamente el derecho internacional humanitario -sean guerrilleros, autodefensas o mafiosos sin casaca política; o aquellos que se disfrazan de ciudadanos que participan legítimamente en la llamada protesta social- sean perdonados judicialmente o sus penas sean minimizadas hasta hacerlas ridículas y ofensivas con aquellos que respetan la ley.
En una de las últimas de esas declaraciones y propuestas, el ministro de justicia, señor Osuna, no tuvo inconveniente en defender que no es terrorista ni se puede, en consecuencia, imputar cargos por terrorismo quien comete ese tipo de acto en una protesta: “Consideramos eso inadecuado. Unas personas que salen a protestar y cometen unos desmanes deben ser castigadas por esos desmanes, por haber destruido una estación de buses, por haber incendiado una casa. Por supuesto, si mataron una persona también. Es evidente. Pero no son un grupo terrorista, ni son una banda armada, son personas que han salido a protestar, que están indignadas, que están furiosas por lo que está pasando. Tienen el derecho a estar furiosas y a expresarlo” (semana.com, 07.10.2022).
O sea, que quien está furioso tiene derecho de matar, quemar, etc., para expresar su ira. Y que las víctimas inocentes se aguanten y la justicia no opera como debe ser. Y tampoco dijo que esas personas se presentan coordinadamente en movimientos reconocidos de carácter clandestino, con mandos a quienes obedecen con disciplina militar y entrenamiento previo, con objetivos previamente diseñados por los jefes y usando fuerza letal para matar o herir policías y civiles, destruir instalaciones policiales , bloquear violentamente de manera provocada infraestructuras económicas estratégicas, paralizar la movilidad equipamiento urbano y causar pánico y terror en la ciudadanía. Es decir, que practican el terrorismo. La sabiduría popular dice que, si un ave parece un pato, nada como un pato, camina como un pato y grazna como un pato, es un pato; entonces, quien actúa como terrorista, es un terrorista y merece el castigo que el código penal determina para ese delito.
Si el ministro se sale con la suya, la violencia letal y el terror se enseñorearán de nuestras ciudades y nuestros campos, ejecutada por ciudadanos “furiosos” perfectamente organizados.
Y qué tal la falsa prédica ambientalista de Petro y su equipo del ministerio de minas, que ha llegado a extremos de locura. Y no lo digo yo, lo dice el exsenador Jorge Robledo, del partido de izquierda Dignidad, que para nada puede ser acusado de neoliberal:
“Irresponsabilidad y abuso de poder de Gustavo Petro, muy dañino para Colombia, que en nada favorece el ambiente. Descarada demagogia ambientalista, andan promoviendo importar gas por Buenaventura incapaces de sustentar su teoría absurda”, apuntó Robledo desde su cuenta de Twitter. El exsenador agregó que “no están solo contra el gas, también están contra el petróleo y contra buscarlos y producirlos” (www.semana.com 08.09.2022).
El absurdo total: mientras Noruega -que nos lleva años de riqueza y distribución equitativa, tiene como fuente principal de ingresos la explotación de hidrocarburos de la manera más limpia posible, con la que ha acumulado ahorros incluso para las generaciones por venir - consciente de que se acerca el abandono de los combustibles fósiles- decidió acelerar sus planes de extracción, aquí un personaje haciéndole la segunda a la ministra Vélez, dijo que no habría más exploración de petróleo y gas. Y como si fuera poco, agredió con la soberbia que esas personas se gastan, a los periodistas que le pidieron que explicara sus declaraciones, con la famosa expresión “Qué parte de esa frase no han entendido”. Y esto, mientras cuecen la compra de gas y petróleos a Venezuela, habiendo en el país suficientes reservas del primero, y con toda probabilidad del segundo. Porque el ambientalismo del gobierno lo que disfraza es la afinidad política con el régimen dictatorial.
Y, por último -porque no me voy a referir hoy, pero lo haré próximamente, a la famosa reforma tributaria que nos ahorcará- no puedo dejar de mencionar la lógica del doble rasero en la moral de este gobierno: como informa El Colombiano (www.elcolombiano.com, 03.09.2022) se adquirió un televisor de 85 pulgadas por 27 millones de pesos. “En la lista de compras, que es de carácter público, aparecen también otros artículos como una cubierta vitrocerámica eléctrica de $7,3 millones; dos licuadoras por $1,8 millones; tres planchas de ropa por $754.400 cada una, calentadores de $2,7 millones, una vaporera de $463.600 y un sartén antideslizante de $399.900. Además, hay otros elementos como juegos de cama de 300 hilos por $2,5 millones, cobertores de la misma calidad por $3,2 millones y un plumón de tela de microfibra de casi $1 millón; cuatro fundas de almohada que juntas le valieron al Estado $2,5 millones, igual número de cobertores para las camas por $11,5 millones y otro combo de cuatro cojines por $2,5 millones”.
Eso sí que es vivir sabroso con los dineros públicos, despilfarrando mientras se prepara el asalto de la reforma tributaria. Y no es una cosa de poca monta, como dice el senador Cepeda; es una de fondo, porque no se le puede exigir a los demás lo que uno no está dispuesto a hacer. Yo no comparto nada doctrinariamente hablando con los viejos revolucionarios como Lenin, Stalin o Mao Tsetung, pero ellos al menos vivían modestamente. Nunca hubieran justificado los lujos ofensivos para los pobres que dicen defender, argumentando que eran para el personal del servicio.
